ACCIDENTE DE TRABAJO - GRAN INVALIDEZ
GATICA BRENDA ALEJANDRA C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL DOCUMENTAL N° 3049
Resumen
Accidente in itinere. Daño psíquico: no se acredita el desorden mental orgánico postraumático grado III sin examen psiquiátrico ni batería de test (Baremo 659/96, Res. SRT 762/2013), por lo que se excluye ese 40%. Incapacidad física: por “Sombra” corresponde la suma aritmética de los porcentajes del baremo (94,3%), y aun en cascada supera el 66% (70,42%); por iura novit curia se declara ILPT y se corrige la compensación al art. 11, ap. 4, inc. b) LRT. Se declara la Gran Invalidez y se condena a la ART a la prestación mensual vitalicia del art. 17, ap. 2 LRT, con fundamento en el derecho humano al cuidado (OC-31/25 Corte IDH). Se confirma la actualización del IBM según Res. SSN 1039/19 y 332/23 (DNU 669/19) y se rechaza la aplicación del art. 55 de la Ley 27.802.
Texto completo
R.L.602/2026-SL2. En la Ciudad de San Luis, a seis días del mes de octubre del año dos mil veintiséis, reunidos en su Sala de Acuerdos los magistrados de la Sala Laboral 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por los Dres. Néstor Marcelo Milán y Estela Inés Bustos de acuerdo con lo dispuesto mediante Acuerdo 373/2021 del Superior Tribunal de Justicia, fueron traídos para dictar sentencia los autos: “GATICA BRENDA ALEJANDRA C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL”. EXP 364617/20. Que habiéndose practicado el sorteo que determina el artículo 123 del Código Procesal Laboral de la Provincia con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiséis, resultó de ello que debían votar en el siguiente orden: 1º) Dra. Estela Inés Bustos, 2º) Dr. Néstor Marcelo Milán. Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Estela Inés Bustos dijo: I. En fecha 11/03/2026 (actuación digital 29772486) se dicta sentencia de primera instancia oportunidad en la que se declara la inconstitucionalidad de los arts.6, 8, 21, 22, 46, ley 24.557, Res 414/99, art. 9 Ley 26.773; se tiene por abstracto el planteo de inconstitucionalidad art. 4 Ley 25.561y art 10 Ley 23928. Rechaza la inconstitucionalidad del art. 3 Ley 26773 y la impugnación a la pericia médica, conforme lo expuesto. Hace lugar a la acción incoada por GATICA BRENDA ALEJANDRA contra EXPERTA ART S.A, a quien condena a indemnizar al actor una minusvalía del 85,85% de la T.O, art 14 Ley 24.557, sin el 20% art. 3 ley 26.773. (ver dec 9/9/2025), determina que la liquidación ordenada precedentemente deberá ser practicada por las partes cumpliendo con lo previsto por el art. 12 de la L.R.T., vigente al momento del accidente. A tal efecto deberá calcularse el IBM actualizando con RIPTE los salarios correspondientes al año anterior a la interposición de la demanda, o tiempo de la prestación del servicio si fuera menor; desde que cada salario debió ser abonado hasta la fecha de la interposición de la demanda, promediando y dividiendo el resultado por 12 (art. 12 inc. 1); calculando luego el interés devengado por el IBM conforme art. 12 inc. 2), según Decreto 669/2019, conf. Resolución 1039/2019 y 332/2023. El resultado así obtenido debe ingresarse en la fórmula establecida en el art. 14 inc. 2 apartado “A” de la L.R.T. Finalmente a partir de la mora en el pago de la indemnización, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 12 inc. 3, conf. Dec. 669/2019).- 8) Con costas al vencido, Art. 111 C.P.L. En fecha 31/03/2026 (actuación digital 29937613) dicta auto interlocutorio aclaratoria de la sentencia, y dice que, respecto a la aplicación del piso indemnizatorio, deberá tomarse el piso mínimo a la fecha del accidente que era 1569,865, (nota que la determina la 6026/18), y a esto deberá aplicarse el 85,85% de inc. 2). La suma adicional de pago único, del art 11, ap 4- 2, ley 24557, atento que el porcentaje de incapacidad otorgado por sentencia excede el 50% corresponde su pago. Contra dicho pronunciamiento se alza en primer término el actor quien deduce apelación mediante ESCEXT 29790479 de fecha 12/03/2026, sosteniendo su recurso en el memorial agregado en ESCEXT 30682119 de fecha 26/06/2026.Sustanciado el mismo, es contestado por la demandada en ESCEXT 30682119 de fecha 30/06/2026. El recurrente cuestiona el porcentaje de incapacidad laboral permanente fijado en el 85,85%. Fundamenta que la sentenciante de grado aplicó erróneamente el método de la CRR para ponderar secuelas polifuncionales derivadas de un único siniestro. Invoca doctrina jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia de San Luis (precedente "Sombra") para sostener que dicho criterio tarifario solo resulta operativo ante minusvalías preexistentes o siniestros sucesivos. En consecuencia, postula que al adicionarse de forma directa los porcentajes de incapacidad física y psíquica diagnosticados por la peritación médica (116%), corresponde fijar el tope legal correspondiente al 100% de incapacidad laboral total y permanente. Luego se agravia porque la a quo no declaró el estado de gran invalidez en los términos del art. 17 de la Ley 24.557. Destaca que, en la etapa de aclaraciones, la perita médica oficial ratificó que requiere de asistencia continua e indispensable de terceros para la ejecución de los actos elementales de la vida diaria. Agrega que la sentencia prescinde de las conclusiones del dictamen pericial sin invocar fundamentos científicos objetivos de superior entidad, incurriendo en un apartamiento arbitrario de la prueba dirimente y vulnerando las reglas de la sana crítica racional. Impugna la sentencia, consecuentemente, por omitir la condena a abonar la prestación dineraria adicional de pago único contemplada en el art. 11, ap. 4, inc. b de la Ley 24.557, la cual resulta de aplicación obligatoria para incapacidades permanentes superiores al 66%. Asimismo, denuncia la falta de condena al pago de la prestación mensual y crónica por Gran Invalidez regulada en el art. 17 de la norma legal citada, señalando la incorrección jurídica de remitir dicha obligación al ámbito de la ANSES, cuando la responsabilidad prestacional recae exclusivamente sobre la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Critica la tasa de interés simple aplicada mediante la Res. SSN 332/23 (modificatoria de la Res. SSN 1039/19), alegando que distorsiona la sustancia del DNU 669/19 y produce una licuación confiscatoria del crédito indemnizatorio frente a la depreciación monetaria. Reclama la aplicación directa del DNU 669/19 a fin de ajustar el Ingreso Base Mensual mediante la variación acumulativa del índice RIPTE desde la primera manifestación invalidante hasta el efectivo pago, con más un interés moratorio/compensatorio. Con carácter subsidario, formula planteos de capitalización periódica de intereses (art. 770 inc. b del CCyCN), reporcentualización mediante índices UVA, CER o IPC, o la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7° de la Ley 23.928 y 12 de la Ley 24.557 para resguardar la intangibilidad de la deuda de valor. Solicita en subsidio la aplicación inmediata del art. 55 de la Ley 27.802 (Modernización Laboral) por tratarse de una norma de orden público imperativa para juicios pendientes de sentencia definitiva. Pide que se liquide el crédito disponiendo como límite inferior infranqueable el 67% de la suma resultante de actualizar el capital histórico por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual II. Por su parte, la demandada dedujo apelación mediante ESCEXT 29830954 de fecha 17/03/2026, que funda a través del memorial que luce agregado en ESCEXT 30854778 de fecha 21/07/2026 presentación que fuera contestada por el actor a través del escrito glosado en ESCEXT 30932122 de fecha 29/07/2026. La demandada cuestiona la asignación del 40% de incapacidad por "Desorden mental orgánico postraumático grado III", por constituir la secuela individual de mayor peso en la liquidación. Argumenta que, al responder el punto pericial específico sobre daño psíquico, la perita médica consignó expresamente que "se requiere de psicodiagnóstico". Sin embargo, sin que conste la realización o incorporación de dicho estudio, fijó un 40% de incapacidad, incurriendo en una evidente autocontradicción omitida por la sentenciante. Manifiesta que la sentencia pretendió cubrir esa falencia remitiéndose al informe de la Clínica Francesa, el cual es inidóneo a tal fin dado que dicho centro médico solo brindó atenciones traumatológicas y quirúrgicas, sin realizar una evaluación psiquiátrica ni neuropsicológica con metodología ni porcentaje. Entonces, se agravia porque la pericia incumplió el Anexo I del Decreto 659/96 (Baremo de la Ley 24.557), norma imperativa que exige "en todos los casos" la concurrencia de cuatro estudios objetivos para encuadrar el Grado III de dicha patología: 1) exploración neurológica, 2) tomografía o resonancia (TAC/RMN), 3) electroencefalograma y 4) pruebas psicométricas. Al no haberse realizado ni acompañado ninguno de estos cuatro estudios, la cuantificación asignada padece de un defecto de encuadre normativo insubsanable. Alega, también, que la jueza de grado rechazó la impugnación con una mera remisión dogmática a "las conclusiones de la forense y la magnitud de las lesiones", eludiendo el deber de analizar si la pericia cumplía con las pautas de validez técnica y científica que exige el art. 477 del CPC. II. Así planteada la cuestión, por lógica procesal se analizará en primer lugar el agravo de la demandada. El actor denuncia que como una secuela psíquica el “Desorden mental orgánico postraumático grado III”, para cuyo diagnóstico el Baremo 659/96 establece que debe tenerse en cuenta que: “La cefalea es intensa y palpitante, se agrava con la posición horizontal y se exacerba con el esfuerzo físico, mental y la excitación, y mejora con el reposo y la quietud. Hay mareos por los cambios de posición, a veces nebulosidad momentánea de la visión de carácter sincopal, intolerancia al calor, tabaco y alcohol. Aparecen trastornos disfásicos en el lenguaje, pérdida de jerarquía del pensamiento, perseveración. Defectos en la concentración, percepción, comprensión y memoria. Hay intolerancia a los ruidos, litigante, temerosa, aprensiva, hipocondríacas. Las exploraciones neurológicas, tomográficas, electroencefalográficas y psicométricas presentan en todos los casos alteraciones orgánicas francas.” En el caso de la Reacción Vivencial Anormal Neurótica (RVAN), grado III el baremo explica que se trata de patologías que “…Requieren un tratamiento más intensivo. Hay remisión de los síntomas más agudos antes de tres meses. Se verifican trastornos de memoria y concentración durante el examen psiquiátrico y psicodiagnóstico. Las formas de presentación son desde la depresión, las crisis conversivas, las crisis de pánico, fobias y obsesiones. Son reversibles con el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado. Al año continúan los controles…”. Como puede apreciarse, ya sea que se trate de un desorden mental orgánico post traumático (grado III) o una reacción vivencial anormal neurótica (grado III) no basta solamente con un psicodiagnóstico, sino que también se debe realizar examen o evaluación por parte de un médico psiquiatra. Es por ello que esta Sala en casos anteriores ha resuelto que en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo la determinación del daño psíquico se encuentra reservada a profesionales médicos psiquiatras (cfr. R.R. 26/2023-SL2, autos: "Cuevas Castillo Fabian Marcelo C/ Asociart A.R.T. S.A. S/ Accidente o Enfermedad Laboral", EXP 356696/20).- Es lo que surge de la letra del Baremo dec. 659/1996, en tanto contiene un capítulo destinado a la "Siquiatría" que prevé cuales son las lesiones siquiátricas que deben ser evaluadas y además aclara que las “enfermedades psicopatológicas”–de las que sí cabe reputar como una rama compartida entre la psicología y la psiquiatría– no son motivo de resarcimiento económico, pues las valora como preexistentes por considerar que tienen una base estructural, con lo cual cabe concluir que estas son preexistentes. Por su parte, el protocolo de prestaciones médicas en psiquiatría (Resolución 762-SRT-2013) a la que cabe considerar la normativa específica en la materia, claramente establece que la clasificación por grados tanto de la reacción vivencial anormal neurótica como del desorden mental orgánico post traumático debe realizarse mediante examen psiquiátrico y batería de test, en ese orden (cfr. Benabentos, Omar A., “Incumbencias profesionales de los médicos psiquiatras y los psicólogos en la determinación de la incapacidad psíquica en infortunios laborales”, Publicado en: LLGran Cuyo 2020 - abril). En situaciones similares la jurisprudencia del fuero ha resuelto que “La facultad de fijar el grado de incapacidad psiquiátrica solo es asignada al médico psiquiatra y, por lo tanto, no conferida a psicólogos, más allá de que haya sido una práctica frecuente en el fuero laboral que los peritos psicólogos evalúen la existencia de daño psíquico, pues el error de no advertir que son distintas incumbencias no excusa a que, advertido este, se deba adecuar el accionar procesal conforme a la ley objetiva‘, como asimismo que ‘La incapacidad psíquica —en el caso, en un juicio laboral— solo puede ser acreditada mediante pericial psiquiátrica y no psicológica, aun cuando en los casos de reacción vivencial anormal neurótica grados I y II se admita como tratamiento a la psicoterapia, pues una cosa es el tratamiento y otra muy distinta el diagnóstico y encuadre, reservado solo para el profesional psiquiatra.” (cfr. CTrabSanJuan, SalaI, 30/07/2019, “S., L. A. c. La Segunda Art SA s/ apelación de sentencia”, Publicado en: DT 2020 (abril) , 180, Con nota de Alberto Mansilla; Cita: TR LALEY AR/JUR/28840/2019). Y en igual línea de razonamiento, la doctrina médica entiende que “…En cuánto a pericias de trastornos psíquicos debe recordarse que el psicólogo no puede tratar un trastorno y esto quita puntaje de evaluación. Se debe pedir siempre un psiquiatra, sobre todo si hay estrés postraumático, fobias, depresión o secuelas psicosomáticas” (cfr. Antonio Paolasso, Médico perito, “La pericia médica judicial”). Sin embargo, la pericia médica se limita a decir que es “Es claro el desorden mental orgánico postraumático grado III. (25%)”, agregando que está desorientada en tiempo y espacio, no recuerda hechos importantes de su vida, no responde al interrogatorio, entiende la pregunta pero se queda mirando fijo al interlocutor, que su padre que se encuentra presente en este acto debe responder por ella, no es válida por sí misma, no se puede bañar ni cambiarse de ropa por si sola y que el padre debe higienizarla luego de ir de cuerpo y ayudarla en los más simples actos de su vida diaria. En este punto es necesario decir que la, pericia médica, informa que trabajadora presentó un neumotórax izquierdo que agravó su patología ventilatoria y coadyuvó a la hipoxia como eventual responsable de lesión cerebral; empero nada dice respecto de pruebas psicométricas y/o de psicodiagnóstico. Además, es la misma interesada, quien aporta el informe de la Clínica Francesa (actuación digital 24755486/24 de fecha 24/07/2024), en el que expresamente se refiere que “no ha consultado desde la última consulta al psiquiatra (…) se sugiere retomar tratamiento psiquiátrico” (19/06/2019). Entonces sin objetar las secuelas derivadas del siniestro aquí denunciado, lo cierto es que no existe prueba eficiente a los fines de tener por acreditado el desorden mental orgánico post traumático (grado III) en los términos baremados por la normativa vigente y aplicable. III. Sin perjuicio de lo determinado previamente, cabe decir que la máxima “iura curia novit” opera como una regla técnica de organización del debate procesal, conforme a la cual el juez tiene el deber imperativo de conocer y aplicar el derecho objetivo aplicable al caso, de modo connatural al principio dispositivo que reserva a las partes la aportación del sustrato fáctico. En este marco, mientras la fijación de los hechos es carga de los litigantes, en la indagación, subsunción y selección de la norma jurídica el tribunal no encuentra limitación alguna. (Grillo Ciocchini, P. A. (2011, junio). Los principios procesales y la regla iura novit curia (para repensar el proceso… repensemos el proceso) [Ponencia]. XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, Santa Fe, Argentina), Consecuentemente, la regla autoriza y exige al juzgador enderezar, adecuar y reencuadrar los planteos de las partes atendiendo al verdadero "bien de la vida" reclamado y a la modalidad de las pretensiones que emergen de la plataforma fáctica alegada y probada en la causa. En el caso concreto aquí en estudio, al promover la demanda, la trabajadora expuso con absoluta claridad los hechos constitutivos de su pretensión: la ocurrencia del grave accidente de trabajo in itinere en fecha 16/07/2018 y la nómina de las severas lesiones físicas y secuelas padecidas (politraumatismo grave, traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento, neumotórax izquierdo, fracturas expuestas y lesión estructural del plexo braquial) con un pronóstico médico desalentador que la incapacitaban de un modo permanente para el desarrollo de sus tareas laborales habituales. Estimó provisoriamente su incapacidad en un 56,12% de la TO, solicitando que se condene a la demandada al íntegro pago del capital reclamado y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. (actuación digital 15425538 de fecha 16/12/2020, subrayado me pertenece). Entonces, excluida la secuela psíquica; corresponde determinar la incapacidad de la actora sobre las secuelas físicas objetivadas en la pericia médica oficial (Limitación funcional hombro izquierdo: 31,00%; Lesión parcial del plexo braquial izquierdo: 30,00%; Limitación funcional rodilla izquierda: 14,00% y Limitación funcional rodilla derecha: 8,00%) Para realizar el cálculo, el recurrente invoca la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis en la causa "Sombra Sandra Mabel c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente o Enfermedad Laboral - Recurso de Casación" (Expte. Nº 297900/16, Sentencia Definitiva Nº 121/21 del 19/08/2021) En dicho precedente determinó que el método de la capacidad restante (o fórmula Balthazard) previsto en el Decreto 659/96 no resulta de aplicación automática ni generalizada para medir incapacidades derivadas de contingencias laborales. Dicho criterio presupone una disminución previa de la capacidad funcional y su operatividad queda circunscrita a tres supuestos legales taxativos: a) limitaciones anátomo-funcionales preexistentes registradas en el examen preocupacional, b) siniestros sucesivos, y c) evaluación del "gran siniestrado”. Tratándose en el sub lite de una trabajadora que sufrió un único accidente in itinere el 16/07/2018, sin minusvalías preexistentes, la capacidad anátomo-funcional se determina mediante la adición aritmética directa de los porcentajes de baremo otorgados a las lesiones físicas, arrojando un 94.3% (Limitación funcional hombro izquierdo: 31,00% + Lesión parcial del plexo braquial izquierdo: 30,00% +Limitación funcional rodilla izquierda: 14,00% + Limitación funcional rodilla derecha: 8,00% + Factores de Ponderación (+13%): Tipo de actividad (10%) + Edad (3%): 93,79%). Pero, si se aplicara la CRR en cascada (por considerar a Gatica “gran siniestrada” y excluido el 40 % de la secuela psíquica) lo cierto es que, el cómputo físico arroja un subtotal del 61,78%, el que incrementado por los factores de ponderación asciende al 70,42% de la T.O. Es decir, que en el especifico caso de autos, bajo cualquiera de las dos metodologías de cálculo derivadas del precedente "Sombra", la minusvalía física de la trabajadora supera holgadamente el umbral del 66% de la TO En este punto se advierte que la actora al momento de presentar la liquidación cuantitativa provisoria, la encuadró en la fórmula del art 14, ap. 2, inciso b) de la Ley 24.557 (reservada para incapacidades parciales del 50% al 66%), solicitando en paralelo la compensación adicional de pago único del art 11, ap. 4 (que en la sentencia aclaratoria de grado fue erróneamente rotulada bajo el inciso a). Habiéndose acreditado que las secuelas físicas que se mantienen (excluido el 40% psiquiátrico) generan una minusvalía anátomo-funcional que supera holgadamente el 66% de la Total Obrera (alcanzando el 94.3% por suma directa bajo la doctrina del precedente "Sombra" del STJSL, o el 70,42% en cascada desde la capacidad plena); consecuentemente la subsunción del caso en el art. 14 inc. 2.b resulta jurídicamente errónea. Por lo dicho y por estricta aplicación del iura novit curia, este Tribunal debe ajustar la calificación de la condena a las normas que verdaderamente rigen el cuadro fáctico probado - no controvertido por la demandada-, declarando que la trabajadora padece una Incapacidad Laboral Permanente Total (ILPT), correspondiéndole la prestación del régimen de invalidez total. (art. 15 ley 24557) y rectificar la compensación dineraria adicional de pago único al art. 11, ap.4, inc b ley 24557 (previsto expresamente para incapacidades totales superiores al 66%), subsanando la equivocada mención al inciso a) que determinó la aclaratoria dispuesta en el A.I. de fecha 31/03/2026 (actuación digital 29937613) Esta readecuación legal no altera la plataforma fáctica ni la causa petendi, respeta el principio de congruencia y garantiza los principios de tutela judicial efectiva y reparación justa e integral (arts. 14 bis y 18 C.N.). IV- Respecto del segundo agravio de la actora (art. 17, ap. 2 LRT), entiendo que es procedente, atento a que la necesidad de auxilio continuo e indispensable de terceros para los actos elementales de la vida (higiene personal: baño y aseo, vestimenta, deambulación con bastón, alimentación de sólidos, expresión verbal y orientación temporo-espacial) quedó plenamente probada en las aclaraciones del dictamen médico oficial y constituye una consecuencia directa y causal de las severas lesiones físicas denunciadas desde el inicio de la litis. En efecto, se señaló que, requiere asistencia para: • higiene personal: necesidad imperiosa de asistencia de terceros para bañarse y asearse tras orinar o defecar, - vestimentas: incapacidad para vestirse y desvestirse por sí misma, - deambulación y traslado: marcha patológica lenta con rodillas dobladas, requerimiento continuo de auxilio de terceros y uso de bastón para cortas distancias, con arrastre de pies, - alimentación: necesidad de asistencia para la ingesta diaria de alimentos sólidos, - comunicación y cognición: dificultades para expresarse, articular ideas e interactuar verbalmente a raíz de la anoxia/hipoxia cerebral sufrida durante el coma prolongado (Glasgow 4/15), presentando episodios de desorientación temporo-espacial que exigen la presencia permanente de un familiar para mantener una conversación coherente. Resulta innegable la condición de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la Sra. Gatica, como consecuencia del accidente in itinere sufrido, imponiendo a este Tribunal el deber de aplicar justicia con un sentido eminentemente humano. Resulta relevante los estándares fijados por la CIDH en su Opinión Consultiva OC-31/25 (12/06/2025), en la cual el Tribunal Interamericano reconoció de manera categórica la existencia del derecho humano al cuidado como un derecho autónomo, integrado por tres dimensiones interrelacionadas: el derecho a cuidar, el derecho a auto cuidarse y el derecho a ser cuidado. Respecto de esta última dimensión (el derecho a ser cuidado), la Corte IDH precisó que este derecho asiste a toda persona en situación de dependencia o vulnerabilidad severa para exigir del Estado y de la sociedad las prestaciones, apoyos y recursos materiales o económicos indispensables para sostener su vida con dignidad (arts. 4, 5, 11 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH). Puede afirmarse que, el estado de Gran Invalidez (art. 17, ap. 1 de la Ley 24.557), constituye la manifestación, en el derecho interno, del derecho humano a ser cuidado. Al acreditarse la imposibilidad fáctica de la trabajadora para ejecutar de forma autónoma las actividades de la vida diaria—higiene, vestimenta, deambulación y alimentación—, la prestación dineraria mensual, crónica y vitalicia del artículo 17, apartado 2 de la LRT no opera como una simple adición indemnizatoria, sino como la garantía económica que posibilita la asistencia continua e indispensable de terceros, materializando el mandato convencional de aseguramiento del cuidado humano. En tal lineamiento, la jurisprudencia convencional ha dicho que: “…a) Las personas con discapacidad o en situación de dependencia extrema gozan de un derecho a la tutela judicial preferente y reforzada, que exige a los magistrados actuar con celeridad excepcional y flexibilidad formal; b) la falta de otorgamiento oportuno e integral de las prestaciones de apoyo genera una agravación del daño y una revictimización que compromete la responsabilidad internacional del Estado; y c) el sistema de justicia debe priorizar la efectividad de la respuesta biológica y asistencial por encima de los rigorismos procesales o las discusiones de sobre encuadre de la demanda originaria. (Corte IDH, en el precedente "Furlan y Familiares vs. Argentina"- Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 31/08/2012, Serie C Nº 246). Cobra singular relevancia la doctrina institucional fijada por el propio Superior Tribunal de Justicia de San Luis, el cual, a través del Acuerdo Nº 148-STJSL-SA-2026, dispuso remitir a todo el personal del Poder Judicial de la Provincia las Reglas "Papa Francisco" para el trato humano de personas excluidas como pautas orientativas de buenas prácticas. Dichas directrices indican a los operadores jurídicos superar los esquemas de estricto rigor formalista para centrar la función jurisdiccional en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona concreta, desterrando la "cultura del descarte" (Fratelli Tutti, n. 22) y evitando que la tramitación procesal o las omisiones burocráticas se transformen en una fuente adicional de sufrimiento para la víctima y su entorno familiar. Este mandato del STJ provincial se complementa armónicamente con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Acordadas CSJN 5/2009 y 28/2018; Acordada STJ San Luis 156/2009), cuyas Reglas 3, 4 y 7 definen la vulnerabilidad por discapacidad e imponen la flexibilización de las formas procesales (Reglas 25 y 31) para asegurar una tutela judicial efectiva (Regla 85) y el pleno goce de los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 19 y 28, Leyes 26.378 y 27.044) y el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional. Entonces, en merito a la vulnerabilidad de la actora, subordinar el reconocimiento de la Gran Invalidez o denegar la prestación mensual correspondiente, alegando defectos de técnica en la formulación de la demanda originaria constituiría un rigorismo formal frustratorio de derechos fundamentales, implicaría privar a la víctima del derecho humano esencial a recibir cuidados, sometiéndola a un menoscabo de su integridad personal contrario a las directrices orientativas del Acuerdo Nº 148-STJSL-SA-2026 y a la tutela convencional aplicable que la jurisprudencia interamericana manda a erradicar Por tanto, corresponde declarar la condición de Gran Invalidez de la Sra. Brenda Alejandra Gatica y condenar a Experta ART S.A. al pago de la prestación dineraria de pago mensual, crónica y vitalicia prevista en el artículo 17, ap 2 de la Ley 24.557, la que se devengará desde la fecha de consolidación del daño y se mantendrá durante toda la vida de la beneficiaria. IV. Finalmente, se advierte que la juez a-quo estructuró el esquema de actualización del IBM por el índice RIPTE conforme a la metodología establecida en las Resoluciones SSN 1039/19 y 332/23, que reglamentan el art. 12 LRT modificado por el DNU 669/19, siguiendo los lineamientos del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia en el caso "Wojtowicz Noelia Cecilia c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente y/o Enfermedad Laboral – Recurso de Casación", Exp Nº 375196/21.- En ese fallo el Superior Tribunal estableció que “…la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella” (CSJN, Fallos: 344:3070, 345:1238). Luego, aun concediendo que la ley no proporcionó un método claro al respecto, no surgen elementos que justifiquen apartarse del señalado por la Superintendencia de Seguros de la Nación -organismo que cuenta con la capacidad técnica para reglamentar el decreto 669 del 27/09/2019- que fue adoptado con la finalidad de mantener un criterio unívoco y evitar dilaciones en el procedimiento del cálculo de intereses (Considerando de la mentada resolución 1039 /2019). …” (STJ Córdoba – “Romero, Liliana Noemí c. Asociart S.A. ART s/ procedimiento declarativo abreviado - ley de riesgos” • 30/05/2024- TR LALEY AR/JUR/72839/2024)…” (cfr. STJSL-S.J.-S.D. N° 185/24).- Y en fecha reciente el Máximo Tribunal Provincial ha ratificado la doctrina sentada en el fallo ‘Wojtowicz’ al confirmar una sentencia dictada por la Sala Laboral 1 que dispuso la aplicación de las resoluciones mencionadas en autos: “Farias Marcos Daniel C/ Swiss Medical ART S.A. S/ Accidente o Enfermedad Laboral -Recurso de Casación-” - EXP N° 351454/19 (cfr. STJSL-S.J. – S.D. Nº 105/26); por ende, el agravio no puede prosperar. Lo mismo sucede respecto al pedido de aplicación del art. 55 de la Ley 27.802 porque la acción promovida en autos tiene por objeto la reparación de una contingencia prevista en el régimen especial previsto por la Ley 24.557 y sus modificatorias, el cual constituye un sistema normativo autónomo que regula de manera integral los presupuestos, las prestaciones y los mecanismos indemnizatorios derivados de los infortunios laborales. En tales condiciones, no corresponde extender a este ámbito las reformas introducidas al régimen general del contrato de trabajo, sino que se impone la aplicación de la normativa específica salvo que existiera una remisión expresa o un vacío normativo compatible con la estructura del sistema especial, extremos que no se verifican en el caso. En efecto, el art. 55 de la Ley 27.802 no modifica la Ley 24.557 ni dispone su aplicación a las acciones fundadas en el régimen de riesgos del trabajo. En consecuencia, disponer su aplicación al presente caso implicaría alterar, por vía interpretativa, un sistema indemnizatorio especial que el legislador ha mantenido con regulación propia. Por las razones expuestas, voto a esta primera cuestión parcialmente por la afirmativa. A ESTA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Néstor Marcelo Milán dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. Estela Inés Bustos vota en igual sentido que ésta. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Estela Inés Bustos dijo: Que tal como he votado la cuestión anterior de ser compartido mi voto propongo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el actor en ESCEXT 29790479 de fecha 12/03/2026 y receptar el recurso incoado por la demandada en ESCEXT 29830954 de fecha 17/03/2026 con costas por su orden en mérito a os vencimientos mutuos y recíprocos (art. 111, C.P.L.). 2) Modificar parcialmente la sentencia apelada, en su mérito: i) Declarar que las secuelas físicas acreditadas configuran una Incapacidad Laboral Permanente Total (ILPT), condenando a la demandada al pago de la prestación del artículo 15, apartado 2 de la Ley 24.557, ii) Condenar a Experta ART S.A. a abonar a la actora la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el artículo 11, apartado 4, inciso b) de la Ley 24.557. iii) Declarar la condición de GRAN INVALIDEZ de la Sra. Brenda Alejandra GATICA y CONDENAR a EXPERTA ART S.A. a abonarle la prestación dineraria de pago mensual, crónica y vitalicia prevista en el artículo 17, apartado 2 de la Ley 24.557 3) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes de ambas partes en el cuarenta por ciento (40%) del monto firme que se regule en primera instancia, por el carácter de apoderado y patrocinante respectivamente (art. 14 de la Ley Nº IV-0910-2014). Así lo voto. A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Néstor Marcelo Milán dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. Estela Inés Bustos vota en igual sentido que ésta. San Luis, seis de octubre de dos mil veintiséis. Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el actor en ESCEXT 29790479 de fecha 12/03/2026 y receptar el recurso incoado por la demandada en ESCEXT 29830954 de fecha 17/03/2026 con costas por su orden en mérito a os vencimientos mutuos y recíprocos (art. 111, C.P.L.). 2) Modificar parcialmente la sentencia apelada, en su mérito: i) Declarar que las secuelas físicas acreditadas configuran una Incapacidad Laboral Permanente Total (ILPT), condenando a la demandada al pago de la prestación del artículo 15, apartado 2 de la Ley 24.557, ii) Condenar a Experta ART S.A. a abonar a la actora la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el artículo 11, apartado 4, inciso b) de la Ley 24.557. iii) Declarar la condición de GRAN INVALIDEZ de la Sra. Brenda Alejandra GATICA y CONDENAR a EXPERTA ART S.A. a abonarle la prestación dineraria de pago mensual, crónica y vitalicia prevista en el artículo 17, apartado 2 de la Ley 24.557 3) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes de ambas partes en el cuarenta por ciento (40%) del monto firme que se regule en primera instancia, por el carácter de apoderado y patrocinante respectivamente (art. 14 de la Ley Nº IV-0910-2014). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OPORTUNAMENTE BAJEN. EXP 364617/20 "GATICA BRENDA ALEJANDRA C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL DOCUMENTAL N° 3049" R.L.602/2026-SL2. En la Ciudad de San Luis, a seis días del mes de octubre del año dos mil veintiséis, reunidos en su Sala de Acuerdos los magistrados de la Sala Laboral 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por los Dres. Néstor Marcelo Milán y Estela Inés Bustos de acuerdo con lo dispuesto mediante Acuerdo 373/2021 del Superior Tribunal de Justicia, fueron traídos para dictar sentencia los autos: “GATICA BRENDA ALEJANDRA C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL”. EXP 364617/20. Que habiéndose practicado el sorteo que determina el artículo 123 del Código Procesal Laboral de la Provincia con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiséis, resultó de ello que debían votar en el siguiente orden: 1º) Dra. Estela Inés Bustos, 2º) Dr. Néstor Marcelo Milán. Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Estela Inés Bustos dijo: I. En fecha 11/03/2026 (actuación digital 29772486) se dicta sentencia de primera instancia oportunidad en la que se declara la inconstitucionalidad de los arts.6, 8, 21, 22, 46, ley 24.557, Res 414/99, art. 9 Ley 26.773; se tiene por abstracto el planteo de inconstitucionalidad art. 4 Ley 25.561y art 10 Ley 23928. Rechaza la inconstitucionalidad del art. 3 Ley 26773 y la impugnación a la pericia médica, conforme lo expuesto. Hace lugar a la acción incoada por GATICA BRENDA ALEJANDRA contra EXPERTA ART S.A, a quien condena a indemnizar al actor una minusvalía del 85,85% de la T.O, art 14 Ley 24.557, sin el 20% art. 3 ley 26.773. (ver dec 9/9/2025), determina que la liquidación ordenada precedentemente deberá ser practicada por las partes cumpliendo con lo previsto por el art. 12 de la L.R.T., vigente al momento del accidente. A tal efecto deberá calcularse el IBM actualizando con RIPTE los salarios correspondientes al año anterior a la interposición de la demanda, o tiempo de la prestación del servicio si fuera menor; desde que cada salario debió ser abonado hasta la fecha de la interposición de la demanda, promediando y dividiendo el resultado por 12 (art. 12 inc. 1); calculando luego el interés devengado por el IBM conforme art. 12 inc. 2), según Decreto 669/2019, conf. Resolución 1039/2019 y 332/2023. El resultado así obtenido debe ingresarse en la fórmula establecida en el art. 14 inc. 2 apartado “A” de la L.R.T. Finalmente a partir de la mora en el pago de la indemnización, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 12 inc. 3, conf. Dec. 669/2019).- 8) Con costas al vencido, Art. 111 C.P.L. En fecha 31/03/2026 (actuación digital 29937613) dicta auto interlocutorio aclaratoria de la sentencia, y dice que, respecto a la aplicación del piso indemnizatorio, deberá tomarse el piso mínimo a la fecha del accidente que era 1569,865, (nota que la determina la 6026/18), y a esto deberá aplicarse el 85,85% de inc. 2). La suma adicional de pago único, del art 11, ap 4- 2, ley 24557, atento que el porcentaje de incapacidad otorgado por sentencia excede el 50% corresponde su pago. Contra dicho pronunciamiento se alza en primer término el actor quien deduce apelación mediante ESCEXT 29790479 de fecha 12/03/2026, sosteniendo su recurso en el memorial agregado en ESCEXT 30682119 de fecha 26/06/2026.Sustanciado el mismo, es contestado por la demandada en ESCEXT 30682119 de fecha 30/06/2026. El recurrente cuestiona el porcentaje de incapacidad laboral permanente fijado en el 85,85%. Fundamenta que la sentenciante de grado aplicó erróneamente el método de la CRR para ponderar secuelas polifuncionales derivadas de un único siniestro. Invoca doctrina jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia de San Luis (precedente "Sombra") para sostener que dicho criterio tarifario solo resulta operativo ante minusvalías preexistentes o siniestros sucesivos. En consecuencia, postula que al adicionarse de forma directa los porcentajes de incapacidad física y psíquica diagnosticados por la peritación médica (116%), corresponde fijar el tope legal correspondiente al 100% de incapacidad laboral total y permanente. Luego se agravia porque la a quo no declaró el estado de gran invalidez en los términos del art. 17 de la Ley 24.557. Destaca que, en la etapa de aclaraciones, la perita médica oficial ratificó que requiere de asistencia continua e indispensable de terceros para la ejecución de los actos elementales de la vida diaria. Agrega que la sentencia prescinde de las conclusiones del dictamen pericial sin invocar fundamentos científicos objetivos de superior entidad, incurriendo en un apartamiento arbitrario de la prueba dirimente y vulnerando las reglas de la sana crítica racional. Impugna la sentencia, consecuentemente, por omitir la condena a abonar la prestación dineraria adicional de pago único contemplada en el art. 11, ap. 4, inc. b de la Ley 24.557, la cual resulta de aplicación obligatoria para incapacidades permanentes superiores al 66%. Asimismo, denuncia la falta de condena al pago de la prestación mensual y crónica por Gran Invalidez regulada en el art. 17 de la norma legal citada, señalando la incorrección jurídica de remitir dicha obligación al ámbito de la ANSES, cuando la responsabilidad prestacional recae exclusivamente sobre la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Critica la tasa de interés simple aplicada mediante la Res. SSN 332/23 (modificatoria de la Res. SSN 1039/19), alegando que distorsiona la sustancia del DNU 669/19 y produce una licuación confiscatoria del crédito indemnizatorio frente a la depreciación monetaria. Reclama la aplicación directa del DNU 669/19 a fin de ajustar el Ingreso Base Mensual mediante la variación acumulativa del índice RIPTE desde la primera manifestación invalidante hasta el efectivo pago, con más un interés moratorio/compensatorio. Con carácter subsidario, formula planteos de capitalización periódica de intereses (art. 770 inc. b del CCyCN), reporcentualización mediante índices UVA, CER o IPC, o la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7° de la Ley 23.928 y 12 de la Ley 24.557 para resguardar la intangibilidad de la deuda de valor. Solicita en subsidio la aplicación inmediata del art. 55 de la Ley 27.802 (Modernización Laboral) por tratarse de una norma de orden público imperativa para juicios pendientes de sentencia definitiva. Pide que se liquide el crédito disponiendo como límite inferior infranqueable el 67% de la suma resultante de actualizar el capital histórico por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual II. Por su parte, la demandada dedujo apelación mediante ESCEXT 29830954 de fecha 17/03/2026, que funda a través del memorial que luce agregado en ESCEXT 30854778 de fecha 21/07/2026 presentación que fuera contestada por el actor a través del escrito glosado en ESCEXT 30932122 de fecha 29/07/2026. La demandada cuestiona la asignación del 40% de incapacidad por "Desorden mental orgánico postraumático grado III", por constituir la secuela individual de mayor peso en la liquidación. Argumenta que, al responder el punto pericial específico sobre daño psíquico, la perita médica consignó expresamente que "se requiere de psicodiagnóstico". Sin embargo, sin que conste la realización o incorporación de dicho estudio, fijó un 40% de incapacidad, incurriendo en una evidente autocontradicción omitida por la sentenciante. Manifiesta que la sentencia pretendió cubrir esa falencia remitiéndose al informe de la Clínica Francesa, el cual es inidóneo a tal fin dado que dicho centro médico solo brindó atenciones traumatológicas y quirúrgicas, sin realizar una evaluación psiquiátrica ni neuropsicológica con metodología ni porcentaje. Entonces, se agravia porque la pericia incumplió el Anexo I del Decreto 659/96 (Baremo de la Ley 24.557), norma imperativa que exige "en todos los casos" la concurrencia de cuatro estudios objetivos para encuadrar el Grado III de dicha patología: 1) exploración neurológica, 2) tomografía o resonancia (TAC/RMN), 3) electroencefalograma y 4) pruebas psicométricas. Al no haberse realizado ni acompañado ninguno de estos cuatro estudios, la cuantificación asignada padece de un defecto de encuadre normativo insubsanable. Alega, también, que la jueza de grado rechazó la impugnación con una mera remisión dogmática a "las conclusiones de la forense y la magnitud de las lesiones", eludiendo el deber de analizar si la pericia cumplía con las pautas de validez técnica y científica que exige el art. 477 del CPC. II. Así planteada la cuestión, por lógica procesal se analizará en primer lugar el agravo de la demandada. El actor denuncia que como una secuela psíquica el “Desorden mental orgánico postraumático grado III”, para cuyo diagnóstico el Baremo 659/96 establece que debe tenerse en cuenta que: “La cefalea es intensa y palpitante, se agrava con la posición horizontal y se exacerba con el esfuerzo físico, mental y la excitación, y mejora con el reposo y la quietud. Hay mareos por los cambios de posición, a veces nebulosidad momentánea de la visión de carácter sincopal, intolerancia al calor, tabaco y alcohol. Aparecen trastornos disfásicos en el lenguaje, pérdida de jerarquía del pensamiento, perseveración. Defectos en la concentración, percepción, comprensión y memoria. Hay intolerancia a los ruidos, litigante, temerosa, aprensiva, hipocondríacas. Las exploraciones neurológicas, tomográficas, electroencefalográficas y psicométricas presentan en todos los casos alteraciones orgánicas francas.” En el caso de la Reacción Vivencial Anormal Neurótica (RVAN), grado III el baremo explica que se trata de patologías que “…Requieren un tratamiento más intensivo. Hay remisión de los síntomas más agudos antes de tres meses. Se verifican trastornos de memoria y concentración durante el examen psiquiátrico y psicodiagnóstico. Las formas de presentación son desde la depresión, las crisis conversivas, las crisis de pánico, fobias y obsesiones. Son reversibles con el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado. Al año continúan los controles…”. Como puede apreciarse, ya sea que se trate de un desorden mental orgánico post traumático (grado III) o una reacción vivencial anormal neurótica (grado III) no basta solamente con un psicodiagnóstico, sino que también se debe realizar examen o evaluación por parte de un médico psiquiatra. Es por ello que esta Sala en casos anteriores ha resuelto que en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo la determinación del daño psíquico se encuentra reservada a profesionales médicos psiquiatras (cfr. R.R. 26/2023-SL2, autos: "Cuevas Castillo Fabian Marcelo C/ Asociart A.R.T. S.A. S/ Accidente o Enfermedad Laboral", EXP 356696/20).- Es lo que surge de la letra del Baremo dec. 659/1996, en tanto contiene un capítulo destinado a la "Siquiatría" que prevé cuales son las lesiones siquiátricas que deben ser evaluadas y además aclara que las “enfermedades psicopatológicas”–de las que sí cabe reputar como una rama compartida entre la psicología y la psiquiatría– no son motivo de resarcimiento económico, pues las valora como preexistentes por considerar que tienen una base estructural, con lo cual cabe concluir que estas son preexistentes. Por su parte, el protocolo de prestaciones médicas en psiquiatría (Resolución 762-SRT-2013) a la que cabe considerar la normativa específica en la materia, claramente establece que la clasificación por grados tanto de la reacción vivencial anormal neurótica como del desorden mental orgánico post traumático debe realizarse mediante examen psiquiátrico y batería de test, en ese orden (cfr. Benabentos, Omar A., “Incumbencias profesionales de los médicos psiquiatras y los psicólogos en la determinación de la incapacidad psíquica en infortunios laborales”, Publicado en: LLGran Cuyo 2020 - abril). En situaciones similares la jurisprudencia del fuero ha resuelto que “La facultad de fijar el grado de incapacidad psiquiátrica solo es asignada al médico psiquiatra y, por lo tanto, no conferida a psicólogos, más allá de que haya sido una práctica frecuente en el fuero laboral que los peritos psicólogos evalúen la existencia de daño psíquico, pues el error de no advertir que son distintas incumbencias no excusa a que, advertido este, se deba adecuar el accionar procesal conforme a la ley objetiva‘, como asimismo que ‘La incapacidad psíquica —en el caso, en un juicio laboral— solo puede ser acreditada mediante pericial psiquiátrica y no psicológica, aun cuando en los casos de reacción vivencial anormal neurótica grados I y II se admita como tratamiento a la psicoterapia, pues una cosa es el tratamiento y otra muy distinta el diagnóstico y encuadre, reservado solo para el profesional psiquiatra.” (cfr. CTrabSanJuan, SalaI, 30/07/2019, “S., L. A. c. La Segunda Art SA s/ apelación de sentencia”, Publicado en: DT 2020 (abril) , 180, Con nota de Alberto Mansilla; Cita: TR LALEY AR/JUR/28840/2019). Y en igual línea de razonamiento, la doctrina médica entiende que “…En cuánto a pericias de trastornos psíquicos debe recordarse que el psicólogo no puede tratar un trastorno y esto quita puntaje de evaluación. Se debe pedir siempre un psiquiatra, sobre todo si hay estrés postraumático, fobias, depresión o secuelas psicosomáticas” (cfr. Antonio Paolasso, Médico perito, “La pericia médica judicial”). Sin embargo, la pericia médica se limita a decir que es “Es claro el desorden mental orgánico postraumático grado III. (25%)”, agregando que está desorientada en tiempo y espacio, no recuerda hechos importantes de su vida, no responde al interrogatorio, entiende la pregunta pero se queda mirando fijo al interlocutor, que su padre que se encuentra presente en este acto debe responder por ella, no es válida por sí misma, no se puede bañar ni cambiarse de ropa por si sola y que el padre debe higienizarla luego de ir de cuerpo y ayudarla en los más simples actos de su vida diaria. En este punto es necesario decir que la, pericia médica, informa que trabajadora presentó un neumotórax izquierdo que agravó su patología ventilatoria y coadyuvó a la hipoxia como eventual responsable de lesión cerebral; empero nada dice respecto de pruebas psicométricas y/o de psicodiagnóstico. Además, es la misma interesada, quien aporta el informe de la Clínica Francesa (actuación digital 24755486/24 de fecha 24/07/2024), en el que expresamente se refiere que “no ha consultado desde la última consulta al psiquiatra (…) se sugiere retomar tratamiento psiquiátrico” (19/06/2019). Entonces sin objetar las secuelas derivadas del siniestro aquí denunciado, lo cierto es que no existe prueba eficiente a los fines de tener por acreditado el desorden mental orgánico post traumático (grado III) en los términos baremados por la normativa vigente y aplicable. III. Sin perjuicio de lo determinado previamente, cabe decir que la máxima “iura curia novit” opera como una regla técnica de organización del debate procesal, conforme a la cual el juez tiene el deber imperativo de conocer y aplicar el derecho objetivo aplicable al caso, de modo connatural al principio dispositivo que reserva a las partes la aportación del sustrato fáctico. En este marco, mientras la fijación de los hechos es carga de los litigantes, en la indagación, subsunción y selección de la norma jurídica el tribunal no encuentra limitación alguna. (Grillo Ciocchini, P. A. (2011, junio). Los principios procesales y la regla iura novit curia (para repensar el proceso… repensemos el proceso) [Ponencia]. XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, Santa Fe, Argentina), Consecuentemente, la regla autoriza y exige al juzgador enderezar, adecuar y reencuadrar los planteos de las partes atendiendo al verdadero "bien de la vida" reclamado y a la modalidad de las pretensiones que emergen de la plataforma fáctica alegada y probada en la causa. En el caso concreto aquí en estudio, al promover la demanda, la trabajadora expuso con absoluta claridad los hechos constitutivos de su pretensión: la ocurrencia del grave accidente de trabajo in itinere en fecha 16/07/2018 y la nómina de las severas lesiones físicas y secuelas padecidas (politraumatismo grave, traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento, neumotórax izquierdo, fracturas expuestas y lesión estructural del plexo braquial) con un pronóstico médico desalentador que la incapacitaban de un modo permanente para el desarrollo de sus tareas laborales habituales. Estimó provisoriamente su incapacidad en un 56,12% de la TO, solicitando que se condene a la demandada al íntegro pago del capital reclamado y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. (actuación digital 15425538 de fecha 16/12/2020, subrayado me pertenece). Entonces, excluida la secuela psíquica; corresponde determinar la incapacidad de la actora sobre las secuelas físicas objetivadas en la pericia médica oficial (Limitación funcional hombro izquierdo: 31,00%; Lesión parcial del plexo braquial izquierdo: 30,00%; Limitación funcional rodilla izquierda: 14,00% y Limitación funcional rodilla derecha: 8,00%) Para realizar el cálculo, el recurrente invoca la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis en la causa "Sombra Sandra Mabel c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente o Enfermedad Laboral - Recurso de Casación" (Expte. Nº 297900/16, Sentencia Definitiva Nº 121/21 del 19/08/2021) En dicho precedente determinó que el método de la capacidad restante (o fórmula Balthazard) previsto en el Decreto 659/96 no resulta de aplicación automática ni generalizada para medir incapacidades derivadas de contingencias laborales. Dicho criterio presupone una disminución previa de la capacidad funcional y su operatividad queda circunscrita a tres supuestos legales taxativos: a) limitaciones anátomo-funcionales preexistentes registradas en el examen preocupacional, b) siniestros sucesivos, y c) evaluación del "gran siniestrado”. Tratándose en el sub lite de una trabajadora que sufrió un único accidente in itinere el 16/07/2018, sin minusvalías preexistentes, la capacidad anátomo-funcional se determina mediante la adición aritmética directa de los porcentajes de baremo otorgados a las lesiones físicas, arrojando un 94.3% (Limitación funcional hombro izquierdo: 31,00% + Lesión parcial del plexo braquial izquierdo: 30,00% +Limitación funcional rodilla izquierda: 14,00% + Limitación funcional rodilla derecha: 8,00% + Factores de Ponderación (+13%): Tipo de actividad (10%) + Edad (3%): 93,79%). Pero, si se aplicara la CRR en cascada (por considerar a Gatica “gran siniestrada” y excluido el 40 % de la secuela psíquica) lo cierto es que, el cómputo físico arroja un subtotal del 61,78%, el que incrementado por los factores de ponderación asciende al 70,42% de la T.O. Es decir, que en el especifico caso de autos, bajo cualquiera de las dos metodologías de cálculo derivadas del precedente "Sombra", la minusvalía física de la trabajadora supera holgadamente el umbral del 66% de la TO En este punto se advierte que la actora al momento de presentar la liquidación cuantitativa provisoria, la encuadró en la fórmula del art 14, ap. 2, inciso b) de la Ley 24.557 (reservada para incapacidades parciales del 50% al 66%), solicitando en paralelo la compensación adicional de pago único del art 11, ap. 4 (que en la sentencia aclaratoria de grado fue erróneamente rotulada bajo el inciso a). Habiéndose acreditado que las secuelas físicas que se mantienen (excluido el 40% psiquiátrico) generan una minusvalía anátomo-funcional que supera holgadamente el 66% de la Total Obrera (alcanzando el 94.3% por suma directa bajo la doctrina del precedente "Sombra" del STJSL, o el 70,42% en cascada desde la capacidad plena); consecuentemente la subsunción del caso en el art. 14 inc. 2.b resulta jurídicamente errónea. Por lo dicho y por estricta aplicación del iura novit curia, este Tribunal debe ajustar la calificación de la condena a las normas que verdaderamente rigen el cuadro fáctico probado - no controvertido por la demandada-, declarando que la trabajadora padece una Incapacidad Laboral Permanente Total (ILPT), correspondiéndole la prestación del régimen de invalidez total. (art. 15 ley 24557) y rectificar la compensación dineraria adicional de pago único al art. 11, ap.4, inc b ley 24557 (previsto expresamente para incapacidades totales superiores al 66%), subsanando la equivocada mención al inciso a) que determinó la aclaratoria dispuesta en el A.I. de fecha 31/03/2026 (actuación digital 29937613) Esta readecuación legal no altera la plataforma fáctica ni la causa petendi, respeta el principio de congruencia y garantiza los principios de tutela judicial efectiva y reparación justa e integral (arts. 14 bis y 18 C.N.). IV- Respecto del segundo agravio de la actora (art. 17, ap. 2 LRT), entiendo que es procedente, atento a que la necesidad de auxilio continuo e indispensable de terceros para los actos elementales de la vida (higiene personal: baño y aseo, vestimenta, deambulación con bastón, alimentación de sólidos, expresión verbal y orientación temporo-espacial) quedó plenamente probada en las aclaraciones del dictamen médico oficial y constituye una consecuencia directa y causal de las severas lesiones físicas denunciadas desde el inicio de la litis. En efecto, se señaló que, requiere asistencia para: • higiene personal: necesidad imperiosa de asistencia de terceros para bañarse y asearse tras orinar o defecar, - vestimentas: incapacidad para vestirse y desvestirse por sí misma, - deambulación y traslado: marcha patológica lenta con rodillas dobladas, requerimiento continuo de auxilio de terceros y uso de bastón para cortas distancias, con arrastre de pies, - alimentación: necesidad de asistencia para la ingesta diaria de alimentos sólidos, - comunicación y cognición: dificultades para expresarse, articular ideas e interactuar verbalmente a raíz de la anoxia/hipoxia cerebral sufrida durante el coma prolongado (Glasgow 4/15), presentando episodios de desorientación temporo-espacial que exigen la presencia permanente de un familiar para mantener una conversación coherente. Resulta innegable la condición de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la Sra. Gatica, como consecuencia del accidente in itinere sufrido, imponiendo a este Tribunal el deber de aplicar justicia con un sentido eminentemente humano. Resulta relevante los estándares fijados por la CIDH en su Opinión Consultiva OC-31/25 (12/06/2025), en la cual el Tribunal Interamericano reconoció de manera categórica la existencia del derecho humano al cuidado como un derecho autónomo, integrado por tres dimensiones interrelacionadas: el derecho a cuidar, el derecho a auto cuidarse y el derecho a ser cuidado. Respecto de esta última dimensión (el derecho a ser cuidado), la Corte IDH precisó que este derecho asiste a toda persona en situación de dependencia o vulnerabilidad severa para exigir del Estado y de la sociedad las prestaciones, apoyos y recursos materiales o económicos indispensables para sostener su vida con dignidad (arts. 4, 5, 11 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH). Puede afirmarse que, el estado de Gran Invalidez (art. 17, ap. 1 de la Ley 24.557), constituye la manifestación, en el derecho interno, del derecho humano a ser cuidado. Al acreditarse la imposibilidad fáctica de la trabajadora para ejecutar de forma autónoma las actividades de la vida diaria—higiene, vestimenta, deambulación y alimentación—, la prestación dineraria mensual, crónica y vitalicia del artículo 17, apartado 2 de la LRT no opera como una simple adición indemnizatoria, sino como la garantía económica que posibilita la asistencia continua e indispensable de terceros, materializando el mandato convencional de aseguramiento del cuidado humano. En tal lineamiento, la jurisprudencia convencional ha dicho que: “…a) Las personas con discapacidad o en situación de dependencia extrema gozan de un derecho a la tutela judicial preferente y reforzada, que exige a los magistrados actuar con celeridad excepcional y flexibilidad formal; b) la falta de otorgamiento oportuno e integral de las prestaciones de apoyo genera una agravación del daño y una revictimización que compromete la responsabilidad internacional del Estado; y c) el sistema de justicia debe priorizar la efectividad de la respuesta biológica y asistencial por encima de los rigorismos procesales o las discusiones de sobre encuadre de la demanda originaria. (Corte IDH, en el precedente "Furlan y Familiares vs. Argentina"- Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 31/08/2012, Serie C Nº 246). Cobra singular relevancia la doctrina institucional fijada por el propio Superior Tribunal de Justicia de San Luis, el cual, a través del Acuerdo Nº 148-STJSL-SA-2026, dispuso remitir a todo el personal del Poder Judicial de la Provincia las Reglas "Papa Francisco" para el trato humano de personas excluidas como pautas orientativas de buenas prácticas. Dichas directrices indican a los operadores jurídicos superar los esquemas de estricto rigor formalista para centrar la función jurisdiccional en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona concreta, desterrando la "cultura del descarte" (Fratelli Tutti, n. 22) y evitando que la tramitación procesal o las omisiones burocráticas se transformen en una fuente adicional de sufrimiento para la víctima y su entorno familiar. Este mandato del STJ provincial se complementa armónicamente con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Acordadas CSJN 5/2009 y 28/2018; Acordada STJ San Luis 156/2009), cuyas Reglas 3, 4 y 7 definen la vulnerabilidad por discapacidad e imponen la flexibilización de las formas procesales (Reglas 25 y 31) para asegurar una tutela judicial efectiva (Regla 85) y el pleno goce de los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 19 y 28, Leyes 26.378 y 27.044) y el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional. Entonces, en merito a la vulnerabilidad de la actora, subordinar el reconocimiento de la Gran Invalidez o denegar la prestación mensual correspondiente, alegando defectos de técnica en la formulación de la demanda originaria constituiría un rigorismo formal frustratorio de derechos fundamentales, implicaría privar a la víctima del derecho humano esencial a recibir cuidados, sometiéndola a un menoscabo de su integridad personal contrario a las directrices orientativas del Acuerdo Nº 148-STJSL-SA-2026 y a la tutela convencional aplicable que la jurisprudencia interamericana manda a erradicar Por tanto, corresponde declarar la condición de Gran Invalidez de la Sra. Brenda Alejandra Gatica y condenar a Experta ART S.A. al pago de la prestación dineraria de pago mensual, crónica y vitalicia prevista en el artículo 17, ap 2 de la Ley 24.557, la que se devengará desde la fecha de consolidación del daño y se mantendrá durante toda la vida de la beneficiaria. IV. Finalmente, se advierte que la juez a-quo estructuró el esquema de actualización del IBM por el índice RIPTE conforme a la metodología establecida en las Resoluciones SSN 1039/19 y 332/23, que reglamentan el art. 12 LRT modificado por el DNU 669/19, siguiendo los lineamientos del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia en el caso "Wojtowicz Noelia Cecilia c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente y/o Enfermedad Laboral – Recurso de Casación", Exp Nº 375196/21.- En ese fallo el Superior Tribunal estableció que “…la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella” (CSJN, Fallos: 344:3070, 345:1238). Luego, aun concediendo que la ley no proporcionó un método claro al respecto, no surgen elementos que justifiquen apartarse del señalado por la Superintendencia de Seguros de la Nación -organismo que cuenta con la capacidad técnica para reglamentar el decreto 669 del 27/09/2019- que fue adoptado con la finalidad de mantener un criterio unívoco y evitar dilaciones en el procedimiento del cálculo de intereses (Considerando de la mentada resolución 1039 /2019). …” (STJ Córdoba – “Romero, Liliana Noemí c. Asociart S.A. ART s/ procedimiento declarativo abreviado - ley de riesgos” • 30/05/2024- TR LALEY AR/JUR/72839/2024)…” (cfr. STJSL-S.J.-S.D. N° 185/24).- Y en fecha reciente el Máximo Tribunal Provincial ha ratificado la doctrina sentada en el fallo ‘Wojtowicz’ al confirmar una sentencia dictada por la Sala Laboral 1 que dispuso la aplicación de las resoluciones mencionadas en autos: “Farias Marcos Daniel C/ Swiss Medical ART S.A. S/ Accidente o Enfermedad Laboral -Recurso de Casación-” - EXP N° 351454/19 (cfr. STJSL-S.J. – S.D. Nº 105/26); por ende, el agravio no puede prosperar. Lo mismo sucede respecto al pedido de aplicación del art. 55 de la Ley 27.802 porque la acción promovida en autos tiene por objeto la reparación de una contingencia prevista en el régimen especial previsto por la Ley 24.557 y sus modificatorias, el cual constituye un sistema normativo autónomo que regula de manera integral los presupuestos, las prestaciones y los mecanismos indemnizatorios derivados de los infortunios laborales. En tales condiciones, no corresponde extender a este ámbito las reformas introducidas al régimen general del contrato de trabajo, sino que se impone la aplicación de la normativa específica salvo que existiera una remisión expresa o un vacío normativo compatible con la estructura del sistema especial, extremos que no se verifican en el caso. En efecto, el art. 55 de la Ley 27.802 no modifica la Ley 24.557 ni dispone su aplicación a las acciones fundadas en el régimen de riesgos del trabajo. En consecuencia, disponer su aplicación al presente caso implicaría alterar, por vía interpretativa, un sistema indemnizatorio especial que el legislador ha mantenido con regulación propia. Por las razones expuestas, voto a esta primera cuestión parcialmente por la afirmativa. A ESTA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Néstor Marcelo Milán dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. Estela Inés Bustos vota en igual sentido que ésta. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Estela Inés Bustos dijo: Que tal como he votado la cuestión anterior de ser compartido mi voto propongo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el actor en ESCEXT 29790479 de fecha 12/03/2026 y receptar el recurso incoado por la demandada en ESCEXT 29830954 de fecha 17/03/2026 con costas por su orden en mérito a os vencimientos mutuos y recíprocos (art. 111, C.P.L.). 2) Modificar parcialmente la sentencia apelada, en su mérito: i) Declarar que las secuelas físicas acreditadas configuran una Incapacidad Laboral Permanente Total (ILPT), condenando a la demandada al pago de la prestación del artículo 15, apartado 2 de la Ley 24.557, ii) Condenar a Experta ART S.A. a abonar a la actora la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el artículo 11, apartado 4, inciso b) de la Ley 24.557. iii) Declarar la condición de GRAN INVALIDEZ de la Sra. Brenda Alejandra GATICA y CONDENAR a EXPERTA ART S.A. a abonarle la prestación dineraria de pago mensual, crónica y vitalicia prevista en el artículo 17, apartado 2 de la Ley 24.557 3) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes de ambas partes en el cuarenta por ciento (40%) del monto firme que se regule en primera instancia, por el carácter de apoderado y patrocinante respectivamente (art. 14 de la Ley Nº IV-0910-2014). Así lo voto. A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Néstor Marcelo Milán dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. Estela Inés Bustos vota en igual sentido que ésta. San Luis, seis de octubre de dos mil veintiséis. Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el actor en ESCEXT 29790479 de fecha 12/03/2026 y receptar el recurso incoado por la demandada en ESCEXT 29830954 de fecha 17/03/2026 con costas por su orden en mérito a os vencimientos mutuos y recíprocos (art. 111, C.P.L.). 2) Modificar parcialmente la sentencia apelada, en su mérito: i) Declarar que las secuelas físicas acreditadas configuran una Incapacidad Laboral Permanente Total (ILPT), condenando a la demandada al pago de la prestación del artículo 15, apartado 2 de la Ley 24.557, ii) Condenar a Experta ART S.A. a abonar a la actora la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el artículo 11, apartado 4, inciso b) de la Ley 24.557. iii) Declarar la condición de GRAN INVALIDEZ de la Sra. Brenda Alejandra GATICA y CONDENAR a EXPERTA ART S.A. a abonarle la prestación dineraria de pago mensual, crónica y vitalicia prevista en el artículo 17, apartado 2 de la Ley 24.557 3) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes de ambas partes en el cuarenta por ciento (40%) del monto firme que se regule en primera instancia, por el carácter de apoderado y patrocinante respectivamente (art. 14 de la Ley Nº IV-0910-2014). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OPORTUNAMENTE BAJEN. Firmado digitalmente por los Dres. Néstor Marcelo Milán y Estela Inés Bustos.