CASACION - CAPITALIZACION DE INTERESES -
CAMARGO RAUL ADAN C/ PREVENCIÓN A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL - RECURSO DE CASACIÓN
Resumen
La Cámara se contradijo al declarar la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2 de la Ley 27.348 y, a la vez, reconocer como obligatoria la doctrina "Suárez" (tasa activa incrementada en un 50%). La capitalización del inc. b) presupone una obligación dineraria líquida, y aquí el crédito era una deuda de valor. La capitalización no fue solicitada por la parte, por lo que se violó el principio de congruencia (CSJN, "Zampelunghe", Fallos 348:1516). La Cámara ordenó además capitalizaciones sucesivas, fuera de las excepciones previstas por la norma.
Texto completo
En la Provincia de San Luis, a veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L'HUILLIER, EDUARDO SEGUNDO ALLENDE, VÍCTOR MANUEL ENDEIZA y ANDREA CAROLINA MONTE RISO – Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA-, para dictar sentencia en los autos: "CAMARGO RAUL ADAN C/ PREVENCIÓN A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL -RECURSO DE CASACIÓN-" – IURIX EXP N° 359014/20. Conforme al sorteo practicado oportunamente, con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Dres. ANDREA CAROLINA MONTE RISO, JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L'HUILLIER, VÍCTOR MANUEL ENDEIZA y EDUARDO SEGUNDO ALLENDE. Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal son: I) ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación? II) ¿Existe en el fallo recurrido alguna de las causales enumeradas en el art. 287 del CPCC? III) En caso afirmativo de la cuestión anterior, ¿cuál es la ley a aplicarse, la interpretación que debe hacerse del caso en estudio, o la jurisprudencia contradictoria a unificar? IV) ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? V) ¿Cuál sobre las costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO dijo: 1) Que en fecha 04/09/2025, la apoderada de la parte demandada interpuso recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva N° 386/2025 SL2, de fecha 26/08/2025 y que fuera dictada por la Sala Laboral N° 2 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial, por considerar que se configuran en autos los supuestos previstos en los incisos a) y b) del art. 287 del CPCC. 2) Que en fecha 18/09/2025 acompañó los fundamentos del recurso. 3) Que ordenado el traslado de rigor en fecha 30/09/2025 la contraria contestó el mismo. 4) Que, en fecha, 07/04/2026 emitió su dictamen el Sr. Procurador General, donde se pronunció por el rechazo del recurso. 5) Que, en primer lugar, corresponde determinar si se ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas por los artículos 286 y siguientes del CPCC, a los efectos de la admisión del recurso en estudio. Así se advierte que, el recurso intentado ha sido interpuesto en término, que se ataca una sentencia definitiva dictada por la Sala Laboral N° 2 de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial y que el recurrente ha dado cumplimiento al pago del depósito exigido por el artículo 290 del CPCC (actuación 28457491 de fecha 05/09/2025), por lo que puede considerarse, en mérito a lo dispuesto por el artículo 301, inciso "a", del CPCC que el recurso articulado deviene formalmente procedente. - Por lo expuesto, VOTO a esta PRIMERA CUESTIÓN por la AFIRMATIVA. Los Señores Ministros, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L'HUILLIER, VÍCTOR MANUEL ENDEIZA y EDUARDO SEGUNDO ALLENDE comparten lo expresado por la Sra. Ministro, Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTIÓN. A LA SEGUNDA y TERCERA CUESTIÓN, la Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO dijo: 1) Que, al fundar el recurso, la demandada invocó las causales previstas en el art. 287 incs. a) y b) del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto, según sostuvo, la sentencia incurrió en una errónea aplicación e interpretación de la ley. En primer lugar cuestionó la confirmación de una incapacidad del 25% derivada de una patología en la columna lumbar, argumentando que el perito médico judicial diagnosticó inicialmente lumbociatalgia crónica y que el baremo fija, para tal patología, un porcentaje máximo de incapacidad del 10%. No obstante, al momento de fijar la incapacidad, modificó arbitrariamente el diagnóstico al de "hernia de disco operada" para alcanzar dicho 25%. Señaló que no existe en la causa constancia de cirugía alguna, protocolo quirúrgico o estudio de resonancia magnética que avale la presencia de una hernia. Invocó jurisprudencia obligatoria de este Superior Tribunal, señalando que el Baremo (Decreto 659/96) impone un tope máximo del 10% para la lumbociatalgia postraumática con alteraciones clínicas y radiográficas. Afirmó, en consecuencia, que el exceso del porcentaje otorgado carece de asidero normativo. En segundo lugar, se agravió por la incorrecta determinación del monto indemnizatorio por indebida aplicación del piso mínimo. Expresó que se incurrió en un cálculo absurdo del monto de condena al fijar un piso mínimo de $9.376.883,52 frente a un capital de fórmula legal estimado en $1.888.877,28. Explicó que, según la Nota SRT SCE-2727/19 aplicable al período de la Primera Manifestación Invalidante (PMI), el piso mínimo para una incapacidad total del 100% ascendía a $2.049.647. En consecuencia, correspondía multiplicar dicha base por el porcentaje real de incapacidad (28,25%), arrojando un piso mínimo proporcional de $579.025,27. Señaló que el tribunal aplicó el valor total del piso sin realizar la multiplicación debida por el coeficiente de incapacidad, lo que torna al fallo en este punto arbitrario e injustificado. En tercer lugar, cuestionó la tasa de interés aplicable y vigencia del DNU 669/19. Se agravió por cuanto el tribunal de grado aplicó de manera superpuesta dos regímenes de actualización distintos. Detalló que el siniestro tuvo su PMI el 04/06/2019, época bajo la cual se encontraba plenamente vigente el DNU 669/19 (que sustituyó el art. 12 de la LRT), cuya constitucionalidad no fue declarada inválida por la Cámara. Sin embargo, de modo contradictorio, la sentencia declaró la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 2) de la Ley 27.348 y aplicó de forma concurrente la Tasa Activa del Banco Nación (TABN) incrementada en un 50%. Sostuvo que es ilegal aplicar de manera simultánea la variación del índice RIPTE según el DNU y la tasa TABN incrementada para un mismo período temporal, lo que deviene en una duplicación de accesorios y un consecuente enriquecimiento sin causa. Por último, cuestionó la capitalización de intereses bajo las previsiones del art. 770 inc. b) del CCyCN. Sostuvo que la regla general del ordenamiento prohíbe el anatocismo y que la excepción del inciso b) requiere que se demande judicialmente una obligación de dar una suma de dinero líquida y determinada. Agregó que en los reclamos de índole laboral se persiguen deudas de valor ilíquidas e inciertas que recién adquieren fijeza con el dictado de la sentencia. Manifestó que su parte desconocía el reclamo privado del actor antes de ser notificada de la demanda, por lo que resultaba materialmente imposible que existiera mora previa. Concluyó que la única capitalización viable en este tipo de procesos es la regulada en el inciso c) del artículo 770 del CCyCN, la cual procede exclusivamente cuando la obligación se liquida judicialmente, el juez ordena el pago y el deudor incurre en mora luego de ser debidamente intimado, supuestos que no han acaecido en la especie. Finalmente, formuló reserva del caso federal con el objeto de salvaguardar la primacía constitucional y el acceso a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando una vulneración flagrante a los derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso de su mandante. 2) Que, en fecha 30/09/2025, la parte actora contestó el traslado del recurso y solicitó su rechazo por considerarlo carente de sustento. En ajustada síntesis, sostuvo que de los agravios expuestos por la recurrente no surge bien detallado cual ha sido la normativa erróneamente interpretada y/o mal aplicada, y que solo es un parafraseo procesal que no puede ser motivo del presente. 3) Que en fecha 07/04/2026 emitió su dictamen el Señor Procurador General donde sostuvo: "… en esta instancia advierto que es motivo de improcedencia de la casación en este caso concreto, la ausencia de las causales prescriptas en el art. 287 del CPCyCSL, no advierto errónea interpretación y/o aplicación de normativa, ni error jurídico que se le atribuye a la sentencia. En esta inteligencia la impugnación recursiva no puede prosperar y corresponde el rechazo de la misma." 4) Que, así planteada la cuestión traída a resolver, ante todo, corresponde recordar que el recurso de casación constituye una vía de impugnación de carácter extraordinario, de naturaleza restringida, cuya habilitación exige el cumplimiento riguroso de recaudos formales y sustanciales, incumbiendo exclusivamente al recurrente la carga de demostrar el equívoco que imputa al decisorio y los errores de derecho que atribuye al pronunciamiento, pues no cabe que la Corte supla por inferencias la adecuada fundamentación (suficiencia técnica) que debe sustentar al recurso extraordinario. (cfr. De Santo Víctor, Tratado de los recursos. Recursos Extraordinario, t. II, p. 585). En este orden de ideas, se ha señalado que para habilitar la limitada competencia del Tribunal casatorio, resulta insoslayable que el recurrente desarrolle y argumente las razones que justifican la admisibilidad del recurso, siendo necesario que el discurrir recursivo se relacione de manera directa con el motivo casatorio propuesto (cfr. Gonzales Castro Manuel Antonio, Recurso de Casación, Ed. Nuevo Enfoque, p. 314). En concordancia con ello, el Superior Tribunal ha sostenido que: "la fundamentación del recurso de casación por alguna de las causales establecidas en el art. 287 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis exige la efectiva demostración del error jurídico que se le atribuye a la sentencia cuestionada". (S.D. Nº 008/25 "NÚÑEZ PAULINO TOMAS C/ FRIGORÍFICO CHESSI Y OTROS S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL- RECURSO DE CASACIÓN" – IURIX EXP 223251/11, del 07/02/2025; S.D. Nº 213/25 "BERON CRISTIAN NELSON C/ ROLDAN TOMAS MARCELO Y OTROS S/ COBRO DE PESOS – LABORAL RECURSO DE CASACIÓN" - IURIX EXP Nº 307283/17, del 17/12/2025; S.D. Nº 162/25 "AGUILERA OSCAR GABRIEL c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL -RECURSO DE CASACIÓN-" –IURIX EXP N° 333107/18, del 23/09/2025). Asimismo, que: "…la procedencia del recurso de casación no solo exige la existencia de una causal sino también la adecuada explicitación de la misma, siendo menester que el recurrente impugne los fundamentos de la sentencia demostrando, de manera clara y concreta, cual es el error in iudicando reprochado y en qué consiste la violación legal que se denuncia". (cfr. S.D. Nº 050/26 "RAMIREZ ARIEL EUGENIO C/ GIORGIS MARCOS SALVADOR S/ COBRO DE PESOS - LABORAL -RECURSO DE CASACIÓN." – IURIX EXP N° 367917/21, del 25/03/2026). 5) Demarcado el objeto casatorio y confrontado con el recurso en estudio, se advierte que el mismo resulta parcialmente procedente. Ello en base a las consideraciones que a continuación se exponen. Con relación al primer agravio, referido a la errónea aplicación e interpretación del baremo, se advierte que la argumentación de la recurrente, en los términos en los que ha sido planteada, no logra demostrar, de modo claro y concluyente, la existencia de un error de derecho que justifique la procedencia del recurso de casación. Sus cuestionamientos se dirigen a atacar a la pericia efectuada, en cuanto a la técnica utilizada por el perito médico para determinar la lesión y/o secuela derivada del accidente de trabajo, que claramente escapa al remedio casatorio. Que en tal sentido este Cuerpo debe, como Tribunal Casatorio, respetar los hechos fijados en la sentencia recurrida, no estándole permitido discutir la plataforma fáctica valorada por los jueces de grado, toda vez que no es facultad de este Tribunal valorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara. En efecto "... está excluido del control de la Corte de casación el ejercicio de los poderes discrecionales del juez de mérito, siempre que sean ejercidas dentro de los límites de la autorización legal..." (DE LA RÚA FERNANDO – RECURSO DE CASACIÓN, p. 312). Por ende, no corresponde en esta oportunidad juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal que dictó la sentencia impugnada, señalándose al respecto que: "…es insuficiente que el recurso se limite a exteriorizar la discrepancia con las conclusiones del fallo, siendo menester que se demuestre que se haya incurrido en flagrantes incoherencias o la infracción de las leyes de la lógica. Lo contrario es obligar a inferencias impropias de este recurso" (C. S. Bs. As.: In re – "CARBONEL GREGORIO Nº 23.785, FARIÑA JUAN Nº 24.126). Resulta oportuno recordar, que: "La casación no es una tercera instancia y no está en la esfera de sus poderes valorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara por este recurso se concede solamente contra la sentencia cuya injusticia provenga de un error de derecho, excluyendo el error de la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio" (STJSL N° 64/03 "Mandiles, Pablo Francisco c/Procter Gamble S.A. y/o Topsy S.A. – Demanda Laboral - Recurso de Casación", 17/12/03 "Abezú, Gustavo Orlando c/ Glucovil S.A. y Ledesma SAAIC – Daños y Perjuicios - Recurso de Casación, STJSL-S.J. N° 123/09 del 28/10/2009 – EXP N° 02-A-09). En consecuencia, siendo las cuestión planteada ajena al ámbito de la casación, este primer agravio resulta improcedente, más aún cuando el recurso de casación no procura una tercera instancia con el fin de revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino más bien el restablecimiento del imperio de la ley, que lleva por consiguiente, una función pública con prescindencia de los intereses de las partes (STJSL N° 31/09 "Pérez Sandra Noemí y Otros c/ Lucia Perfumes y/o Ángel Alfredo Sanuni y/o Ana María Esnaola de Sanuni – Dem. Laboral - Recurso de Casación", 23/04/09- EXP N° 9-P-07). Con relación al segundo agravio, referido a la incorrecta determinación del monto indemnizatorio -piso mínimo aplicable-, donde la recurrente expuso que ha sido determinado de manera errónea el monto indemnizatorio que corresponde abonar al actor, también resulta improcedente. El piso mínimo cuestionado, que ha sido tomado para el cálculo de la indemnización, fue establecido en la sentencia de primera instancia, de la que surge "…Piso Mínimo * % ILP/Tope $9.376.883,52. …" y el mismo no fue objeto de agravio en oportunidad de interponer el recurso de apelación, por lo tanto, pretende en esta instancia extraordinaria y de excepción, la revisión de cuestiones que han quedado firmes y consentidas. Con relación a los agravios introducidos en tercer y cuarto lugar serán tratados de manera conjunta, en tanto ambos se encuentran vinculados. En particular, el primero cuestiona la aplicación simultánea de la variante RIPTE y de la tasa activa incrementada, mientras que el segundo se dirige contra la aplicación del artículo 770, inciso b), del Código Civil y Comercial. En este marco, los agravios deben ser receptados, toda vez que el razonamiento desarrollado por la Cámara evidencia la configuración de las causales de casación, derivadas de omisiones normativas y de una errónea aplicación del derecho al caso sometido a estudio. En efecto, de la sentencia cuestionada surge: "… La norma referida, viola derechos del trabajador, en especial en éste caso su derecho de propiedad, por lo que debe ser declarado inconstitucional el Inc. 2 del Art. 11 de la Ley 27.348 que modifica el Art. 12 de la LRT en cuanto a que impone una actualización del crédito limitando el interés a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina que claramente no cubre el poder adquisitivo del crédito del trabajador. .." A ello se suma que, pese a efectuar en sus considerandos una expresa referencia a la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente "Suárez", de carácter obligatorio, que establece la aplicación de la tasa activa incrementada, y pese a sostener "… La doctrina fijada en dicho fallo es obligatoria para Cámaras y Tribunales Inferiores por imperio del Art. 281 del CPCC, de aplicación supletoria en esta materia laboral por remisión del Art. 144 del CPL por lo que corresponde rechazar los agravios de la parte actora y demandada en esta cuestión, adecuando la sentencia a la doctrina obligatoria del S.T.J., lo que así propongo al resto del Tribunal y dejo votado, por lo que tanto el capital como los honorarios regulados a los profesionales de las distintas partes y peritos, se deberán actualizar mediante la Tasa Activa Cartera General (préstamos), nominal anual del Banco de la Nación Argentina", incrementada en un 50%. …" Continuó diciendo "… que por imperio del principio jurídico iuranovit curia y el derecho de propiedad, legalidad, y todo principio de naturaleza laboral - alimentario, protectorio del actor laboral (arts. 9, 11, 12, 74, 137 sig. y conc. de la LCT y 59 CP), es que se propone la aplicación del inc. b del CCC, desde la PMI hasta la notificación del traslado de la demanda, en tanto resulta que lo expresamente dispuesto por el art. 770, inc. b) del CCyCN – y en su caso también el inc. c) – deviene aplicable, como derecho positivo vigente, simplemente porque la obligación adeudada por la accionada, tuvo que ser demandada judicialmente. …" Y luego dispuso "… De manera que, estando declarada la inconstitucionalidad del inc. 2 del art. 12 de la LRT, corresponde capitalizar intereses (770.b CCC) desde la PMI hasta la notificación de la demanda, con el interés dispuesto por el a'quo, y a partir de allí, y con el mismo interés, hasta la liquidación, lo que así dejo votado y propongo al resto del Tribunal. …" Tal proceder evidencia una inconsistencia interna del pronunciamiento, pues no resulta jurídicamente sostenible mantener la aplicación diferenciada de mecanismos de recomposición, más aún cuando se ha reconocido la existencia de doctrina obligatoria en tal sentido. Del mismo modo, asiste razón a la recurrente en cuanto cuestiona la aplicación del artículo 770, inciso b), del Código Civil y Comercial. El art. 770 CCyCN establece específicamente que: "No se deben intereses de los intereses, excepto que: a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses; b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda; c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo; d) otras disposiciones legales prevean la acumulación. Que conforme surge del fallo "Oliva" de la CSJN., el artículo mencionado establece una regla clara según la cual "no se deben intereses de los intereses" y, por consiguiente, las excepciones que el mismo artículo contempla son taxativas y de interpretación restrictiva. La excepción contemplada en el inciso "b" alude a una única capitalización para el supuesto de que una obligación de dar dinero se demande judicialmente, y en tal sentido aclara literalmente que, "en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda". Corresponde señalar en este punto, que si bien hay parte de la doctrina que no analiza la distinción entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor para determinar la aplicación del inc b) del art. 770, entiendo que, en las obligaciones de valor, como en el caso que nos ocupa, al momento de interponerse la demanda, y de notificarse la misma, que sería el momento de la capitalización, la obligación reclamada representa un valor, no una suma determinada. En efecto la doctrina tiene dicho: "…. Considero en primer lugar que la deuda de valor es aquella en que el objeto es una cosa y por tanto lo que se debe es un valor como concepto jurídico y no económico. El dinero no es el objeto del contrato ni la medida que se toma como base de la indemnización, sino, eventualmente, el modo de cancelar la obligación como modo sustituto del principal que es el bien o la cosa debida …" (Romualdi, Emilio E. – La Capitalización de Intereses – LA LEY 30/08/2019, 1 – LA LEY2019-d, 115 – RDLSS 2019-19, 1955) En tal sentido la Jurisprudencia tiene dicho: "…En efecto, dicho alto Cuerpo ha resuelto que "el artículo 770 de dicho código establece una regla clara según la cual 'no se deben intereses de los intereses' y, por consiguiente, las excepciones que el mismo artículo contempla son taxativas y de interpretación restrictiva"; aclaró que "si bien el inciso 'a' del artículo 770 admite la estipulación convencional de capitalizaciones periódicas, es claro que se refiere exclusivamente a capitalizaciones que fueron expresamente pactadas" y, asimismo, que "la excepción contemplada en el inciso 'b' alude a una única capitalización para el supuesto de que una obligación de dar dinero se demande judicialmente, y en tal sentido aclara literalmente que, 'en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda'. (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en "Oliva, Javier Pablo c. Las Segunda ART S.A. s/ demanda de derecho de consumo s/ recurso de inconstitucionalidad" • 19/05/2026 Cita: TR LALEY AR/JUR/32638/2026- www.informacionlegal.com.ar) En definitiva, la capitalización allí prevista, presupone una obligación dineraria, presupuesto que no se verifica en el caso en la forma en que fue aplicada por la Cámara. La indemnización reconocida no constituye, en su origen, una suma de dinero líquida susceptible de generar intereses capitalizables en los términos de la disposición citada, sino un crédito cuya determinación y actualización se encuentra sujeta al régimen específico aplicable. A ello se debe agregar que la capitalización de intereses dispuesta con fundamento en el inciso b) del artículo 770, no fue solicitada por la parte interesada, por lo que su aplicación de oficio excede los términos en que quedó trabada la controversia y vulnera, en consecuencia, el principio de congruencia que debe regir toda decisión jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: "…Que los agravios de la apelante referidos a la capitalización dispuesta en los términos del inc. b del art. 770 del Código Civil y Comercial suscitan cuestión federal para su examen en la vía intentada pues aun cuando se trata, en principio, de un aspecto ajeno a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para invalidar lo resuelto cuando la alzada ha excedido el límite de su competencia apelada, con menoscabo de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de propiedad (Fallos: 315:1204; 319:1135; 325:603; 330:1849 y 343:1791 entre otros). 6°) Que tal supuesto se verifica en el caso porque, apelada la sentencia de primera instancia, el trabajador cuestionó exclusivamente la fecha desde la cual debían computarse los intereses, sin requerir la capitalización aludida en el considerando anterior. En consecuencia, al haberse fallado sobre un aspecto que no fue oportunamente introducido en el recurso de apelación se excedió el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 310:1371; 327:3495; 335:1031 y 343:1791). …" (CSJN - Fallo 348:1516 - Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Zampelunghe, Sebastián Eduardo c/ Provincia ART S.A. y otro s/ accidente – ley especial. 04/11/2025). Por otra parte, se advierte que además que ordena una capitalización sucesiva, ya que ordena capitalizar desde la fecha de la PMI hasta la notificación de la demanda, y desde allí hasta la liquidación, estableciendo así, un modo de capitalizar por fuera de las excepciones previstas por el art. 770 del CCyCN. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado arbitrarias las sentencias que se apartan de las excepciones previstas por la norma, sin declarar su inconstitucionalidad (Fallos: 329:5467; 348:1645). Por tales razones, corresponde hacer lugar a los agravios tercero y cuarto, dejar sin efecto la solución adoptada por la Cámara en los aspectos cuestionados y disponer que, al dictarse un nuevo pronunciamiento, se determine de manera clara, coherente y debidamente fundada el mecanismo de actualización e intereses aplicable al crédito, con sujeción a la doctrina obligatoria de este Tribunal y sin recurrir a mecanismos de capitalización que no resulten jurídicamente procedentes ni hayan sido objeto de petición por la parte. En consecuencia, VOTO a esta SEGUNDA y TERCERA CUESTIÓN, parcialmente por la AFIRMATIVA. Los Señores Ministros, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L'HUILLIER, VÍCTOR MANUEL ENDEIZA y EDUARDO SEGUNDO ALLENDE comparten lo expresado por la Sra. Ministro, Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO y votan en igual sentido a estas SEGUNDA y TERCERA CUESTIÓN. A LA CUARTA CUESTIÓN, la Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO dijo: Dado lo resuelto en la anterior cuestión, corresponde: 1) Hacer lugar parcialmente al Recurso de Casación deducido por la demandada y en consecuencia, revocar el punto 3.2) de la Sentencia N° 386/2025, solo con relación a lo indicado en el presente fallo, mandando a dictar un nuevo pronunciamiento. 2) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta ulterior instancia, en un 40% sobre el monto de honorarios de primera instancia. Los Señores Ministros, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L'HUILLIER, VÍCTOR MANUEL ENDEIZA y EDUARDO SEGUNDO ALLENDE comparten lo expresado por la Sra. Ministro, Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO y votan en igual sentido a esta CUARTA CUESTIÓN. A LA QUINTA CUESTIÓN, la Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO dijo: Costas por su orden. ASÍ LO VOTO. Los Señores Ministros, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L'HUILLIER, VÍCTOR MANUEL ENDEIZA y EDUARDO SEGUNDO ALLENDE comparten lo expresado por la Sra. Ministro, Dra. ANDREA CAROLINA MONTE RISO y votan en igual sentido a esta QUINTA CUESTIÓN. Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Señores Ministros, la sentencia que va a continuación. San Luis, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis. Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente al Recurso de Casación deducido por la demandada y en consecuencia, revocar el punto 3.2) de la Sentencia N° 386/2025, solo con relación a lo indicado en el presente fallo, mandando a dictar un nuevo pronunciamiento. II) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta ulterior instancia, en un 40% sobre el monto de honorarios de primera instancia. III) Costas por su orden. IV) Ofíciese. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.