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DAÑOS - RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL TRANSPORTISTA

"PELLICER ALICIA MARINA C/ TRANSPUNTANO S.A.P.E.M. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"

Expediente: EXP 325956/18Fecha: 2025-10-08Tribunal: Cámara Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia - Sala Civil
Civil

Resumen

Acreditación del Hecho y Prueba Integral:La Cámara sostuvo que la falta de una pericia accidentológica no invalida la existencia del hecho cuando existen otros medios probatorios pertinentes. Se comprobó la relación contractual con el boleto emitido ese mismo día y hora, la exposición policial realizada pocos días después y la declaración coherente e inimpugnada de tres testigos que presenciaron el hecho y confirmaron el traslado de la víctima al hospital. Naturaleza Jurídica de la Responsabilidad y Deber de Seguridad:La relación se encuadra en un contrato de transporte de personas (art. 1289 del CCCN) y una relación de consumo (art. 42 de la Constitución Nacional y arts. 5 y concordantes de la Ley 24.240). El transportista tiene una obligación objetiva de resultado y de seguridad, debiendo conducir al pasajero sano y salvo a su destino. Ante el daño producido, corresponde presumir el incumplimiento, obligando al transportista a responder salvo que pruebe la ruptura del nexo causal (caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero), lo cual no fue acreditado por la empresa demandada.

Texto completo

En la Ciudad de San Luis, a ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, reunidos en su Sala de Acuerdos los magistrados de la Sala Civil 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por las Dras. María Celeste Rodríguez y Nerina Carina Pereira de acuerdo con lo dispuesto mediante Acuerdo 373/2021 del Superior Tribunal de Justicia, fueron traídos para dictar sentencia los autos ... Que habiéndose practicado el sorteo que determina el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia con fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticinco resultó de ello que debían votar en el siguiente orden: 1°) Dra. María Celeste Rodríguez y 2°) Dra. Nerina Carina Pereira.Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. María Celeste Rodríguez dijo: En fecha 21/11/2024 la juez de grado dicta sentencia N° 235/2024 rechazando la demanda de daños y perjuicios intentada por la actora en contra de T... Sapem con Costas. Apela la actora expresando sus agravios mediante escrito digital nº 27674380 de fecha 27-05-2025. Se agravia de que se haya rechazado la demanda y se haya dictado una sentencia que no es una derivación razonada del derecho alegado por las partes, que se funde la decisión en una decisión anticipada o previa, que se omita considerar todas las constancias de la causa y que se haya omitido aplicar el derecho vigente a la situación fáctica probada, agraviándose por último de la imposición de costas. Advierte que la sentencia no considera ni analiza los pasos lógicos de cualquier sentencia en materia de accidentes ya que no considera ni declara si el hecho material del accidente ocurrió o no ocurrió, si el mismo está probado como hecho material y existente, limitándose a afirmar que no ha probado la mecánica del accidente. Refiere que la sentencia de primera instancia dice que "se aprecia que la única prueba documental incorporada como prueba en los presentes autos referida al accidente esa constituida por pasaje con certificación policial exposición policial y demás adjunta cuya copia obra digitalizada resultando insuficientes para probar la mecánica del accidente". Afirma que podría considerar que como se reclama en la sentencia que no ha probado la mecánica del accidente, da por hecho que hubo un accidente, pero no lo dice, ello por cuanto es razonable y lógico que, si se afirma que ha analizado la prueba documental del ticket de pasaje con certificación policial, es que se considera que ha habido una relación contractual de transporte y un accidente, pero no lo dice y tiene que suponerlo y dicha omisión es fundamental porque se advierte otra carencia de la sentencia de primera instancia y no hay un análisis en derecho sobre lo ocurrido ya que lisa y llanamente se ha omitido todo lo manifestado en la demanda y probado en la prueba sobre la relación contractual de transporte que unió a las partes en la relación jurídica de usuario de servicio del transporte público de pasajeros. Agrega que demostrado el hecho de la relación jurídica de transporte y producido un accidente la responsabilidad del transportista es objetiva y no requiere prueba de la mecánica del accidente, tal como reclama el Tribunal de Primera Instancia. El Código Civil en el art. 1289 es claro cuando establece como obligaciones del transportista respecto del pasajero a) proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado. b) trasladarlo al lugar convenido. c) garantizar su seguridad d) llevar su equipaje. Si la persona que debía transportar sufre lesiones las mismas son responsabilidad objetiva del transportista porque ha incumplido su obligación principal. Por esa razón considera que la falta de descripción de los hechos probados en la causa y la falta de encuadre jurídico provoca la nulidad de la sentencia porque la misma no se autoabastece en cuanto a razonamiento jurídico y por ende carece de la fundamentación suficiente para sostenerla. Plantea la nulidad absoluta de la sentencia apelada por vicios procesales y manifiesta arbitrariedad por falta de análisis de los hechos alegados, omisión de valoración de prueba esencial al proceso y de aplicación de la ley que encuadra el litigio. Alega que la juez limitó su análisis únicamente a la mecánica de los hechos sin tomar en cuenta que la responsabilidad es objetiva, por lo que no se analizó el encuadre jurídico del caso y no se interpretaron las pruebas y hechos esenciales en la resolución del caso y se terminó decidiendo injustificadamente. Transcribe innumerables fallos que considera son aplicables totalmente en razón de que la sentencia no analizó el encuadre jurídico del caso y por tanto desde el inicio ya se encuentra deficientemente interpretada y analizada la prueba documental, la prueba testimonial y pruebas periciales los cuales eran elementos esenciales para la resolución. Aclara que una cosa es analizar la prueba y decidir no tenerla en cuenta y otra muy distinta considerar que no hay prueba alguna cuando si la había y/o analizar la prueba a la luz de un derecho que analizarlo a la luz de otro. Alega el perjuicio sufrido ya que su parte se ve privada de un proceso adjetivo coherente y lógico en base al derecho aplicable y la prueba rendida en autos, siendo obvio el daño por omitir toda consideración a las constancias de la causa y convierte a la sentencia en una decisión que carece de sustento probatorio y solo basada en la voluntad del tribunal en rechazar la demanda dejando a su parte sin justicia y sin reconocimiento de un derecho a ser indemnizado. Indica que la decisión judicial es anticipada porque tal como se lee en la sentencia primero se toma la decisión de rechazar la demanda y después se pretende fundar en algún argumento. Pero además tampoco es cierto que no ha probado la mecánica de los hechos ya que la juez identifica mecánica de los hechos con pericia accidentológica lo que es errónea porque hay abundante prueba testimonial de los hechos que fueron declarados en la audiencia testimonial: declaración de [TESTIGO 1] de fecha 13-10-2022, declaración de [TESTIGO 2], [TESTIGO 3], [TESTIGO 4] porque lo que el hecho está probado y que el perito accidentológico no tenga ningún plano o no haya intervenido la policía para dejar constancia criminalística de lo sucedido porque la víctima fue traslada al hospital de inmediato, no significa que no haya descripción y detalle de la mecánica del accidente. Aduce que tampoco se analiza la existencia de un pronunciamiento judicial en materia de accidente de trabajo que su parte denunció y probó con la indemnización que judicialmente se pagó, que demuestra que el hecho existió y fue reconocido por la empleadora y su aseguradora. Resalta que hubo omisión de aplicar el derecho vigente ya que conforme el art. 1286 y 1757 del CCCN la responsabilidad es objetiva por lo que no importa la mecánica del accidente ya que no modifica en nada si se demuestra la relación de transporte y la lesión el transportista debe pagar los daños por no haber cumplido su obligación. Por último se agravia por la imposición de costas. Corrido el traslado contesta el demandado en fecha 06-06-2025 mediante escrito n° 27774299 a los cuales me remito en honor a la brevedad. II.- Así planteada la cuestión, conforme los agravios vertidos con el apelante corresponden en primer lugar analizar si los mismos son procedentes en cuanto a que el evento dañoso se encuentra acreditado ya que conforme lo expresa la juez de grado en su sentencia no habría sido probada la mecánica del accidente. Que conforme surge del relato de los hechos, la Sra. [PARTE ACTORA] el día 4 de agosto del año 2016 se retiró de su lugar de trabajo y proximadamente a la hora 19 tomo el colectivo urbano de la [LÍNEA DE COLECTIVO] coche interno [N° UNIDAD] lo cual acredita con la copia del pasaje que acompaña. Relata que el colectivo anduvo a alta velocidad por la calle Ascasubi y que se lleva por delante el lomo de burro recientemente inaugurado por lo que la Sra. [PARTE ACTORA] salta hasta tocar el techo con la cabeza golpeándose fuertemente con el asiento, cayendo al piso del colectivo, gritando de dolor por lo que el resto de los pasajeros del colectivo le piden al chofer que la lleven al hospital del sur. Ese es el relato del accidente que conforme surge de la sentencia no habría sido probado, conclusión con la cual me permito disentir conforme a los argumentos que a continuación desarrollare.En primer lugar, afirma el juez de grado que la pericia accidentológica configura el medio idóneo para ilustrar al juzgador sobre como se produjo el siniestro y en la presente causa el Licenciado [PERITO ACCIDENTÓLOGO] informó que conforme los actuados que constan en la causa no se puede realizar la pericia accidentológica ni reconstrucción virtual. Repárese en primer lugar que una pericia accidentológica es un análisis científico de un accidente (generalmente de tránsito) realizado por un experto, para determinar las causas, responsabilidades y circunstancias del suceso. El perito recoge y analiza evidencias, aplica técnicas de reconstrucción y emite una opinión técnica para ayudar en procesos judiciales, reclamaciones de daños y la prevención de futuros accidentes, generalmente se estudian las condiciones de los vehículos, la biomecánica del accidente, la trayectoria de los vehículos, la velocidad y la conducta de los involucrado siendo una prueba técnica muy importante en el fuero civil para determinar la verdad del siniestro. Conforme surge del propio relato de la actora no fue un típico accidente de tránsito en donde dos vehículos colisionan y en donde tenemos el sumario policial de donde surgen los pormenores y datos relevantes que después permitirán la reconstrucción de los hechos y la realización de la pericia pertinente, sino que lo que sucedió seria una conducta desaprensiva del conductor del vehículo de transporte público que ante una nueva situación en la calle Ascasubi como fueron los lomo de burro, provocó el golpe de la actora, por lo que no hubo sumario policial como si lo hay cuando se produce un choque. Ello imposibilitó que el perito tuviera elementos para realizar la pericia. Ahora bien, descartada la posibilidad de requerir la pericia, cabe indagar si la prueba incorporada nos da certeza de cómo fue la mecánica del accidente. Al respecto la actora acompañó la prueba del contrato de transporte por excelencia ya que obra copia certificada del pasaje comprado el día del accidente 04-08-2016. Además, acompañó constancia policial de donde surge el relato de los hechos con fecha 07-08-2016. Obra en la causa declaración de fecha 13-10-2022 de los testigos [TESTIGO 1], [TESTIGO 2] y [TESTIGO 3] que relatan cómo habría sido el suceso que nos convoca en esta causa. El Sr. [TESTIGO 1] relata que él iba en el colectivo y cuando pasó por la egislatura el colectivo pasó como vino y fue el accidente de la Sra., que la línea de colectivo fue la [LÍNEA DE COLECTIVO] no recuerda la hora, pero sí que fue en la calle Ascasubi, que solamente la Sra. resultó herida y que lo sabe porque el colectivo fue hasta el hospital y la bajaron en camilla. El Sr. [TESTIGO 2] relata que después de pasar la Legislatura el colectivo agarra normalmente y hay un lomo de burro que en ese tiempo se había inaugurado hace unos días y está más o menos unos metros antes de llegar al Barrio el Hornero. Que obviamente no lo vio lo llevó por delante como venía. Que él iba sentado en el último asiento en la parte del medio y la Sra. iba sentada a su derecha en la parte del costado al lado de la ventanilla y en ese momento salta con el envión y se pega con el techo y después cae sobre el pasamano él ve que se pega con el pasamano del asiento que está delante de ella y cae al piso y no paraba de gritar de la desesperación. Afirmando además que después se fueron al hospital de día que está a unas cuadras. Refiere que la línea era la [LÍNEA DE COLECTIVO]. Por su parte [TESTIGO 3] expresa que ese día aproximadamente a las 19 hs toma la línea [LÍNEA DE COLECTIVO] para ir a la casa de su hermano y pasa por la legislatura y agarra la loma de burro y ve una señora que gritaba y después se la llevaron al hospital de día y él se bajó del colectivo y se fue caminando porque no tenía nada.Cabe advertir que dichos testimonios no han sido objetados, no habiendo la parte demandada indagado al respecto, ni controvertido de manera alguna las manifestaciones realizadas por los testigos que presenciaron el hecho, por lo que unida la prueba testimonial referenciada a la declaración policial y a la prueba del contrato de transporte público llevado a cabo el día y la hora que todas las partes indican como que sucedió el hecho, no puedo más que concluir que el accidente sucedió conforme se relata en la demanda.Debe tenerse presente que la versión de los hechos contados por todos los testigos es coincidente con los relatados por la actora, la declaración policial realizada unos días después también coincide en dicho relato habiendo constancia de las atenciones médicas recibidas con posterioridad.Se deduce claramente que el accidente ocurrió en el día y en la forma que lo relatan las actoras. Existen presunciones hominis graves, precisas y concordantes, a saber, las tarjetas Sube y los datos de ellas que certifican la fecha exacta del viaje y los horarios en la empresa demandada, la atención hospitalaria, la falta de colaboración de la demandada y la aseguradora que se negaron a acompañar los elementos que la exculparían, la aplicación de los arts. 385 a 387 del Cód. Proc. Civ. y Comercial que llevan a tener por acreditado que el hecho ocurrió y que la denuncia se efectuó en los términos que se señalan en la demanda, no siendo aplicable la regla nemo tenetur edere contra se, por lo que se encuentra probado el accidente y la responsabilidad de los demandados, como dueños o guardianes de la cosa (arts. 1757 y 1758, Cód. Civ. y Comercial) y la responsabilidad de la aseguradora (art. 118, Ley 17.418). Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, sala II 10/12/2020 Garnica, Rosalia Esther y otro/a c. Almafuerte Empresa de Transporte SACIEI y otro/a s/ Daños y perj. Autom. c/les. o muerte (Exc. Estado) TR LALEY AR/JUR/73903/2020. Cabe advertir que la apreciación del resultado de las pruebas para el convencimiento total del juez no debe ser empírica, fragmentaria o aislada, ni ha de realizarse considerando aisladamente cada una de las pruebas del proceso.El material probatorio debe ser analizado en su conjunto, desde que, probanzas que aisladamente consideradas pueden ser objeto de reparos débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí de tal manera que unidas llevan al ánimo del juez la convicción suficiente para tener por acreditados el hecho y la carga de la responsabilidad. Por todo lo expuesto disiento con la conclusión del juez de grado en cuanto a que la mecánica del accidente no está probada. Corresponde ahora adentrar el análisis en el deber de seguridad ya que en el contrato de transporte de personas el transportista no sólo se obliga a transportar al pasajero al lugar de destino (obligación principal), sino también a preservar su incolumidad durante la ejecución contractual (obligación secundaria), comprometiéndose a conducirlo sano y salvo. En caso de que el pasajero sufra algún perjuicio, el transportista estaría incumpliendo la obligación de seguridad, debiendo reparar el daño ocasionado, aunque el pasajero llegara a destino. En el caso del transporte de personas (según algunos autores, se incluye también el equipaje de mano), el deber de seguridad asume un peso particularmente fuerte. En efecto, según la interpretación tradicional, el empresario de transporte asume una obligación de resultado, consistente en transportar a una persona en forma puntual e incólume al lugar de destino, contra la obligación del trasportado de pagar un precio por el viaje. Así, en caso de accidente durante el recorrido, el transportador es responsable y sólo puede exonerarse de su responsabilidad demostrando que el hecho ocurrió por caso fortuito, culpa de la víctima o hecho de un tercero. El objeto es la protección de la víctima, cuya integridad a menudo se ha visto afectada en situaciones de difícil encuadre jurídico. (El deber de seguridad ante la prestación imprevisible o anormal del servicio Berger, Sabrina M. Publicado en SJA 16/07/2014, 56 JA2014-III). Además, en el caso que nos ocupa resulta de aplicación la normativa de la ley 24240 ya que estamos frente a un contrato de consumo y es indudable la vinculación inescindible entre los principios de defensa del consumidor y el deber de seguridad, el cual debe ser brindado a consumidores y usuarios por su situación de inferioridad en la relación de consumo. El deber constitucional de seguridad en el transporte de pasajeros es un valor que debe guiar la conducta del Estado y de las organizaciones que se vinculen con la vida o la salud de las personas. Obliga a los prestadores de servicios públicos a cuidar la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos (Corte Sup. de fecha 24/6/2014, "Defensor del Pueblo de la Nación v. Trenes de Buenos Aires (TBA) y otro s/amparo ley 16.986") Cuando una actividad riesgosa provoque un daño dentro de una relación de consumo, aun cuando no provenga del producto o del servicio prestado sino de las modalidades con las que aquél se ofrezca o éste se cumpla, tendrá la peculiaridad de que, probada la relación de consumo y el daño ocurrido dentro de su ámbito, la presunción será de que se ha visto incumplida en su totalidad la obligación de seguridad impuesta (C. Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, "Z. R. Y. v. M. S. A. s/daños y perjuicios") La obligación tácita de seguridad en el contrato de transporte de personas es una obligación que integra el plexo del contrato y deriva del deber de buena fe que impone el art. 1198, primera parte, del CCiv. Es accesoria de la principal, y en materia de contrato de transporte terrestre se entiende que el transportador está obligado no sólo a llevar el pasajero a su destino-obligación principal sino a conducirlo sano y salvo-obligación tácita accesoria de manera que resulte responsable por el incumplimiento contractual representado por cualquier daño a la vida o a la salud que sufra el viajero"C. Nac. Civ., sala D, 27/4/1999, "Almaraz, Galdys E. v. La Primera de Grand Bourg S.A, LL Online Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado y que se encuentra probado tanto el hecho dañoso como la violación del deber de seguridad por parte de la demandada en que considero que los agravios de la parte actora deben receptarse revocando el rechazo de la demanda. Ahora bien teniendo en cuenta que la juez de primera instancia no se expidió sobre la procedencia de cada uno de los rubros que se reclaman y a fin de garantizar la doble instancia proclamada por los pactos internacionales, (Convención Americana -art. 8.2.h-, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-art. 14.5), en consonancia con la Constitución Nacional (art 75. inc 22), aspecto fundamental de la garantía constitucional de la defensa en juicio, corresponde bajar los presentes autos al juzgado de origen a fin que se dicte nuevo pronunciamiento sobre sobre la procedencia o no de cada uno de los rubros que se reclaman como así también el quantum de los mismos. Por lo que voto en relación a la primera cuestión por la negativa. A ESTA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Nerina Carina Pereira dijo: Adhiero en un todo en el análisis de los hechos tal como la ha referido la colega preopinante, así como también en el fundamento de la responsabilidad endilgada el transportista en el incumplimiento del deber de seguridad, y ante el innegable encuadramiento de la relación jurídica en cuestión, como una relación de consumo es que advierto que en este tipo de procesos, siendo el "consumidor" en este caso la actora, amerita una aclaración respecto de las "eximentes de responsabilidad del transportista": "Recae además sobre el transportista una obligación de seguridad que surge de manera expresa del art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto establece que el consumidor tiene derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como del art. 5 de la ley 24.240, según el cual "las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios"...... En esta inteligencia, se ha sostenido que el sistema de responsabilidad diseñado en la norma mencionada tiene un corte netamente objetivo pues el art. 5 de la ley 24.240 supone la imposición en cabeza del proveedor (en el caso, la demandada) de una obligación de seguridad de resultado, consistente en garantizar al consumidor o usuario que no sufrirá daños en su persona o bienes en el ámbito abarcado por la relación de consumo (v. Picasso, Sebastián, "Las leyes 24.787 y 24.999: Consolidando la protección del consumidor" -en coautoría con Javier H. Wajntraub-, JA, 1998-IV-753, y "Responsabilidad civil por daños al consumidor", Anuario de Derecho Civil Uruguayo, t. XXI, p. 753 y ss. Vid. asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), "Derecho del consumidor", nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge Lorenzetti, Ricardo L., "Defensa del consumidor", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311). En síntesis, cualquier daño sufrido por el consumidor en ocasión o con motivo de la relación de consumo pone en funcionamiento la responsabilidad objetiva del proveedor, quien para exonerarse debe probar la ruptura del nexo causal (conf. Wajntraub, Javier H., "Protección jurídica del consumidor", Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2004, p. 64; CNCiv., Sala G, 21596, "L, JE c/ Transportes Guido SRL", BASE Micro CDS/ISIS, sumario n° 8229). Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL SALA L" En Expte. n° 21482/2018 S, HY c/ TRANSPORTE LARRAZABAL CISA /DAÑOS Y PERJUICIOS) En el caso de autos, claramente tal prueba de ruptura del nexo causal por parte del demandado no se ha arrimado a estos autos, lo que lleva a idéntica resolución a la arribada por la preopinante a la que adhiero.-Finalmente, y tratándose de un prestador de un servicio público, que a diario recorre las calles de la ciudad con ciudadanos a bordo deviene apropiado recordar que: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que la interpretación de la obligación de seguridad que tiene causa en el contrato de transporte de pasajeros, debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto para los consumidores y usuarios en el artículo 42 de la Constitución nacional, y que la incorporación del vocablo seguridad en la Carta Magna, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso: la vida y la salud de los habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 331:819; 333:203 y 335:527. REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 42.- "27 de Febrero de 2020 Id SAIJ: SUJ0045820 A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. María Celeste Rodríguez dijo: Dado el modo en que he votado la primera cuestión, de ser compartido mi criterio, propongo al Tribunal se dicte sentencia que disponga: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora mediante escrito 2640518 de fecha 27-11-2024 revocando la sentencia definitiva N° 235/2024 de fecha 21/11/2024 y en su mérito hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. [PARTE ACTORA], DNI [N° DNI PARTE ACTORA] en contra de [EMPRESA DEMANDADA] SAPEM (CUIT [N° CUIT DEMANDADA]) ordenando que bajen los presentes actuaciones al juzgado de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento sobre los rubros solicitados. Con costas en ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Nerina Carina Pereira dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. María Celeste Rodríguez vota en igual sentido que ésta.San Luis, ocho de octubre de dos mil veinticinco.Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora mediante escrito 2640518 de fecha 27-11-2024 revocando la sentencia definitiva N° 235/2024 de fecha 21/11/2024 y en su mérito hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. [PARTE ACTORA], DNI [N° DNI PARTE ACTORA] en contra de [EMPRESA DEMANDADA] SAPEM (CUIT [N° CUIT DEMANDADA]), ordenando que bajen los presentes actuaciones al juzgado de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento sobre los rubros solicitados. Con costas en ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OPORTUNAMENTE BAJEN. Firmado digitalmente por las Dras. María Celeste Rodríguez y Nerina Carina Pereira.