POSESION VEINTEAÑAL-RECURSO DE APELACION DESIERTO
OLGUIN SANTOS C/ FANTELLI HUGO RAMON Y OTROS S/ POSESION
Resumen
Los apelantes solo manifestaron disconformidad con la valoración de la prueba testimonial, sin demostrar un error manifiesto o arbitrariedad. Esa valoración es una facultad propia del juez de grado, y no está obligado a analizar toda la prueba, solo la conducente. El análisis de la prueba documental propia es propio de un alegato, no de una expresión de agravios. El agravio sobre el art. 908 inc. b) era improcedente, porque el actor sí había presentado el estudio de títulos, hecho por un agrimensor. La insistencia en que el actor alegó "accesión de posesiones" repite lo dicho al contestar la demanda, y eso no es una crítica válida a la sentencia. Además, ni en la demanda ni en sus ampliaciones surge que lo haya alegado. En definitiva, los demandados no lograron rebatir que A.A. acreditó la posesión con ánimo de dueño durante veinte años (art. 1899 del CCCN).
Texto completo
Poder Judicial San Luis EXP 262593/13 "OLGUIN SANTOS C/ FANTELLI HUGO RAMON Y OTROS S/ POSESION" R.L.314/2025-SC1. En la Ciudad de San Luis, a veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinticinco, reunidos en su Sala de Acuerdos los magistrados de la Sala Civil 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por los Dres. Javier Solano Ayala y Horacio Guillermo Zavala Rodríguez (h), de acuerdo con lo dispuesto mediante Acuerdo 373/2021 del Superior Tribunal de Justicia, fueron traídos para dictar sentencia los autos “OLGUÍN SANTOS C/ FANTELLI HUGO RAMÓN Y OTROS S/ POSESIÓN”, EXP 262593/13. Que habiéndose practicado el sorteo que determina el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia con fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós resultó de ello que debían votar en el siguiente orden: 1º) Dr. Javier Solano Ayala, 2º) Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez (h). Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Javier Solano Ayala dijo: I.- Mediante sentencia definitiva nº 94/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 el a quo falla haciendo lugar a la demanda de posesión veinteañal en todas sus partes, declarando en su mérito que el actor Santos Olguín ha adquirido por prescripción adquisitiva la titularidad del dominio del inmueble objeto de la presente litis, e impone las costas a los demandados vencidos. Apela la parte demandada por escrito nº 17878603 de fecha 2 de noviembre de 2021, expresando sus agravios mediante escrito nº 18847458 de fecha 29 de marzo de 2022. Sostiene la recurrente que el a quo en un yerro jurídico ha hecho lugar a la demanda de posesión veinteñal dando por adquirido el dominio del inmueble litigioso a favor del actor Santos Olguín, dejando de lado los principios que rigen en la materia, teniendo una valoración parcial y limitada de la prueba rendida en autos tanto de la parte actora como de la parte demandada. Se agravia porque el juez inferior de manera sorprendente expresa que su parte no pudo probar la afirmaciones formuladas en la contestación de la demanda, diciendo que erróneamente se consideró que en la demanda se alega accesión de posesiones por parte del actor pero que a su interpretación no alega tal accesión sino que manifiesta dicha circunstancia solamente para probar su posesión personal ya desde su nacimiento en el inmueble que pretender usucapir, y que siempre lo hizo actuando y sintiéndose como dueño. Cuestiona la interpretación del a quo alegando que es sabido que quien pretende usucapir debe probar tales extremos, que es a él a quien le cupe la carga de la prueba y no a su parte como lo expresa el sentenciante. Señala que la fracción objeto de la litis afecta las superficie de los inmuebles cuyos titulares registrales son Jorge Olguín, padre del actor, quien adquirió derechos indivisos por escritura pública nº 79 del año 1965 por una superficie de ciento treinta hectáreas en el campo San Antonio, cuya fracción se encuentra empadronada en Geodesia y Catastro bajo los números 100.159 y 100.158 de la Receptoría Capital, y los demandados Fantelli quienes adquirieron por escritura nº 44 de fecha 27 de febrero 1980 tres derechos indivisos en el campo San Antonio y demás condóminos, lo que surge del certificado catastral que obra a fs. 22/25, de la escritura traslativa de dominio nº 44 de fecha 27 de febrero de 1980 ofrecida como prueba, y que la afectación de las superficies surge de manera manifiesta del plano de mensura 1/506/13 que obra a fs. 9, por lo que el actor está usucapiendo en contra de su padre quien adquirió derechos en condominio sobre el inmueble y en contra de los demás condóminos Fantelli. Considera que el hecho de que el juzgador no haya requerido el cumplimiento acabado del estudio de los antecedente sobre la titularidad de dominio que prescribe el art. 908, inc. b) del CPCC lo ha llevado a semejante error. Se agravia también por la valoración parcial de la prueba testimonial que ha realizado el a quo, dado que todos y cada uno de los testigos tanto de la parte actora como de la parte demandada fueron contestes en afirmar que en la Estancia San Antonio poseen en una parte los Sres. Fantelli y en otra parte el Sr. Jorge Olguín cuando éste vivía, y después su hijo Santos Olguín, y que ambos lo tienen cerrado, pero que sin embargo el sentenciante solo se limitó a ponderar la parte de las declaraciones que se refieren a la posesión ejercida por el Sr. Jorge Olguín y continuada por el actor. Refiere que hay contradicciones dado que por un lado el a quo expresa que de la declaración testimonial ha quedado probada la continuidad de la posesión de Jorge Olguín a Santos Olguín y que el padre del actor se encuentra fallecido, pero que no obra acta de defunción que permita inferir que el padre del actor esté fallecido siendo esta la única manera de probar el deceso, y por otro lado expresa que no se trata de accesión de posesiones. Concluye diciendo que el a quo no advirtió que el actor está usucapiendo contra su padre, ya que la titularidad registral sobre una fracción del inmueble objeto de la litis se encuentra a nombre de Jorge Olguín, y contra los condóminos del padre los Sres. Fantelli, quienes han acreditado la titularidad sobre la fracción hoy afectada por la mensura, conforme la escritura pública ya referenciada, y que de ello surge que la sentencia dictada en los presentes autos se ha alejado a todas las luces de los principios de congruencia, de razonabilidad y de aplicación de la ley. Corrido el traslado de la expresión de agravios de la parte demandada, el mismo es contestado por la parte actora mediante escrito nº 19036202 de fecha 19 de abril de 2022, solicitando que se rechace el recurso de apelación deducido por la contraria, sobre la base de una serie de consideraciones que en razón de brevedad tengo por reproducidas en la presente. II.- Así planteada la cuestión, considero que el escrito de expresión de agravios de la parte demandada no cumple con los requisitos de admisibilidad que determina el art. 265 del CPCC, dado que no se trata de una crítica concreta y razonada de la sentencia impugnada que permita su descalificación, sino que la apelante simplemente se limita a expresar de manera general su disconformidad con lo resuelto por el juez de grado y en particular con la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante, pero sin lograr demostrar el desacierto del razonamiento contenido en el fallo, ni mucho menos indicar errores, omisiones u otras deficiencias que ameriten la revocación de lo decidido. Se recuerda que la expresión de agravios “debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el recurrente considere equivocadas, indicando los supuestos errores u omisiones que la misma contiene así como los fundamentos que le permitan sostener una opinión distinta; es decir, debe señalar punto por punto los errores que se atribuyen a la sentencia de grado, por los cuales se considera que el pronunciamiento es injusto o contrario a derecho. En la expresión de agravios deben refutarse las conclusiones de hecho y derecho que motivan la decisión en grado, mediante la exposición de circunstancias jurídicas por las cuales se considera erróneo el pronunciamiento impugnado” (LOUTAYF RANEA, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, 2ª ed. actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009, t. 2, ps. 164-165). En la expresión de agravios “se debe indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida, sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por los artículos 265 y 266 del Código Procesal” (FALCÓN, Enrique M., Tratado de derecho procesal civil y comercial. Tomo VIII. Impugnación. Remedios y recursos ordinarios, 1ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 240). Es decir que “expresar agravios, en su estricta acepción, significa refutar y poner de manifiesto los errores (de hecho o de derecho), que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo (C. 2ª La Plata, sala 3ª, RDJ 1979-9-35, sum. 34; C. Civ. y Com. de Necochea, 16/12/2008, “Banco Provincia de Buenos Aires v. Sierra, Marta Susana s/ cobro ejecutivo”; 16/2/2010, “Schroeder, Celia Alicia v. Nogueira, Reynaldo Alberto s/ alimentos”; C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 23/2/2012, “Mihanovich, Rosa v. Avsa SA s/ cobro ejecutivo arrendamiento art. 250 CPCC”; C. Civ. y Com. Morón, sala 1ª, 6/12/2012, “Fric, Hilda v. Megaldeconomos, Sergio Eustaquio Andrés s/ división de condominio”). Supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Requiere así, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho” (MORELLO, Augusto Mario, SOSA, Gualberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados, 4ª ed. ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, t. IV, p. 264). En tal sentido se ha señalado que “la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una ‘crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas’. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado – debe decirse cuál es el agravio –. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones – debe exponerse por qué se configura el agravio –. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (C. Nac. Civ., sala A, 14/2/1980, LL 1980-D-180; ídem, sala B, 13/6/1978, Der. 80-378; 15/5/1979, LL 1978-C-76; ídem, sala C, 6/5/1975, Der. 67-206; LL 1976-A-507, sum. 1671; 22/6/1978, LL 1978-D-378; BCN Civ. 1978-V179, sum. 273 y 277; 28/2/1983, LL 1984-C-621, 36.643.5; 17/12/1983, LL 1985C-642, 36.868-S; 21/12/1983, LL 1984-C-193; Der. 108-379; 24/5/1984, Der. 110656; ídem, sala D, 26/9/1973, JA 1974-21-198; LL 154-654, sum. 15; 17/12/1974, LL 1975 C-497, 32.620-S; 27/12/1974, LL 1975 B-864, 32. 401-S; 20/11/1975, JA 1976-II-241; 25/2/80, LL 1980-D-98; 22/4/1983, LL 1983 C-221; ídem, sala E, 28/6/1971, LL 147-675, 28.860-S; 25/10/1971, LL 148-688, 29.591-S; 29/10/1971, LL 148-663, 29.445-S; 9/11/1971, LL 148-663, 29.444-S; 18/5/1975, LL 1976-A144; Der. 67-190; 15/3/1976, JA 1977-I-413; 11/8/1976, LL 1977-A-512; 16/11/1979, JA 1980-II-29; 21/5/1981, LL 1981-D-379; 29/5/1985, LL 1985-D-574, 37.014-S; ídem, sala F, 25/4/1974, LL 156-814, 31.673-S; 19/11/1974, LL 1975-A786, 32.155-S; 18/12/1974, Der.59-456, LL 1975-B-864, 32.402-S; 27/12/1974, LL 1975-B-864, 32.401-S; 19/8/1976, Der. 71-223; ídem, sala G, 6/11/1980, LL 1981C-658, 35.932-S; C. Nac. Com., sala A, 11/8/1970, LL 145-395, 28.086-S; 13/8/1974, LL 156-809, 31.646-S; 3/8/77, Der. 75-318; 23/5/1979, Der. 85-801; LL 1980-D-746, 35.663-S; 22/8/1979, Der. 85-197; 14/2/1985, LL 1985-C-102; DJ 1985-39-180; íd., sala C, 18/7/1975, Der. 66-640; íd., sala D, 30/9/1976, LL 1977B-270; 24/12/1979, LL 1980-B-110; 10/4/1981, Der. 94-512; 23/8/1982, Der. 103438; C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1ª, 5/7/1978, LL 1978-D-304; 22/9/1978, LL 1979-B-189; 2/4/1980, LL 1980-B-688; ídem, sala 4ª, 6/6/1977, BCNECyC 6559380; 9/5/1980, BCNECyC 694-10.359; 29/8/1980, BCNECyC 704-10.590; 16/5/1983, Der. 105-687; ídem, sala 5ª, 14/7/1971, LL 146-661, 28.674-S; ídem, sala 6ª, 25/6/1974, BCNECyC 583-7479; 15/10/1974, BCNECyC 581-7346; 5/2/1975, BCNECyC 591-7840; 18/3/1975, BCNECyC 597-7986; 1/3/1977, LL 1977-D-314 y, más actualmente, C. Nac. Com., sala E, 12/5/2006, “Tyco Electronics Argentina SA v. NSS SA s/ ordinario”, AP 11/41045). La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cuál punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada (C. Nac. Com., sala D, 24/4/1984, LL 1985 A-309; DJ 1984-4-117). El apelante debe, por lo tanto, decir con claridad y corrección por qué considera la sentencia injusta, desde que las normas regulatorias del debido proceso que hacen a la esencia de la institución, comportan la necesidad de exhibir los fundamentos de las propias críticas como único medio de hacer posible el contralor jurisdiccional atribuible a la segunda instancia, a través de un juicio de ponderación razonable y no de la simple contraposición de aserciones, cerrado en sí mismo (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 3ª, 7/10/1974, LL 1975-D-426; BCNECyC 581-7345; ídem, sala 5ª, 26/12/1975, BCNECyC 613-8355). Debe repararse que la segunda instancia no es autónoma, ni es reconducción. Es, como norma, dependiente de lo actuado en la instancia inicial, y es revisión de su sentencia, síntesis o conclusión, a cuyo efecto requiere el elemento nuevo: la crítica de los agravios que de la misma resulten (C. Nac. Civ., sala A, 8/4/1985, LL 1985-E-195). De allí que, si faltan esas argumentaciones, carece el tribunal de la alzada de la materia indispensable para confrontar los argumentos del a quo con los que, de contrario, aduce la parte que se considere afectada y ello, precisamente, constituye la función propia del segundo grado jurisdiccional (C. Nac. Civ., sala A, 8/8/1975, LL 1976-D-668, sum. 2260; 24/9/1975, JA 1976-III-45; LL 1976-D-667, sum. 2257; C. Nac. Com., sala A, 13/8/1974, LL 156-809, 31.646-S). Por lo tanto, en dicho escrito el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan las quejas de que reclama. Su función consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar la materia de reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 4ª, 17/4/1975, BCNECyC 592-7859)” (MORELLO, op. cit., t. IV, ps. 276-277). Tiene dicho la jurisprudencia que “la expresión de agravios no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implica el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas” (CNApel.Civ., sala D, 28/09/2000, “N., M. M. c/ Transportes Metropolitanos General San Martín”, LL 2001-D, 214; LL Online, AR/JUR/745/2000); “el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin dar las bases jurídicas del distinto punto de vista, no es suficiente para sustentar un recurso de apelación” (CNApel.Contenciosoadm.Fed., sala I, 29/04/1997, “Adecua Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la República Argentina c/ Estado Nacional”, LL 1998-B, 537; LL Online, AR/JUR/3045/1997); “el contenido de la expresión de agravios se relaciona con la carga que le incumbe al recurrente de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho. […] Criticar es muy distinto de disentir, pues la crítica significa un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia” (CNApel.Civ., sala A, 01/06/1998, “Sciacca, Santiago J. y otro c/ Apuzzo, Gastón E. y otros”, LL 1998-F, 149; LL Online, AR/JUR/3226/1998; sala A, 03/02/1999, “S. G. y otros c/ G., A.”, LL 1999-D, 426; DJ 1999-3, 477; LL Online, AR/JUR/3173/1999). Ahora bien, en su expresión de agravios la parte demandada se limita a cuestionar la valoración de la prueba testimonial que realiza el a quo, olvidando que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por aquellos en el centro o núcleo mismo de sus facultades, por lo que se trata del ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que les concede el ordenamiento, no bastando impugnarla sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución. Por ello no pueden analizarse en segunda instancia las meras discrepancias con la elaboración hecha por el sentenciante, sino que debe señalarse el arbitrario y abusivo apartamiento que el juez de grado habría hecho de una prueba fundamental que derivaría a un resultado distinto del pleito, extremo no acontecido en autos. La recurrente también alega que no se han tenido en cuenta los elementos de prueba aportados por la parte demandada. Al respecto cabe recordar que “los elementos de prueba que deben ser considerados en la sentencia son los esenciales, decisivos. No, los que no son decisivos para la formación de la convicción, o los que no habrían podido modificar la decisión. No es, pues, necesario el examen de absolutamente todas las pruebas” (COLOMBO, Carlos J. y KIPER, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado, 3ª ed. actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. II, p. 167). No se exige a los jueces el análisis de la totalidad de la prueba rendida en la causa, sino únicamente de aquella que sea pertinente para la adecuada solución del litigio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “los jueces no están obligados a considerar todas las defensas y pruebas invocadas por las partes, sino solo aquellas conducentes para la decisión del litigio” (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 274:113; entre muchos otros); “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino solo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco lo están a tratar todas las cuestiones expuestas ni a analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos” (CSJN, 06/12/1968, “Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. c/ Capitán y/o Propietario y/o Armador del Buque Rhone”, Fallos: 272:225; 27/08/1971, “Ruata, Alfredo y otros c/ Banco Central de la República Argentina”, Fallos: 280:320; entre muchos otros). En similar sentido se ha sostenido que “los jueces no se encuentran obligados a tratar todos los argumentos desarrollados por las partes ni todas las pruebas producidas, sino las que estimen conducentes para fundar sus conclusiones” (CNApel.Civ., sala D, 10/04/1984, “Copati, Daniela y otros c/ Rolando, Juan M.”, LL 1985-A, 14; DJ 1985-1, 206; LL Online, AR/JUR/1317/1984). Es decir que “en el análisis de la prueba ofrecida y producida, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, le merezcan mayor fe, o sean decisivas para fallar, en concordancia con los demás elementos que pudiesen obrar en el expediente, pues – en definitiva – se trata de una facultad privativa de los magistrados (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 27/12/2011, “SADAIC v. Emprendimiento Futbolísticos SA s/ cobro sumario de sumas de dinero”). Precisamente, la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes. Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Sup. Corte Bs. As., Ac. y Sent., 1973-II717; 1974-II-727; 1977-II-179; 1977-III-777; 1978-I-885; 1979-I-416; DJBA 103-33; 116-138; 117-414; 118-290, 303 y 381; 119-433, 513, 517, 750 y 877; 120-93 y 149; 121-309; 127-113; 136-4459; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 1/7/1999, “Mascitelli de Castro, Nelly Norma y otros v. Municipalidad de Nueve de Julio y otros s/ Daños y perjuicios”, Juba sumario B352955; C. Civ. y Com. Quilmes, sala 1ª, 29/9/2009, “Fernández, Susana Eva v. Valentini, Omar Horacio s/ Daños y perjuicios”, Juba sumario B2904425; C. Civ. y Com. Pergamino, 15/5/2013, “De La Sota Cristian Gabriel v. Calabria Rubén Jorge y Otro/a s/ Daños y Perj.”). Doctrina que la Corte ha venido reiterando a lo largo del tiempo (Sup. Corte Bs. As., 13/6/1989, “Cía. de Ómnibus Cnel. Ramón Estomba v. Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda s/ Indemnización daños y perjuicios”, 15/8/1989, “Villalba de Gragnoli, Blanca v. Tedeschi, Roberto s/ Daños y perjuicios”, 10/3/2004, “Sáenz, Luis Eduardo v. González, Haydeé s/ Daños y perjuicios” y 18/8/2010, “Páez, Leonardo y Salinas de Páez, Luisa s/ Sucesión”, Juba sumario B14450). Por lo tanto, la preferencia del juez por unas pruebas respecto de otras no viola las leyes que rigen su valoración. En consecuencia, el fallo puede apoyarse en determinados testimonios, pruebas corroborantes de las que de éstos resulten y presunciones con prescindencia de otras declaraciones testificables, y de la prueba de informes (Ac. y Sent., 1967-I-809) (Sup. Corte Bs. As., Ac. y Sent., 1977-I-344; 1977 v. III, p. 991; 1978-III-78; 1987-I-62). Por ello, no se afectan las reglas de la sana crítica cuando por motivos razonables se da mayor fe a unos testigos que a otros (Sup. Corte Bs. As., 7/6/1988, “Zabloski de Bobik, María v. Amaya, Mario y otra s/ Daños y perjuicios”, 28/10/1997, “Casal de Pineda, Elsa v. Tella, José y otros s/ Posesión veinteañal”, 3/12/2003, “Schin, Juan J. v. Marinucci, Juan E. s/ Daños y perjuicios”, Juba sumario B11724). [aunque, por supuesto, dando las razones que fundamentan su preferencia (C. Civ. y Com. San Nicolás, 7/4/2009, “Mutual Siderúrgica Gral. Savio v. Antar Salomón Gabriel s/ Medianería”, Juba sumario B858443)]. El sentenciante puede valerse o desentenderse de las pruebas producidas sin otro condicionamiento que la coherencia, razonabilidad y legalidad de su juicio, por cuanto una vez producidas las pruebas dejan de ser patrimonio de las partes para convertirse en “evidencias del juicio” (C. 1ª La Plata, sala III, causa 191.068, reg. sent. 252/84)” (MORELLO, op. cit., t. V, ps. 1050-1051). En su memorial recursivo la quejosa efectúa un análisis de la prueba documental acompañada por su parte, lo que en modo alguno constituye un agravio en los términos del art. 265 del CPCC, en tanto “la función de la expresión de agravios es distinta de la del alegato de bien probado. La primera no está destinada a valorar la eficacia de la prueba incorporada sino a formular una crítica del razonamiento del juzgador. No satisface adecuadamente la carga procesal pertinente, entonces, el escrito que ahonda en el análisis de las probanzas rendidas pero no puntualiza equivocaciones en el razonamiento del juez (C. Nac. Civ., sala B, 20/12/1974, JA 1975-27-209; LL 1975-B-865, 32.408-S; ídem sala E, 14/8/1975, LL 1976-B-429, 33.466-S)” (MORELLO, op. cit., t. IV, p. 284). El agravio relativo a la supuesta falta de cumplimiento de lo estipulado por el art. 908, inc. b) del CPCC deviene manifiestamente improcedente, en tanto la parte actora adjuntó mediante escrito nº 5209724 de fecha 29 de febrero de 2016 el estudio de títulos del inmueble objeto de la posesión, realizado por el Agrimensor Enrique Rubio. Finalmente, se observa que la apelante insiste con su postura de que el actor habría alegado una accesión de posesiones para fundar su acción, reiterando los mismos argumentos expuestos en su escrito de contestación de demanda (actuación nº 7298402 de fecha 1º de junio de 2017), lo que luce inconducente a los fines del recurso de apelación interpuesto, en tanto es sabido que “la reiteración en los agravios de circunstancias fácticas o encuadramientos jurídicos expresados por el apelante previo a la sentencia, tampoco satisfacen la exigencia de una crítica concreta y razonada” (FALCÓN, op. cit., p. 241). La jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido indicado: “corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada si en la expresión de agravios, el interesado no se hace cargo de algún fundamento dirimente de la resolución cuestionada y se limita a repetir los argumentos sustentados en su escrito de contestación de demanda, sin refutar los argumentos brindados por el sentenciante para rechazar su defensa” (C6ªApel.Civ.Com. Córdoba, 02/02/2006, “Daghero, Ana M. c/ Villanueva, Liliana M. y otro”, LLC 2006, 522; LL Online, AR/JUR/261/2006); “corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto, si la crítica formulada por el apelante no aporta ninguna pauta relevante distinta a la evaluada por el sentenciante de grado, limitándose a reiterar argumentos sostenidos con anterioridad, cuyo contenido no refuta” (CNApel.Civ., sala F, 15/12/2000, “Banco Sudameris Argentina S.A. c/ Pironi, Mario A. y otros”, LL 2001-F, 1012; LL Online, AR/JUR/1264/2000); “es uniforme el criterio que sostiene la inadmisibilidad del análisis del recurso de apelación cuando el apelante se limita a la simple reproducción o remisión de una presentación anterior” (CNApel.Civ., sala M, 27/09/2000, ED 191-414); “la remisión de la apelante a presentaciones anteriores es una forma inidónea de impugnar una sentencia, tanto positivamente, pues la excluye el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial, cuanto racionalmente, ya que resulta obvio que una presentación anterior a esa resolución judicial no podría asumir el contenido decisorio incluido en una sentencia de fecha posterior, para atacarlo adecuadamente” (CNApel.Com., sala D, 23/04/1987, “Arignon, Hugo R. c/ Mionetto, Carmelo”, LL 1998-E, 828; LL Online, AR/JUR/560/1987). Sin perjuicio de que ni del escrito de demanda que luce a fs. 10/12, ni tampoco del escrito de ampliación de demanda agregado a fs. 29/30 ni del escrito de modificación de demanda obrante en actuación nº 6460798 de fecha 24 de noviembre de 2016, surge que el actor hubiera alegado una accesión de posesiones como erróneamente lo interpreta la recurrente. En definitiva, debo concluir que la parte demandada no logra rebatir los argumentos por los que el juez de grado hace lugar a la demanda posesión veinteañal, y que consisten en que el actor Santos Olguín ha acreditado el ejercicio de la posesión animus domini sobre el inmueble objeto de la presente litis por el plazo de veinte años que determina el art. 1899 del Código Civil y Comercial de la Nación para tener por operada la prescripción adquisitiva. Por las razones expuestas, voto a esta primera cuestión por la afirmativa. A ESTA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez (h) dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Javier Solano Ayala vota en igual sentido que éste. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Javier Solano Ayala dijo: Dado el modo en que he votado la primera cuestión, de ser compartido mi criterio, propongo al Tribunal se dicte sentencia que disponga: Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte demandada mediante escrito nº 17878603 de fecha 2 de noviembre de 2021. Con costas a la vencida (art. 68 del CPCC). A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodríguez (h) dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Javier Solano Ayala vota en igual sentido que éste. San Luis, veintiocho de julio de dos mil veinticinco. Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte demandada mediante escrito nº 17878603 de fecha 2 de noviembre de 2021. Con costas a la vencida (art. 68 del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OPORTUNAMENTE BAJEN. Firmado digitalmente por los Dres. Javier Solano Ayala y Horacio Guillermo Zavala Rodríguez (h).