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JUECES-SALARIOS-INTANGIBILIDAD

VILLEGAS NORA GRACIELA Y OTRAS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS S/ AMPARO"

Expediente: EXP 425875/24Fecha: 2026-10-16Tribunal: Cámara Civil, Comercial y Minería - San Luis
Administrativo

Resumen

la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional y art. 192 de la Constitución provincial de San Luis). Esta garantía protege la independencia del Poder Judicial: impide que los otros poderes reduzcan o dejen deteriorar los salarios de los jueces. No es un privilegio personal ni asegura una actualización automática por inflación, pero sí se vulnera cuando hay un deterioro ostensible y prolongado en el tiempo.

Texto completo

SAN LUIS, DIECISÉIS de OCTUBRE de DOS MIL VEINTISÉIS. VISTOS: El expediente “Villegas Nora Graciela y otras c/ Superior Gobierno de la Provincia de San Luis s/ amparo”, Expte. 425875/24, traídos ante esta Excma. Cámara de Apelaciones a los fines de resolver los Recursos de Apelación deducido por las amparistas contra la sentencia aclaratoria del 22 de abril de 2025 obrante en actuación G1I001 27355467/25, en cuanto fijó en noviembre de 2024 el comienzo de la retroactividad, y por Fiscalía de Estado contra la sentencia definitiva del 27 de marzo de 2025 obrante en actuación 400120 27163826/25; sus respectivas contestaciones obrantes en actuación ESCEXT 27634764/25 y ESCEXT 27647256/25 parte actora y demandada; y las constancias incorporadas al incidente.

Y CONSIDERANDO: Que tanto la parte actora como la demandada interpusieron contra la Sentencia de 1ª Instancia y su respectiva aclaratoria, sendos recursos de apelación, tal como se destacó en el acápite anterior. Corresponde por lo tanto ingresar al tratamiento de los agravios planteados.

I. Delimitación de la revisión

La demanda promovida por Nora Graciela Villegas, Dalsi Alejandra Nava, Lorena Alejandra Báez, Claudia Alejandra Suárez y María Soledad Galli persigue que se declare vulnerada la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones, que se ordene restablecerla mediante un mecanismo que impida nuevos desfasajes y que se reconozca una reparación retroactiva cuyo inicio se ubicó en febrero de 2024. La sentencia definitiva hizo lugar al amparo. Luego, a pedido de las actoras, la sentencia aclaratoria incorporó al punto II del resolutorio que la retroactividad comenzaría en noviembre de 2024, por ser el período respecto del cual se había acompañado información comparativa de la Federación Argentina de la Magistratura. Las actoras apelan exclusivamente ese límite temporal y solicitan que se fije a fecha de febrero de 2024.

Fiscalía de Estado apela la sentencia definitiva, cuestionando, entre otros aspectos, la fundamentación, la valoración de las defensas presupuestarias y normativas, la prueba de un deterioro constitucionalmente relevante, el alcance de la garantía y la solución impuesta por el juzgado.

La providencia del 4 de junio de 2025 tuvo por contestados ambos traslados y llamó los autos para resolver los dos recursos. La revisión debe ceñirse a esos agravios y a las respuestas que constan en el expediente.

II. Parámetro constitucional y alcance de la garantía

La intangibilidad remuneratoria de los magistrados no constituye un privilegio personal ni asegura una actualización automática de los haberes conforme a la inflación. Es una garantía institucional vinculada a la independencia judicial y al funcionamiento republicano. La Corte Suprema ha señalado que su afectación requiere un deterioro ostensible y temporalmente dilatado, cuya determinación exige ponderar la evolución normativa de las remuneraciones, el costo de vida, los salarios públicos —en especial los locales— y la comparación con otras jurisdicciones como pauta orientativa, no como una escala vinculante. La intervención judicial puede corregir una lesión acreditada, pero debe respetar el margen de decisión provincial y la división de poderes. En el caso: “Fernández de Vecchietti”, la Corte distinguió entre la comprobación de un deterioro remuneratorio y el mecanismo para repararlo: confirmó que podía existir una afectación constitucional, pero objetó que la recomposición retroactiva se atara, sin justificación suficiente, a las remuneraciones de la justicia federal y que hacia el futuro se estableciera un esquema salarial permanente conectado con ellas. En “Filipchuk”, mantuvo esa distinción y dejó sin efecto tanto la equiparación retroactiva con salarios nacionales como la fijación judicial de remuneraciones futuras. Ese estándar impide resolver el litigio con la sola afirmación de que la inflación disminuyó el poder adquisitivo, pero también impide descartar la lesión por el solo hecho de que la situación económica general afecte a otros sectores. Corresponde verificar si, en el período debatido, la combinación de duración, magnitud, evolución de las remuneraciones judiciales y contexto salarial local produjo el deterioro institucional que la garantía procura evitar. III. Recurso de Fiscalía de Estado contra la sentencia definitiva: Para una mejor claridad expositiva se considerará en primer término los agravios esgrimidos por la parte demandada. En tal sentido debe aclararse que la misma, desgrana una serie de supuestos agravios, mediante escrito digital n° 27647256 de fecha 23/05/2025, los que a continuación se procede a analizar. 1. Alegada falta de fundamentación y omisión de defensas.Fiscalía de Estado sostiene que la sentencia no examinó adecuadamente sus defensas, especialmente las vinculadas con el presupuesto provincial, la emergencia económica, la ausencia de prueba sobre una afectación de la independencia judicial y el precedente “Chiara Díaz”. La parte actora replica que la decisión analizó el planteo constitucional y afirma que la demandada no controvirtió oportunamente diversos datos salariales, índices de canasta básica, el informe de la FAM ni la prueba testimonial. Esta afirmación de parte no releva de examinar el contenido de las pruebas y de la sentencia. La mera ausencia de una respuesta individual a cada frase de los escritos no determina por sí sola la invalidez del pronunciamiento. Sí debe existir tratamiento suficiente de los argumentos conducentes. De los pasajes de la sentencia y de las contestaciones incorporadas surge que el juzgado trató la evolución de la escala salarial, el costo de vida, el informe de la FAM y la dependencia presupuestaria del Poder Judicial. La prueba no impugnada y los planteos de emergencia se examinan en esta instancia para dar respuesta concreta a los agravios, sin que la falta de una mención individual a cada documento invalide por sí sola el fallo. La Fiscalía invoca la emergencia económica provincial vigente desde diciembre de 2023 y la disponibilidad de recursos presupuestarios, y sostiene que no puede disponerse una recomposición al margen de las posibilidades generales del Estado. Ese planteo merece respuesta: la emergencia y las restricciones presupuestarias son circunstancias que deben ponderarse al diseñar una respuesta y al determinar sus modalidades, pero no suspenden por sí solas la garantía constitucional ni acreditan que resulte lícito mantener indefinidamente un deterioro ostensible de las remuneraciones judiciales. La Fiscalía no individualizó —en los pasajes de sus agravios disponibles— una disposición concreta de la ley de emergencia que derogue, suspenda o module específicamente la garantía del artículo 192 de la Constitución provincial, ni explicó cómo sus medidas se aplican a los haberes aquí reclamados. Por tanto, la invocación genérica de esa ley no basta para desestimar la acción. La conclusión no desconoce el marco fiscal: excluye que este, sin una conexión normativa y fáctica concreta con la lesión debatida, opere como respuesta suficiente.

La afirmación de que el presupuesto provincial limita los recursos disponibles tampoco responde por sí sola al planteo de las amparistas. Según la sentencia reproducida en la contestación de agravios de las amparistas, el presupuesto solicitado por el Poder Judicial no habría sido aprobado en los términos requeridos y las partidas se encontrarían congeladas desde agosto de 2023; también se alegó que la asignación para el Poder Judicial se redujo en el presupuesto siguiente respecto del año anterior. La Fiscalía, según las constancias informadas por las partes y no controvertidas en esos términos, no negó el congelamiento ni impugnó la documental sobre la evolución presupuestaria. Esos datos deben valorarse como hechos no controvertidos en el proceso, sin convertirlos en una conclusión automática: explican el contexto institucional y debilitan la defensa basada exclusivamente en la disponibilidad presupuestaria, pero la lesión remuneratoria se establece principalmente con la prueba de haberes y su evolución.

La emergencia económica es relevante para la factibilidad y el modo de cumplimiento, no para eximir a los poderes provinciales de adoptar una respuesta dentro de sus competencias.

Debe tenerse presente también que del análisis del fallo puesto en crisis con la interposición de los recursos en examen surge que la a-quo considera en el caso que nos ocupa, ni el Poder Ejecutivo al proponer la Ley de Presupuesto, ni el Poder Legislativo, en oportunidad de legislar para determinar el ingreso de los Jueces de la Provincia, tuvieron en cuenta el respeto de la Garantía de la Inviolabilidad de la remuneración de los Jueces.-

Y es por ello que, adoptando la solución del precedente “Alonso de Martina Marta Inés y otros | amparo” – CSJN, https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html”, intimando tanto al Poder Ejecutivo, como al Legislativo a “que en el período de noventa (90) días, implementen un nuevo mecanismo que restablezca efectiva y definitivamente la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios accionantes, a través de la recomposición de los salarios de las amparistas, que permita la equiparación de las mismas con el promedio de la remuneración de otras jurisdicciones (media nacional) o parámetro equivalente, constituyendo esto una razonable base igualitaria mínima a observar para garantizar la calidad de una vida digna de los accionantes”, (del fallo de 1ª Instancia).

La sentencia apelada, según los pasajes reproducidos, no fijó una pauta de actualización, una paridad con otra jurisdicción ni una fórmula salarial permanente; exhortó a los órganos competentes a dar una solución. Así entendida, la exhortación no sustituye a los poderes políticos ni invade la competencia presupuestaria. La crítica de Fiscalía que atribuye al juzgado haber reformado el sistema de relaciones entre los poderes no puede prosperar respecto de una orden que se limita a requerir el ejercicio de competencias constitucionales y legales.

Es que, tal como lo destaca la a-quo, ninguno de los Poderes que integran el Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe tener la suma del Poder Público, y de ese modo imponer su voluntad sobre él, o los restantes.

La lectura de “Chiara Díaz” propuesta por Fiscalía tampoco conduce a revocar la decisión. De ese precedente no se desprende que las remuneraciones judiciales queden inmunes a una reducción general del poder adquisitivo, pero sí que la inflación, por sí sola, no demuestra una lesión constitucional y que los jueces no están aislados de la situación salarial del resto de la sociedad. En la sentencia que se ha puesto en crisis, la conclusión no se apoya exclusivamente en la inflación: se ponderan recibos de haberes no impugnados, el período prolongado de deterioro, la escala provincial y la falta de controversia sobre el congelamiento y la reducción de partidas alegados. La garantía no exige probar que un magistrado haya sido efectivamente condicionado en una decisión jurisdiccional concreta; protege institucionalmente la independencia, y su afectación puede acreditarse objetivamente por la magnitud y duración del deterioro. Tampoco se configura un privilegio: no se reconoce una paridad con otros agentes ni una actualización automática, sino la protección constitucional de las remuneraciones de quienes son titulares de esa garantía.

Y es lo que ocurre en el caso que nos ocupa donde, a través del transcurso del tiempo se fueron sancionando leyes que permitieron la afectación lenta, y paulatina, pero constante de la Garantía de la Inviolabilidad de la Remuneración de los Jueces.

En tal sentido debe interpretarse que para la Juez de Grado, si bien existe una ley que declara la Emergencia en la Provincia de San Luis, y que la ley de Presupuesto, formalmente respeta las formas para su sanción y posterior promulgación, desgraciadamente ambas, como se destacó ut supra, lenta, y paulatinamente fueron deteriorando la remuneración de los jueces, hasta hacer insostenible el mismo.

Y es por ello que al igual que en el caso “Alonso de Martina Marta Inés y otros | amparo”, emplaza al Poder Ejecutivo y al Legislativo por el plazo de 90 días a encontrar la fórmula que garantice el respeto de dicha Garantía consagrada por nuestra Constitución Nacional y Provincial.-

Sin arrogarse funciones legislativas, pues pone en cabeza de los Legisladores y del Ejecutivo Provincial, encontrar la fórmula que conjugue tanto el Presupuesto Provincial, como la Garantía Constitucional citada.

Es necesario destacar a esta altura de las circunstancias, que la a-quo, con buen criterio, y reconociendo que el resto de la población está tratando de llevar de la mejor manera, los cambios en la economía dispuestos por el Gobierno Nacional, como por el Provincial, tan solo exige a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de San Luis, encuentren una solución que contemple una recomposición de la remuneración de los amparistas con la media nacional.-

El reconocimiento de una lesión no habilita a la Cámara a fijar una escala salarial propia, disponer una equiparación automática con la Nación o con otras provincias ni establecer un mecanismo permanente cuya fórmula sustituya la decisión de los órganos provinciales competentes. Pero ese límite no conduce a revocar la sentencia en el caso: de los pasajes de la decisión reproducidos por las partes resulta que la jueza no impuso una pauta de actualización ni una fórmula, sino que exhortó a los órganos competentes a adoptar una respuesta. Una exhortación de ese alcance respeta la división de poderes, pues deja a las autoridades provinciales la elección de los instrumentos y la ponderación de las posibilidades presupuestarias, sin desentenderse de la lesión acreditada. Corresponde rechazar el agravio de Fiscalía dirigido contra el remedio, con la precisión expresa de que la sentencia no puede interpretarse como una orden de equiparación o indexación.

La objeción presupuestaria tampoco transforma esa exhortación en una intromisión jurisdiccional. La sentencia reconoce la competencia de los órganos políticos para decidir el mecanismo y su instrumentación; lo que no pueden hacer es invocar en abstracto la emergencia económica o la falta de recursos para omitir toda respuesta frente a una lesión constitucional comprobada. Esta lectura armoniza la garantía con la autonomía provincial y con la doctrina de la Corte

2. Prueba del deterioro

Conforme la opinión de la a-quo, expresada en la sentencia puesta en crisis por las apelantes, se ha logrado acreditar en la presente causa, “un ostensible deterioro prolongado en el tiempo de las remuneraciones de los magistrados”, lo que afecta la garantía de intangibilidad, conforme al criterio establecido por la Corte Suprema de la Nación en el precedente “Chiara Díaz”, siendo esta la premisa esencial del fallo”.-

Y sigue diciendo la a-quo en la sentencia bajo análisis, “En consecuencia, resulta necesario analizar el equilibrio entre la intangibilidad de las remuneraciones judiciales, como parte del principio republicano, y la autonomía de las provincias dentro del sistema federal. Una vez determinado dicho balance, corresponde evaluar si la solución adoptada en cada caso particular respeta la división de poderes establecida en los ámbitos federal y provincial.

En este marco, el precedente mencionado establece que la garantía de intangibilidad de los haberes judiciales es un pilar fundamental para la independencia del Poder Judicial y, por ende, para la preservación del sistema republicano. Dicha garantía no está destinada al beneficio personal de los magistrados, ni responde únicamente a un derecho de propiedad, sino que protege la función judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado (Fallos: 307:2174; 313:344; 315:2386; 316:2747; 322:752; 323:643). Su propósito es garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial como órgano del Estado, ya que, sin ella, no puede sostenerse un sistema republicano. Este mandato constitucional impone a los otros dos poderes del Estado la obligación de abstenerse de adoptar medidas que reduzcan los haberes judiciales. No obstante, ello no significa que los magistrados queden exentos de cualquier circunstancia económica que afecte su poder adquisitivo (Fallos: 329:385, considerando 8° del voto de la mayoría).

La garantía de intangibilidad de las remuneraciones, como parte del sistema republicano de gobierno, se encuentra comprendida entre los requisitos exigidos a las provincias en materia de administración de justicia, conforme al artículo 5° de la Constitución Nacional (Fallos: 307:2174, considerando 7°, último párrafo). De ello se desprende que esta garantía debe aplicarse en todo el país, en armonía con las autonomías provinciales”.

Es más, se desprende de lo expuesto por la Sra. Juez de Grado, que si bien en el caso Chiara Diaz, no se acepta que la intangibilidad de la remuneración de los Jueces, cuando existe violación de dicha garantía, sea corregida mediante la aplicación de la tasa inflacionaria de manera directa, en el caso que nos ocupa, los magistrados reclamantes, han soportado un deterioro constante y progresivo de sus salarios a partir de septiembre de 2023, que hacen necesaria una recomposición de los mismos.

Ese deterioro, conforme prueba arrimada a la causa importa un descenso de los magistrados de la Provincia de San Luis, desde el puesto 3°, al puesto 22° que ocupa en la actualidad, conforme la fuente aportada por la parte actora, que no fue desconocida por la demandada.

La prueba pertinente, que acredita el deterioro, no se limita al informe comparativo de la FAM de noviembre de 2024. Las amparistas acompañaron recibos de haberes que comienzan en septiembre de 2023, junto con la escala de la Ley IV-1103-2023 y los índices de canasta básica del INDEC. Fiscalía de Estado no desconoció ni impugnó esa documental ni controvirtió los extremos invocados; tampoco negó el congelamiento de las partidas presupuestarias ni cuestionó el testimonio de Luciano Cardarelli. En esas condiciones, los recibos deben ser valorados como prueba documental no impugnada de las remuneraciones efectivamente percibidas en los períodos que consignan. Su falta de impugnación no convierte por sí sola toda inferencia de las actoras en un hecho probado, pero impide prescindir de los recibos o tratar sus datos como meras afirmaciones.

La serie salarial iniciada en septiembre de 2023 permite contrastar las remuneraciones efectivas con la evolución del costo de vida, y sitúa el deterioro en un período anterior al informe de la FAM. La falta de controversia sobre la documental, unida a la alegación no negada de congelamiento presupuestario desde agosto de 2023 y a la información sobre la falta de aprobación del presupuesto judicial en los términos solicitados, constituye un conjunto concordante de elementos. No se trata de presumir una lesión a partir de la inflación aislada ni de tomar la comparación interjurisdiccional como escala obligatoria, sino de apreciar la prueba salarial directa en su contexto normativo y económico.

La contestación de las amparistas atribuye al informe de la FAM una ubicación de San Luis en el puesto 22 y una diferencia con las remuneraciones informadas para Córdoba y Mendoza. Esa comparación conserva valor orientativo, sujeta a la categoría comparable y al método de cálculo, pero no es el fundamento exclusivo de la conclusión de la sentencia. El hecho de que Fiscalía no haya impugnado el informe permite ponderar sus datos como prueba incorporada y no controvertida, sin atribuirles fuerza normativa ni convertirlos en una pauta de equiparación.

La comparación entre jurisdicciones puede orientar el análisis, pero no demuestra por sí sola que el salario provincial deba igualarse al de otra jurisdicción. Tampoco la relación entre remuneración y canasta básica reemplaza la ponderación integral exigida por la Corte. En este caso, sin embargo, los recibos no impugnados desde septiembre de 2023, la evolución de la canasta básica, la escala legal y las circunstancias presupuestarias no controvertidas forman una base probatoria convergente para tener por acreditado un deterioro ostensible y prolongado de las remuneraciones de las magistradas. La Fiscalía no aportó una refutación específica de esa serie documental ni acreditó que los aumentos salariales acompañaran razonablemente la evolución considerada. Corresponde, por ello, rechazar el agravio que niega la prueba de la lesión, sin derivar de esa conclusión un derecho a la indexación automática.

Al respecto, resulta determinante analizar las defensas incorporadas a este proceso por el Estado a través de Fiscalía y en tal sentido debe mencionarse que “el Estado Provincial, en la contestación al pedido de informe, que hace las veces de una contestación de demanda, nada dice respecto de la prueba documental acompañada por la parte actora.

Es más, debe destacarse que, no la desconoce, no la niega, no desconoce su autenticidad, ni niega su valor probatorio.

Ese obrar de la demandada, necesariamente debe valorarse, al momento de analizar los agravios expuestos al fundar el recurso de apelación que se le concediera contra la sentencia de grado.

Ello en razón de que varios de dichos agravios importan una violación a la denominada, “Teoría de los Actos Propios”, la cual, tiene recepción doctrinaria y jurisprudencia.

En tal sentido puede citarse que, “La teoría de los actos propios (venire contra factum proprium non valet) es una regla jurídica que impide a una persona actuar en contradicción con una conducta previa suya que generó confianza legítima en otra.

En el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) de Argentina, esta doctrina se encuentra expresamente receptada en el artículo 1067, bajo el título “Protección de la confianza”: “La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, por lo que es inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante previa y propia del mismo sujeto.”

Fundamento y Naturaleza

Principio de buena fe: Deriva directamente del deber de obrar de buena fe objetiva (art. 9 del CCCN), exigiendo coherencia, lealtad y previsibilidad en las relaciones jurídicas.

Seguridad jurídica: Busca proteger la expectativa razonable de la otra parte que confió en que el primer comportamiento iba a ser respetado.

Alcance: Aunque el art. 1067 está ubicado en las normas de interpretación de los contratos, la jurisprudencia y la doctrina consideran que es un principio general aplicable a todo el derecho privado e incluso a la órbita administrativa.”, (Doctrina de los actos propios - Jurisprudencia CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación https://sj.csjn.gov.ar ›

En la esfera de la Administración Pública se pueda citar que la CSJN, tiene resuelto que; “En una causa donde se discutía el régimen tarifario la Corte expresó que la falta de oportuna consulta a la autoridad competente respecto de los términos del pliego para la determinación de la tarifa era atribuible a la propia conducta discrecional del recurrente y por tanto determinaba la improcedencia de su invocación para apoyar el reclamo. Destacó que no sólo la buena fe, sino también la libertad de contratar de la Administración y hasta la misma seguridad jurídica quedarían gravemente resentidas si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero concurre a consumar el contrato y luego procura ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente. Concluyó que si la oferente incurrió en error en la interpretación de las cláusulas contractuales, éste provendría de un acto propio que impide su invocación. (Fallos: 330:1649)

En Fallos: 316:212 recalcó que si el cocontratante se adhirió a las cláusulas prefijadas en la licitación sin formular protesta, la falta de reserva del interesado al perfeccionarse el acuerdo obsta a que se alteren los términos de éste por vía jurisdiccional, es decir si hubo pacífico sometimiento en la instancia administrativa con referencia a la demora en el pago y liquidación de intereses, la conducta contraria y posterior de la actora importa volver sobre sus propios actos.

En Fallos: 312:592 la Corte dijo que si de la conducta del ejecutivo provincial se concluyó inequívocamente que reconoció que los trabajos adicionales sin órdenes de servicio realizados en la obra pública fueron necesarios para que pudiera satisfacer adecuadamente su finalidad de interés público, ya que aprobó el presupuesto, emitió el correspondiente certificado y ordenó su pago, que se cumplió parcialmente, no es válido que sostenga la improcedencia de ese rubro en sede judicial, poniéndose en contradicción con la conducta asumida en las actuaciones administrativas”, (Secretaria de Jurisprudencia, Doctrina de Los Actos Propios, Febrero 2025, Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Con lo cual queda absolutamente aclarado, que dicha doctrina, dicha Teoría, es aplicable a la conducta desplegada por la Administración.

Y aquí cobra relevancia lo expuesto precedentemente respecto de la Doctrina de los Actos Propios.

Uno de los agravios esgrimidos por la demandada se basa en el hecho de que la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, no tendría autoridad, ni es una institución académica, “es sólo un Informe del Instituto de Investigaciones Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). Institución que no integra el sistema académico universitario ni de ciencia y tecnología, previsto en la Ley N° 24521, de educación superior universitaria; en consecuencia, carece de la validez académica que otorga la legitimidad de pares -investigadores-, bien sea en una publicación científica con referato, es decir, sometida a evaluación de otros científicos, o mediante investigaciones también sujetas a evaluación y control de una institución de educación superior o de CONICET. En consecuencia, es sólo una opinión, más no calificada, que carece de entidad de prueba Informativa como de derecho”, (de la expresión de agravios de la demandada).

Se entiende relevante, el hecho de que la demandada en oportunidad de evacuar el informe previsto por la ley adjetiva, omitió desconocer dicho informe, y omitió negar autenticidad al mismo. Lo que hubiera obligado a la parte actora a librar el Oficio ofrecido como prueba subsidiaria, y allí, ejercer la posibilidad de impugnar dicha prueba informativa y en su caso solicitar se adjunte la documental en base a la cual se elabora el mismo.

Por lo tanto se la tuvo por reconocida y agregada, en los términos expuestos ut supra como un conjunto concordante de elementos, sin atribuirles fuerza normativa pero al no haber sido impugnados han quedado incorporados como prueba del deterioro.

3. Alcance respecto de las actoras que son secretarias

La pretensión comprende a dos juezas y tres secretarias. La garantía del artículo 110 de la Constitución Nacional está formulada para jueces; por ello, la extensión a funcionarias que no revistan esa condición no debe deducirse únicamente de que sus remuneraciones estén vinculadas a la misma escala. En “Rodríguez”, la Corte distinguió la situación de magistrados y secretarios a partir del texto de la constitución provincial aplicable en ese caso, y no consideró suficiente la equiparación salarial para extender automáticamente la garantía constitucional.

El artículo 192 de la Constitución provincial, invocado en la demanda, protege la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. No se ha identificado una norma local que extienda esa garantía constitucional, en cuanto tal, a las secretarias por el solo hecho de integrar la escala salarial judicial. La vinculación remuneratoria no basta para conferirles la condición constitucional de magistradas. En este punto corresponde admitir el agravio de Fiscalía y revocar la extensión de la garantía a las actoras que se desempeñan como secretarias, sin perjuicio de los derechos salariales que pudieran corresponderles por otras normas, cuestión distinta de la pretensión constitucional aquí examinada. El criterio es concordante con “Rodríguez”, que rechaza la extensión automática a secretarios basada únicamente en la equiparación salarial.

IV. Agravio planteado por las amparistas contra la sentencia aclaratoria

Las actoras sostienen que el deterioro era manifiesto desde febrero de 2024 y que, a partir de ese mes, el salario de referencia equivalía a 1,82 canastas básicas. Invocan además recibos de haberes y una comparación entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. Fiscalía opone que el juzgado no podía, por aclaratoria, alterar sustancialmente la sentencia, y agrega que el recurso de las actoras no demostraría por qué debe reemplazarse noviembre por febrero.

El pedido de aclaratoria invocó una omisión respecto de una pretensión retroactiva que, según la demanda y la sentencia aclaratoria, ya había sido formulada y considerada en los fundamentos. Completar el resolutorio sobre una pretensión efectivamente deducida y discutida no equivale, en estas circunstancias, a introducir una pretensión nueva. La Fiscalía sostiene que la aclaratoria alteró la sustancia del pronunciamiento al fijar una fecha de retroactividad. Sin embargo, la inclusión de una fecha para precisar el alcance temporal de la reparación omitida no excedió por sí sola el marco de la aclaratoria, pues la pretensión y el período reclamado ya integraban el debate; la corrección de la fecha corresponde, en todo caso, al examen del recurso de las actoras y de la prueba. También cuestiona Fiscalía, que el recurso de las amparistas carezca de crítica concreta sobre la fecha. El agravio es identificable: sostienen que la sentencia limitó la retroactividad a noviembre pese a que la prueba salarial comenzaba en septiembre de 2023 y reclamaban febrero de 2024. Se satisface así la carga de controvertir el fundamento decisivo, aunque la procedencia de la fecha pedida depende de la prueba.

La fecha inicial no se sigue automáticamente de la fecha pedida ni de la sola variación del costo de vida. En este caso, sin embargo, la documental salarial no impugnada comienza en septiembre de 2023; por ello, noviembre de 2024 no puede adoptarse como inicio únicamente porque ese sea el período del informe de la FAM. Los recibos permiten evaluar las remuneraciones efectivamente percibidas antes de noviembre y, ponderados junto con la evolución de la canasta básica y las circunstancias presupuestarias no controvertidas, acreditan que el deterioro relevante ya se había manifestado, a más tardar, en febrero de 2024. La falta de impugnación no prueba automáticamente cualquier cálculo propuesto por las actoras, pero sí hace improcedente descartar la serie de haberes sin refutación. La reparación desde febrero se limita al período y al perjuicio efectivamente debatidos; no constituye una cláusula de indexación automática.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de las amparistas y sustituir noviembre por febrero de 2024 como inicio de la retroactividad. La conclusión se funda en la serie de recibos de haberes iniciada en septiembre de 2023, no impugnada por Fiscalía, y en su valoración conjunta con la evolución del costo de vida y los hechos presupuestarios que tampoco fueron negados. El informe de la FAM corrobora el contexto comparativo, pero no determina por sí mismo el comienzo del deterioro.

La retroactividad reconocida no debe cuantificarse mediante una equiparación automática con las remuneraciones nacionales ni con las de otras provincias. Se limita a reparar el deterioro acreditado según las constancias de haberes y el régimen provincial aplicable, sin predeterminar una fórmula de actualización futura. Esta precisión permite acoger la fecha reclamada sin apartarse de la doctrina constitucional.

V. Conclusión:

Los recursos deben resolverse separando la existencia de una lesión constitucional, la fecha desde la cual se tuvo por demostrada y el remedio que puede ordenar el Poder Judicial. La doctrina de la Corte no autoriza una actualización automática por inflación ni una equiparación salarial permanente; tampoco permite descartar sin examen una lesión acreditada por su impacto presupuestario o porque el deterioro económico alcance a otros sectores.

Respecto del recurso de Fiscalía, se rechaza la nulidad por falta absoluta de fundamentación. La sentencia, en los pasajes reproducidos por las partes, examinó la Ley IV-1103-2023, su artículo 6, la relación con la canasta básica, la dependencia presupuestaria y el precedente “Chiara Díaz”. La falta de respuesta separada a cada argumento no configura por sí sola una omisión invalidante. La defensa de emergencia económica merece la respuesta expuesta: no se señaló una regla específica que suspenda la garantía ni se demostró cómo la emergencia descarta el deterioro probado. Los recibos salariales y los restantes elementos incorporados, no impugnados en lo sustancial por Fiscalía, permiten tener por acreditada la afectación de las magistradas; las restricciones de presupuesto se ponderan como contexto para la instrumentación, no como fundamento para negar toda tutela.

Se rechaza el agravio de Fiscalía que atribuye a la jueza la imposición de un mecanismo salarial. Según el contenido de la sentencia reproducido en las constancias, la decisión exhorta a los órganos competentes a actuar y no fija porcentajes, paridades ni una fórmula permanente. La exhortación debe entenderse en ese alcance y no como una sustitución judicial de las competencias presupuestarias o salariales.

En cuanto a la apelación de las amparistas, corresponde hacer lugar y fijar febrero de 2024 como inicio de la retroactividad. La sentencia no podía tomar noviembre como fecha inicial solo porque entonces se produjo el informe de la FAM, cuando la serie de recibos no impugnados comienza en septiembre de 2023 y fue puesta a consideración de la demandada. La reparación deberá calcularse de acuerdo con la sentencia de amparo y las constancias de haberes, sin equiparación automática ni creación de un régimen salarial futuro.

Finalmente, debe admitirse el agravio de Fiscalía respecto de las secretarias: la garantía constitucional de intangibilidad aquí invocada corresponde a las magistradas y no se extiende a las funcionarias por la sola inclusión en una escala salarial común. La solución no prejuzga sobre otros derechos salariales que pudieran corresponderles por normas diferentes.

En consecuencia. SE RESUELVE:

RECHAZAR el agravio de Fiscalía de Estado relativo a la nulidad por falta de fundamentación y omisión de tratamiento de sus defensas, así como el planteo de que la sentencia invadió las competencias de los poderes políticos al imponer un mecanismo de actualización; la decisión apelada se limita a exhortar a los órganos competentes a adoptar una respuesta.

RECHAZAR los agravios de Fiscalía de Estado dirigidos a negar la lesión respecto de las magistradas y la suficiencia de la prueba, valorando especialmente los recibos de haberes desde septiembre de 2023, no impugnados, y las circunstancias presupuestarias que no fueron controvertidas, en el marco señalado en los considerandos.

HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de Fiscalía de Estado y revocar la sentencia definitiva en cuanto reconoce la garantía de intangibilidad constitucional a las actoras que se desempeñan como secretarias, sin perjuicio de otros derechos salariales que pudieran corresponderles.

HACER LUGAR al recurso de las amparistas contra la sentencia aclaratoria y modificar el punto II de la sentencia definitiva, estableciendo febrero de 2024 como fecha inicial de la retroactividad, en lugar de noviembre de 2024. La reparación se determinará conforme a la prueba de haberes y al régimen provincial aplicable, sin equiparación automática con otras jurisdicciones ni fórmula de actualización futura.

CONFIRMAR en lo demás la sentencia definitiva en cuanto declara la lesión respecto de las magistradas y exhorta a los órganos provinciales competentes a adoptar una respuesta dentro de sus atribuciones, sin predeterminación judicial de porcentajes, paridades o mecanismos permanentes.

IMPONER las costas de la Alzada en un 80 % a la Demandada y un 20% a la Actora.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por los Dres. Romina Gabriela Zoppi Dip y Mario Eduardo Alessio Flores - Conjueces-.