SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA-FALTA DE RAZONABILIDAD EN LA PROPUESTA
"Incidente N. S (IMP) G. F. B (DTE) AV LESIONES CULPOSAS GRAVES POR MALA PRAXIS"
Resumen
Rechaza suspension de juicio a prueba por falta de razonabilidad
Texto completo
San Luis, 18 de Agosto de 2025.- AUTOS: Los autos INC [NÚMERO_RESERVADO] caratulados "Incidente N. S. (IMP) G. F. B. (DTE) AV LESIONES CULPOSAS GRAVES POR MALA PRAXIS" a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto en los términos del Art. 285 del CPP por la parte querellante de autos, G. F. B., con el patrocinio letrado de los Dres. C. P. M. y E. A. C., en contra de lo resuelto por la jueza de Garantías Nº 4, Dra. L. B. en fecha 20 de Junio de 2026, donde dispuso: "(...) RESUELVO: 1) Hacer lugar a la suspensión del presente juicio a prueba interpuesto por la defensa del imputado N. S. DNI: [DNI_RESERVADO]. 2) FIJAR audiencia para el día Martes 20 de julio del corriente año a las 10:00 horas a fin de dar cumplimiento con la notificación personal de las reglas de conducta al imputado conforme lo establecido en el art. 222 del C.P.P (...)" Y VISTOS: I. Arriban las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso interpuesto por la querellante particular, Sra. G. F. B., con el patrocinio letrado del Dr. C. J. P. M. y el Dr. E. A. C., en contra del auto interlocutorio dictado con fecha 20 de junio de 2026 por la Sra. Jueza del Juzgado de Garantías N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. L. P. B., mediante el cual se resolvió hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en favor del imputado S. N. En sustento de su pretensión recursiva, la parte apelante remarcó que existió una inobservancia del deber de notificación personal a la víctima y afectación del derecho a ser oída. Alegó al respecto, que el proveído atacado adolece de nulidad absoluta, por cuanto no fuera notificado personalmente a la víctima ni se le brindó la oportunidad de ser escuchada de manera previa a la concesión de la salida alternativa, conculcando con ello lo prescripto por el artículo 222 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Luis y los estándares internacionales consagrados en la Convención de Belém do Pará, y demás tratados internacionales de derechos humanos. Expresó que existió una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. En este sentido, sostuvo, que la resolución de grado privó indebidamente a la damnificada del derecho a debatir la responsabilidad penal del encausado en el marco de un juicio oral y público, otorgando un beneficio desproporcionado a la entidad de los padecimientos físicos y psíquicos que la víctima hubiere sufrido con motivo de la mala praxis investigada. Refirió que la resolución apelada resulta arbitraria e infundada. Al respecto, se agravió la querella al señalar que la magistrada de instancia previa hubiere incurrido en un déficit de motivación al omitir una valoración real e integral de la magnitud del daño provocado y de las situaciones de trato degradante a las que la paciente hubiere sido sometida, equiparando erróneamente una afectación severa a la integridad corporal con un delito culposo ordinario. Arguyó que la propuesta de reparación económica luce irracional y desproporcionada, agregando que el ofrecimiento dinerario fijado, consistente en la suma de $9.100.000 (nueve millones cien mil pesos) a abonarse en cuotas, resulta irrisorio e insuficiente, toda vez que no se consideraron los costos reales de las intervenciones quirúrgicas reconstructivas requeridas por la damnificada, los cuales superaren los diez mil dólares estadounidenses, desatendiendo la exigencia de una oferta razonable ajustada a la capacidad económica del imputado en su condición de médico cirujano en ejercicio. Sostuvo, asimismo, que la decisión recurrida omitió ponderar que los hechos atribuidos configuraren actos de violencia de género en el ámbito médico, en los que se hubieren vulnerado de manera cruel e irreversible la integridad física, estética y psicológica de una mujer, estando el Estado provincial obligado a investigar y sancionar tales conductas mediante un juzgamiento efectivo. II. En la audiencia de ley celebrada ante este Tribunal, la parte querellante representada por los Dres. E. A. C. y C. P. M. iniciaron su exposición refiriendo que comparecían a fundar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 20 de Junio de 2026 donde se concedió la suspensión de juicio a prueba al imputado S. N., médico cirujano plástico. Realizaron una reseña de los hechos a los fines de contextualizar al tribunal, expresando que se llevaron a cabo tratativas para llevar a cabo una cirugía de implante de prótesis mamaria, la cual se llevó a cabo, finalmente, en diciembre de 2020. La querella en su alegato describió múltiples complicaciones postoperatorias, entre ellas, dehiscencias, supuración, 16 suturas en consultorio, intento fallido de injerto de piel, necrosis, retiro indebido de prótesis en consultorio y sin anestesia, afectación del pezón, y secuelas permanentes. Se invocó la ausencia de consentimiento informado adecuado por parte de la presunta víctima y la realización de prácticas no consentidas y dolorosas en consultorio, incluso sin anestesia, configurando violencia y trato denigrante. Argumentaron que los hechos se dan en un contexto de violencia contra la mujer, citando obligaciones estatales de sanción y protección y señalando prácticas sin consentimiento, trato humillante y afectación de derechos. Invocaron Tratados de Derechos Humanos de protección integral de las Mujeres, como la Convención de Belem Do Pará como normativa interna de protección de las mujeres. Sostuvieron el contexto de violencia de género y alegaron la incompatibilidad del instituto en este caso. Consideraron que la resolución de la "a quo" fue arbitraria, por falta de análisis y ponderación de la gravedad del caso, como asimismo, que se omitió analizar conforme las previsiones legales de fondo la razonabilidad del monto ofrecido como reparación económica, teniendo en cuenta las múltiples cirugías reconstructivas a las que debió y aún debe hacer frente la denunciante, como asimismo la extensión del daño causado, haciendo hincapié también en el daño psíquico que conllevó el hecho para la misma. Del mismo modo, expresaron que la inhabilitación especial no fue debidamente considerada, razón por la cual debió haberse denegado el beneficio. III. Posteriormente, la denunciante solicitó declarar, concediéndosele la palabra en virtud de las previsiones del Art. 55 inc k del CPP. En su relato, se refirió al trato recibido por el profesional aquí imputado, el dolor, las intervenciones en consultorio, el retiro de prótesis sin condiciones adecuadas, la infección posterior y las secuelas físicas y emocionales; solicitó que el imputado se haga cargo y rechazó que sólo realice tareas comunitarias. En relación a la reparación económica mencionó que el monto ofrecido ni siquiera cubriría la cirugía original, sin contar las cirugías a las que tuvo que someterse luego, y las pendientes de realizarse, las cuales han tenido que ser postergadas por falta de medios para costearlas. IV. La fiscalía, a su turno, representada por la Dra. D. R. G., Fiscal de Instrucción N° 5, sustentó la suspensión de juicio a prueba, entendiendo que al imputado se le atribuye un delito culposo (previsto en el art. 94 CP) sin encuadre de violencia de género ni obstétrica. Consideró viable la "probation" bajo pautas de conducta estrictas y entendió razonable la reparación económica de $9.000.000 (nueve millones de pesos) a pagarse en 3 cuotas, más tareas comunitarias, considerando que el ofrecimiento no tiene que ser integral sino simplemente algo "simbólico". Manifestó que no tuvo documentación que acredite pagos o gastos médicos posteriores, y que para analizar la razonabilidad valoró manifestaciones de las partes y que tuvo en cuenta el monto que cobró efectivamente el médico por la cirugía de origen. Del mismo modo, expresó que existe una demanda civil por daños y perjuicios. Asimismo, sostuvo, que el daño es el resultado de negligencia profesional, no de una relación de poder basada en género; descartando asimismo el encuadre en violencia obstétrica y señalando que se trata de cirugía estética no vinculada a procesos reproductivos. En cuanto a la pena de inhabilitación que la figura penal atribuida al imputado prevé, mencionó la fiscalía, precedentes, donde se concedió "probation" en casos de delitos culposos con pena de inhabilitación, y refirió que la inhabilitación especial opera como pena accesoria y por tanto entiende que es compatible con la suspensión. V. La defensa, por último, representada por el Dr. J. M. M. sostuvo que la resolución de la jueza de garantía se ajusta al art. 76 bis CP y a los requisitos establecidos en el código procesal penal de la Provincia. Negó que existieran vicios procesales, afirmó que la gravedad del daño no es requisito legal para denegar la "probation" y que la reparación ofrecida es razonable en este marco. En este sentido, afirmó que la reparación integral no es requisito del instituto, sino una oferta razonable dentro de sus parámetros. En relación a la pena de inhabilitación, sostuvo que, en este caso, la figura prevé una pena de inhabilitación especial opera como pena accesoria y que, en ese sentido, la misma, es compatible con la suspensión de juicio a prueba. Y CONSIDERANDO: VI. Que ingresando al análisis de la apelación incoada, corresponde hacer constar, en primer lugar, como en reiteradas oportunidades lo hemos señalado, de conformidad con lo establecido por el Art. 281 del CPP, este Tribunal analizará solo los puntos de la resolución a los que se refieren los motivos de los agravios, no adentrándonos en hechos o cuestiones nuevas que no hayan sido motivo de recurso. Al respecto se tiene presente que nuestro nuevo código adjetivo señala en su artículo 281, que: "El recurso de apelación podrá ser interpuesto contra decisiones que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. El recurso atribuirá al tribunal el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios, salvo si se tratare de causales de nulidad absoluta, respecto de los cuales aquel órgano jurisdiccional podrá pronunciarse." Asimismo, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces no nos encontramos obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquellos que resulten decisivos para la resolución de la contienda (Conf. CSJN, Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121). Bajo tales premisas hemos de realizar las siguientes consideraciones. VII. En relación al juicio de admisibilidad formal de la vía intentada, surge, de las constancias de autos, el recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma, pudiendo el Tribunal ingresar a su tratamiento. VIII. Ingresando así, al análisis de la parte sustancial del recurso, debe tenerse presente en primer lugar, y conforme lo sostiene Binder, que el proceso penal tiene dos funciones, por un lado, generar o crear condiciones para reconstruir los hechos y aplicar el derecho -juicio de conocimiento y por otro, dar solución o respuesta al caso de la forma menos violenta posible -principio de "ultima ratio" del derecho penal-. Teniendo presente este último punto, el legislador incorporó oportunamente en los Arts. 76 y 76 bis del Código penal, la suspensión del juicio a prueba, lo que también fue incorporado en la norma de rito en el Libro III, título I, artículo 222. Conforme a lo normado, debe tenerse presente que, para la concesión de la suspensión del juicio a prueba la ley exige, por un lado, la presencia de ciertos requisitos "objetivos". A saber: a) que sea el propio imputado quien solicite la puesta en marcha del instituto, sin que ello implique naturally un reconocimiento de responsabilidad civil; b) que al imputado se le atribuya un delito de acción pública reprimido con pena cuyo máximo no exceda de los tres años; c) que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación del daño en la "medida de lo posible"; d) que exista conformidad fiscal; e) que el peticionante no sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones; f) que el delito no conlleve pena de inhabilitación; g) si correspondiere, el pago del mínimo de la multa; h) que no se trate de delitos tipificados en leyes especiales excluidas. Y por otro lado establece los requisitos "subjetivos" para la aplicación del instituto. IX. En primer lugar, se observa que en la presente causa se omitió dar cumplimiento a lo que expresamente prevé el Art. 55 inc. k) del CPP y Ley 27.372 respecto al derecho de la víctima a ser escuchada de forma personal y previa. Se advierte una afectación sustancial al debido proceso legal. X. La magnitud del daño denunciado por la presunta víctima guarda una desproporción abismal con el ofrecimiento de $9.000.000 aceptado por la magistrada de grado, desnaturalizando la finalidad de la "reparación en la medida de lo posible" conforme la capacidad económica del profesional. XI. El dictamen fiscal carece de fundamentación al calificar de "meramente simbólica" una reparación en un caso de esta entidad. XII. Omitió la jueza de grado abordar el asunto con la obligatoria perspectiva de género derivada del bloque constitucional y convencional. XIII. La sanción de inhabilitación especial requería un análisis integral de las circunstancias del hecho y reglas de conducta de ejercicio profesional. XIV. La resolución omitió pronunciarse motivadamente frente a la oposición expresa de la parte querellante. Por las razones invocadas, se impone la revocación de la resolución. SE RESUELVE: I. HACER LUGAR al recurso de apelación de la parte querellante. II. REVOCAR la resolución de fecha 20 de Junio de 2026 en todas sus partes. III. SIGA la causa según su estado. NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE. BAJEN. Firmado digitalmente por la Dra. L. B. M., el Dr. J. S. Z. y la Dra. Y. D. V.