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DESPIDO DIRECTO. Art. 212 L.C.T. Diferencias de liquidación final.

"SOSA EMILIANO RICARDO C/ PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. S/COBRO DE PESOS - LABORAL" R.L.335/2026-SL1.

Expediente: 420493/24Fecha: 2026-02-06Tribunal: Cámara Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia - Sala Laboral
Laboral

Resumen

Reubicación Laboral • Carga de la Prueba • Pericia Médica Judicial • Alta Médica • Junta Médica Administrativa • Art. 2 Ley 25.323 • Despido Directo • Prueba Pasiva • Costas Procesales • SAC sobre Vacaciones El trabajador (Emiliano Ricardo Sosa) reclamó las diferencias indemnizatorias del Art. 245 de la LCT tras ser despedido por la empleadora (Papel Misionero S.A.I.F.C.) bajo invocación del Art. 212, 2° párrafo de la LCT (alegando incapacidad parcial/permanente e imposibilidad de otorgar tareas acordes a su capacidad residual). - Rechazo del 1° Agravio (Diferencia Art. 245 LCT): Se confirmó que el despido fue injustificado. Incumbe al empleador probar de manera fehaciente la inexistencia de tareas adaptadas o vacantes en el establecimiento. Además, la Pericia Médica Judicial concluyó que el trabajador no presentaba lesión incapacitante para sus tareas habituales en control de calidad, prevaleciendo sobre la junta administrativa. - Rechazo del 2° Agravio (Multa Art. 2 Ley 25.323): Se mantuvo la sanción debido a que la demandada asumió el riesgo empresarial al rescindir el vínculo sin la debida justificación probatoria fáctica y jurídica. - Acogimiento del 3° Agravio (SAC s/ Vacaciones): Se revocó el otorgamiento de este rubro al comprobarse en el recibo de haber liquidado que ya había sido abonado. - Acogimiento parcial del 4° Agravio (Costas): Se readecuaron las costas de primera instancia, imponiendo 10% al actor y 90% a la demandada. Las costas de la alzada se fijaron en 70% a la demandada y 30% al actor.

Texto completo

En la Ciudad de San Luis, a veintiséis días del mes de junio del año dos mil veintiséis, reunidos en su Sala de Acuerdos los magistrados de la Sala Laboral n°1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por los Dres. Federico Osvaldo Lucero Gagliardi y Lucrecia María Estévez de acuerdo con lo dispuesto mediante Acuerdo N°373/2021 del Superior Tribunal de Justicia, fueron traídos para dictar sentencia los autos "SOSA EMILIANO RICARDO C/ PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. S/COBRO DE PESOS LABORAL" EXP 420493/24. Que habiéndose practicado el sorteo que determina el artículo 123 del Código Procesal Laboral de la Provincia con fecha tres de junio de dos mil veintiséis, resultó de ello que debían votar en el siguiente orden: 1°) Dra. Lucrecia María Estévez y 2°) Dr. Federico Osvaldo Lucero Gagliardi. Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Lucrecia María Estévez dijo: I.- Mediante Sentencia Definitiva n° 29/2025 de fecha 05/11/2025, obrante en actuación n° 28992949/25, la a quo falla: "1). Hacer lugar a la demanda deducida por Sosa Emiliano Ricardo DNI 37.296.381 contra Papel Misionero SAIFC, (CUIT) 30-54037289-2 con domicilio en Ruta 7, desvío a Pescadores, San Luis, quien deberá abonar al primero A.- Diferencia entre indemnización por despido Art. 245 de la LCT y lo abonado conf. art. 212 L.C.T. B.- Preaviso C.- SAC sobre preaviso D.- SAC sobre vacaciones E). Agravamiento indemnizatorio Art. 2 de la Ley 25.323. F) Intereses conf. fallo del 26/6/2025, STSJSL 139/25 en Casación en autos 'Suarez Laureano Jordan C/ Min S.R.L. S/ Cobro De Pesos - Laboral - Recurso De Casación-' IURIX EXP N° 328506/18 y por tanto Tasa activa BN más su 50% hasta el momento del efectivo pago. 2). Rechazar el rubro 'Despido discriminatorio'. 3). Costas en un 100% a cargo de la accionada por las razones expuestas y fundadas arriba. Art. 111 CPL. 4). Regular honorarios: Al Dr. Esteban Badra en el treinta (30%) y al Dr. Carlos Maria Bravo en el 15% (quince) por ciento; y al Dr. Pablo Arroyuelo Blanco en el 3% (tres) por las etapas actividades y calidades expresadas más arriba. (art. 6 y 8 LH) 5). La determinación de honorarios se realizará contrastando los porcentajes otorgados en relación con el monto del proceso una vez que esté aprobado. Y una vez determinados los honorarios generarán tasa activa y promedio del Banco Nación Argentina, más su 50% más conforme el fallo en casación 'Suarez Laureano Jordan C/ Min S.R.L. S/ Cobro De Pesos - Laboral -Recurso De Casación-' - Iurix EXP N° 328506/18 y en aplicación de Ley IV-1150-2024 que modifica arts. 7 y 57 ley de honorarios. 6). Si una vez calculados los honorarios de los profesionales, resultasen menores a los mínimos legales del art. 7 L.H se aplicarán los mínimos. 7). Para la determinación de honorarios, y para la liquidación en caso de presentar liquidación la parte actora, tanto los profesionales, deben adjuntar el CBU o cuenta personal bancaria, para que si la parte obligada al pago desea realizar deposito o pago, lo realicen directamente en su CBU. Y en su caso allí realizarse los pagos, aún en caso de pagos 'a cuenta' conf. art. 112 CPL. 8). Tasas autoliquidables: En este mismo acto se intima a la parte accionada obligada al pago, a que una vez quede firme la presente y la liquidación de autos, dé cumplimiento con las obligaciones tributarias que tiene a su cargo a consecuencia de esta sentencia, las cuales son autoliquidables. En efecto, informa el OCT que 'la tasa de justicia es un tributo auto liquidable, es el contribuyente o su abogado quien debe liquidarla y la oficina concurre a controlar la corrección de su pago y sólo subsidiariamente procede a liquidar, todo conf. la parte general del código tributario, y el art. 304 CT. Que a tales efectos dispone del aplicativo dentro del sistema IOL para la creación de la declaración jurada de tasas judiciales'." La sentencia es apelada por la demandada por medio de escrito n° 29057081/25 de fecha 13/11/2025, expresando sus agravios en escrito n° 30213700/26 de fecha 30/04/2026. Expresa cuatro agravios. En primer lugar, se agravia por la diferencia del art. 245 de la LCT. Señala, que la sentenciante manda a abonar el 50% restante para completar lo previsto en el art. 245 de la LCT, dado que su parte había abonado solamente un 50% según lo previsto por el art. 212, 2° párrafo. Expresa, que la a quo incurre en una incorrecta apreciación de los hechos acreditados en autos, apartándose de las constancias objetivas de la causa, toda vez que, tiene por probado, sin sustento suficiente, que el actor se encontraba en condiciones de reintegrarse plenamente a sus tareas habituales, cuando lo cierto es que: el dictamen de la Junta Médica del Programa de Relaciones Laborales determinó que el actor no podía reintegrarse a sus tareas habituales. Indica, que la jueza de grado hace mención a que en esa junta médica no se encontraban los médicos del actor, restando importancia a la misma, sin advertir que en la junta médica ante el Programa de Relaciones Laborales la presidía un médico imparcial que revisó al trabajador y realiza su dictamen basándose en los estudios presentados y la revisación física realizada, por lo tanto, la sentenciante no puede minimizar esta prueba fundamental que obra en el expediente. Sostiene, que la a quo construye su conclusión sobre prueba insuficiente y parcial, lo que la torna descalificable, ello porque en la causa quedó acreditado que Sosa padecía una incapacidad que le impedía retornar a su puesto habitual de trabajo, por lo tanto, y frente a esta situación y al no contar la empresa con tareas acordes a su capacidad residual, fue que se despidió a Sosa bajo el fundamento de los dispuesto por el art 212 segundo párrafo de la LCT. Destaca, que en ese contexto el distracto dispuesto se ajusta plenamente a lo previsto por el art. 212, segundo párrafo de la LCT, que contempla la extinción del vínculo cuando el trabajador no puede reintegrarse a tareas compatibles, sin embargo, la sentenciante transforma indebidamente esta causal objetiva en un supuesto de despido injustificado, desnaturalizando el régimen legal aplicable. En segundo lugar se agravia por la multa del art. 2 de la Ley 25.323. Transcribe lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 25.323 y a continuación solicita la supresión total del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Cita doctrina y jurisprudencia. Subraya, que su parte ha tenido fundamento más que suficiente para litigar ya que se manejó en torno a toda la legislación vigente, fundamentos que la habilitan a solicitar la eximición de la multa prevista en el art. 2° de la ley 25.323. Recuerda, que ante la resolución del Programa de Relaciones Laborales que indicaba que el Señor Sosa debía ser reubicado en tareas adecuadas y ante la imposibilidad de realizar lo dispuesto por el Organismo gubernamental fue que aplicó el remedio legal dispuesto por el art 212 segundo párrafo de la LCT, en consecuencia actuó de forma correcta y han existido causas más que suficientes que justificaron por lo que corresponde eximirla del pago de la multa dispuesta por el art 2 de la LCT. En tercer lugar se agravia por el SAC s/ vacaciones. Indica, que la a quo hace lugar al rubro SAC s/vacaciones, sin embargo la misma sentenciante procede a pegar el recibo de liquidación final en donde se puede observar que este rubro fue abonado. En cuarto lugar se agravia por las costas impuestas en la instancia de grado. Argumenta, que debe tenerse en cuenta que hubieron rubros que no fueron receptados por la sentenciante, entre ellos, el despido discriminatorio, no obstante ello, la a quo impone las costas en su totalidad a la demandada expresando que "entiendo que el actor también pudo comprenderse en la situación de tener derecho a reclamarlo, máxime que había comenzado por fin a trabajar, hacía varios días que estaba realizando tareas, y de pronto fue notificado precisamente en el lugar de trabajo mediante una escribana, sin ningún aviso, de que lo dejaban sin trabajo y por razones vinculadas a su salud.- Por ello, existiendo alguna razón para reclamar en el actor, no corresponde imponerle costas por haber intentado un resarcimiento al daño a sus sentimientos afectados en ese momento y por lo decidido por la accionada. De allí que dispongo las costas en un 100% a cargo de la parte accionada. Art. 111 CPL". Pone de resalto, que no es cierto que el actor volviera a prestar tareas en la empresa, luego de la resolución del Programa de Relaciones Laborales que disponía que debía ser reubicado, fue que se realizaron los análisis de los puestos existentes y ante la imposibilidad de reubicación fue que se despidió al actor en los términos del art 212 segundo párrafo. Refiere, que el art. 68 segundo apartado del CPCC dispone que el juez puede eximir total o parcialmente de la imposición de costas al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello y el art. 71 establece que si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Continúa realizando una serie de consideraciones que tengo por reproducidas brevitatis causae y cita jurisprudencia. Corrido el traslado de la expresión de agravios, lo contesta el actor por medio de escrito n° 30296311/26 de fecha 11/05/2026, quien postula en primer término la deserción recursiva, para luego rebatir las quejas vertidas por la contraria solicitando el rechazo del recurso intentado con costas, argumentos a cuyo contenido me remito y doy aquí por reproducido en mérito a la mayor brevedad. II.- Así planteada la cuestión, en relación al primer agravio por la diferencia del art. 245 de la LCT, corresponde analizar si la queja de la parte demandada apelante constituye una crítica concreta y razonada del fallo apelado, conforme a lo previsto por los arts. 265 y 266 del CPCC de supletoria aplicación por remisión del art. 144 del CPL. La respuesta negativa se impone. Tal es así, porque la recurrente solo manifiesta una mera disconformidad subjetiva, parcial y dogmática, que con superfluos y genéricos argumentos discurre por carriles paralelos, sin atacar de manera idónea y puntual lo que de manera concreta y razonada con acierto la a quo ha considerado en lo pertinente diciendo "Y CONSIDERANDO: 1) Secuencia de certificaciones médicas y despido posterior: La secuencia ocurrió de la siguiente manera: Certificado del kinesiólogo Maximiliano Ahumada: '13.10.2023: Se deja constancia de que el paciente Sosa está realizando tratamiento fisio kinésico en el día de la fecha bajo indicación médica, diagnostico fractura de cadera socio varios. En el ámbito laboral está capacitado para el trabajo 100% no quedando impedimento para desempeñar tareas excepto la carga de objetos pesados'. El certificado del Dr. Simondi del 6/11/23 dice: 'Certifico haber atendido al paciente Sosa, Emiliano Ricardo, DNI ..., que AT con FX y ... FX sin... quirúrgico, está de alta por y en el momento del examen no presenta limitación para ... actividades'. (6/11/2023). Junta médica en Dirección de Trabajo, de fecha 7/11/2023, que no tiene la firma de los médicos del actor (Risma o Simondi), aunque los menciona en el encabezado; y que dice: 'Que el paciente ha padecido una enfermedad inculpable producto de un accidente de tránsito inculpable con afectación de la columna, cadera y costillas con resolución quirúrgica con osteosíntesis. El empleado presenta alta médica a tareas habituales emitidas por el traumatólogo Simondi y Risma. El Dr. Anziano agrega que si hubiera sido por accidente de trabajo la capacidad restante es del 60%. El paciente es portador de incapacidad parcial y permanente no apto para la tarea habitual y requiere adecuación de tareas. Alta laboral a partir del 13/11/2023. Sin ser para más se da por cerrado el acto'. Firma el actor, firma el Dr. Anziano y el Dr. Blas Abayay Videla. Escritura 120 del 13/11/2023 fs. 7 a 9 de la demanda: 'En razón del informe del Acta de Junta Médica de fecha 07/11/2023 en Expte. caratulado Papel Misionero SA c/ Sosa Emilio Ricardo, en el que se indica EL PACIENTE ES PORTADOR DE INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE NO APTO PARA TAREAS HABITUAL Y REQUIERE ADECUACION DE TAREAS, analizando su cuadro de salud en el marco de la obligación que nos impone el Art. 75 de la LCT y, a consecuencia de no existir un puesto de trabajo en esta planta disponible acorde a su capacidad residual laboral, capacitación y posibilidades funcionales, debido a que presenta lesión de columna lumbar costal y pelviana (con incapacidad parcial y permanente como enfermedad inculpable) que le impide realizar tareas que le demanden esfuerzos o sobresfuerzos físicos, por ello nos vemos precisados a disolver el vínculo laboral por aplicación de lo dispuesto en el Art. 212 2° párrafo de la LCT. Asimismo, le notificamos que pondremos a su disposición en el término de ley la indemnización del Art. 247 del mismo cuerpo normativo. Finalmente, le notificamos que deberá presentarse al examen médico de egreso el día 15/11/2023 a las 7:00 horas en Mitre 861. En caso de no concurrir, deslindamos eventuales futuras responsabilidades respecto a enfermedades profesionales que usted pretenda endilgar a la empresa. Liquidación final, certificado de trabajo y de remuneraciones y servicios a su disposición en el plazo de ley. Queda Ud. debidamente notificado. 2). Como se observa, el actor no fue quien solicitó tareas adaptadas. El actor les presentó un certificado, del Dr. Simondi, de fecha 6/11/2023, que decía que "no presentaba limitación" para las actividades. Que les presentó ese certificado, ello surge de la mención de ese informe en el Acta de la Dirección de trabajo, cuando dice 'El empleado presenta alta médica a tareas habituales emitidas por el traumatólogo Simondi y Risma'. Es la parte accionada quien se interesa en cuestionar que el actor pudiera o no hacer tareas habituales, la que inició el expediente en la Dirección de trabajo (esta iniciativa surge de la redacción de la contestación de demanda) y es la accionada quien le notificó al actor que entendía que no existía un puesto de trabajo en esa planta disponible a su capacidad residual habitual y por ello se veían precisados a disolver el vínculo laboral. 3). Que el actor podía llevar a cabo las tareas habituales, ello surge probado de la pericia médica, de fecha 26/5/2025 (Dr. Hugo Luis Piran). Partiendo de puntualizar en la página dos que la hipótesis de las tareas desempeñadas por Sosa es: 'en el sector de control de calidad, siendo que la lesión sufrida por accidente inculpable no le afectaba en sus labores diarias.', el perito informa examen físico, columna cervical y lumbar normal, corazón, silencios libres, puño percusión lumbar bilateral negativa, que el miembro superior hábil es el izquierdo, que la marcha del actor es normal (o Eubasia), que la marcha incluso en punta de pie y talones no ofrece ninguna dificultad, que tiene trote perfectamente normal, se lo hace saltar en el mismo lugar y lo realiza sin dificultades, se procede a realizar maniobras activas y pasivas de abducción y aducción de pie las cuales son perfectamente normales. ... que se analizó bajo 'maniobras de simulación' y da maniobras negativas. Se deja constancia de que está realizando tratamiento fisiokinésico en ese día de la fecha, bajo indicación médica, diagnostico: Fractura de cadera. Entonces se pregunta, en los puntos de pericia de la parte actora, si el Sr. Emilio Ricardo Sosa, DNI. Nro. 37.296.381 posee lesión incapacitante. La respuesta es: El Sr. Emilio Ricardo Sosa no posee ninguna lesión incapacitante. Se le pregunta: II. En caso afirmativo, indique cuales. Respuesta: No posee lesión. Se le pregunta: III. De corresponder, ¿si las mismas le impide realización de las tareas que habitualmente desempeñaba en para la empresa PAPEL MISIONERO SA. RTA?: Las actividades que debe realizar habitualmente y que desempeñaba para la empresa Papel Misionero S.A., las puede realizar normalmente. Punto de pericia de la Demandada: (...) (Se aclara que aquí no consigna nada probablemente porque en la contestación de demanda la accionada se adhería a esos mismos puntos de pericia) 4). Entonces, tenemos hasta acá que al actor, por certificado Dr. Simondi del 6/11/2023, se le indica que puede realizar sus tareas habituales. Que la pericia médica judicial, mencionando que el actor realizaba sus tareas 'en el sector de control de calidad, siendo que la lesión sufrida por accidente inculpable no le afectaba en sus labores diarias', concluye en que 'las actividades que debe realizar habitualmente y que desempeñaba para la empresa Papel Misionero S.A., las puede realizar normalmente'. Que esta pericia judicial realizada en autos no ha sido objeto de impugnación, y además contó con la participación del perito controlador médico de la parte accionada. Se recalca entonces que este despido no ha consistido en un intercambio epistolar donde el actor reclamase tareas adaptadas y la accionada contestara negando que tenía tales tareas adaptadas; todo lo contrario, se trató de un despido directo y por un acto de notificación directa (mediante acta notarial) de la accionada al actor. Como todo despido directo, entonces, corresponde a la parte que produce el despido la prueba de la causal de la desvinculación, y que, como dice el art. 242 L.C.T. se trate de una situación de tal gravedad que no consienta la prosecución de la relación laboral. 5). Analizando la causal de despido expresada en el acta notarial n. 120 de fecha 13.11.2023: -Toma en cuenta un informe de la Dirección de trabajo, de fecha 7/11/2023 que informaba con firma de dos facultativos de la Dirección de Trabajo (no con firma de los médicos del actor) que el paciente tenía una incapacidad parcial y permanente no apto para tareas habituales y requiere adecuación de tareas. -Afirma que 'no existe un puesto de trabajo en esta planta disponible acorde a su capacidad residual laboral, capacitación y posibilidades funcionales, debido a que presenta lesión de columna lumbar costal y pelviana (con incapacidad parcial y permanente como enfermedad inculpable) que le impide realizar tareas que le demanden esfuerzos o sobresfuerzos físicos'. ¿Entonces, esta causal de despido (art. 242 LCT) ha sido probada en autos? 6.1. Por una parte, el informe de Dirección de trabajo ha quedado reconocido en autos como instrumento público, aunque no consta en autos que se hubiese notificado al actor o transcurrido un término mínimo para que el actor se pronunciara al respecto. (entre el 7/11/2023 y la fecha del acta notarial 13/11/2023 hay cuatro días hábiles incluso contando el día 13.11.2023). En cambio, el actor había presentado a la accionada el 6.11.2023 el certificado médico del Dr. Simondi con el 'alta médica'. Que les presentó ese certificado, ello surge de la mención de ese informe en el Acta de la Dirección de trabajo, cuando dice 'El empleado presenta alta médica a tareas habituales emitidas por el traumatólogo Simondi y Risma'. Luego, en oposición a la junta médica administrativa, la pericia médica judicial, el 26.5.2025, partiendo de puntualizar en la página dos que la hipótesis de las tareas desempeñadas por Sosa es: 'en el sector de control de calidad, siendo que la lesión sufrida por accidente inculpable no le afectaba en sus labores diarias.', informa dice que el actor 'no posee lesión incapacitante, que no posee ninguna lesión incapacitante'. Y que las actividades que debe realizar habitualmente y que desempeñaba para la empresa Papel Misionero S.A., 'las puede realizar normalmente'. Doy prioridad a la Pericia médica judicial, en tanto se realizó con el perito médico controlador de la parte accionada, con previa citación a ambas partes, y en un entorno de proceso judicial; a lo que se suma que no ha sido impugnada. 6.2. Por otra parte, la accionada no ha demostrado que no tuviera tareas adaptadas (tesis de la junta médica administrativa, aunque reitero que luego el perito médico judicial determinó que podía realizar sus tareas normalmente). Recordemos que 'Es el empleador quién debe demostrar la alegada imposibilidad de satisfacer la obligación de otorgar ocupación de acuerdo al estado de salud del trabajador y que la misma no le resulta imputable, sin que resulte suficiente esgrimir argumentos fundados en la conveniencia empresarial, pues se trata de una obligación legal que se origina en el deber de solidaridad del empleador, frente a la contingencia de incapacidad parcial y permanente.' (C.N.A.T. sala IX, 8/11/2019, 'Astudillo Ariel c/ Valenciana ART y Eisenberg despido'. Mjj 122044 Microjuris). También se ha dicho en este sentido que 'Es procedente confirmar la sentencia que admitió la acción por despido y el cobro de la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT porque la empleadora no produjo prueba alguna respecto de la inexistencia de tareas acordes al estado de salud del actor siendo que, por el contrario, las testimoniales rendidas por los compañeros de trabajo fueron contestes en señalar y precisar las diversas tareas livianas existentes en el establecimiento, alternativas no consideradas por la empleadora, máxime cuando se trata de una empresa que cuenta con gran cantidad de empleados, conforme surge de la pericial en higiene y seguridad laboral cumplida en el proceso. 4.-Si bien el empleador no está obligado a crear un puesto de trabajo adaptado a las necesidades del trabajador discapacitado, vale señalar que el juicio sobre si 'tenía o no tenía' tareas acordes, a los fines del art. 212 de la LCT debe hacerse, entonces, respecto de las vacantes existentes, siendo la prueba de su existencia o inexistencia a cargo del empleador, en base al criterio de distribución racional y dinámica de la carga de probar'. (Molina Luis Fabian c Friar SA cobro de pesos laborales. Camara de Apelaciones en lo laboral de Santa Fe. 15/10/2021, Mjj 135127 Microjuris). Salvando las diferencias con el fallo que acabo de citar, si bien no hay testigos en autos, sí existe prueba del interior de la planta: -Un mandamiento que da cuenta con la foto del plano, de la amplitud y extensión de la planta industrial de la parte accionada. Ese mandamiento muestra, también con las fotos, las innumerables secciones que hay en la planta industrial. Si la accionada, en un intento de cuidar la salud del actor, entendía que no podía hacer las tareas acostumbradas, podría haberlo reubicado, dado que como también expresa el primero de los dos fallos aquí citados, se requiere cierta elasticidad originada en la necesidad de solidaridad. Pero reiteramos que no quedó demostrado en autos ni que no existieran tareas adaptadas o pasivas; ni tampoco quedó demostrado que el actor no pudiera realizar sus tareas habituales. Sino todo lo contrario, a raíz de la pericia médica realizada en autos. En consecuencia, tengo por no justificado el despido (art. 242 LCT) y corresponderá indemnizar la desvinculación causada." A su vez, debo señalar que la jueza de grado valora la prueba obrante en el sub examine de manera correcta y correlacionada, ponderando minuciosamente cada una de ella, esto es, certificado médico del Dr. Simondi de fecha 06/11/2023; junta médica ante el Programa de Relaciones Laborales de fecha 07/11/2023, pericia médica judicial de fecha 26/05/2025 y mandamiento de constatación de fecha 15/04/2024 por medio del cual se deja constancia de las innumerables secciones que hay en la planta industrial de la accionada. Resultando relevante lo dispuesto por la a quo lo dispuesto en relación a que la parte demandada no acreditó en autos que no existieran tareas livianas o adaptadas para que realice el trabajador y que a su vez, tampoco resultó probado que el Señor Sosa no pudiera realizar sus tareas habituales. Respecto a ello, debo recordar que el artículo 212 de la LCT establece, que si a consecuencia del accidente el trabajador padeciera una disminución definitiva de la capacidad laboral y no estuviera en condiciones de realizar las tareas que antes cumplía, el empleador deberá asignarle otras que sí pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Tal obligación existe, siempre que el empleador tenga para ofrecerle al trabajador tareas adecuadas a su capacidad laboral disminuida. Por su parte, el inciso 2 del artículo comentado dispone, que cuando el empleador no pueda otorgar al trabajador tareas adecuadas a su estado de salud por causas que no le fueran imputables, cesa la obligación de reincorporarlo, debiendo abonar al trabajador una indemnización reducida conforme lo establece el art. 247 de la LCT. En esta inteligencia, debo advertir que "cuando el empleador despide con la invocación de no poder otorgar tareas acordes con la capacidad residual del trabajador, no sólo debe acreditar la inexistencia de vacantes en las mismas sino además la imposibilidad de efectuar una rotación que permita al empleado una ocupación compatible con su estado" (CNTrab, Sala III, 21/9/90, DT, 1991-b-1647). Ello por cuanto, "Incumbe al empleador la carga de probar la falta de puestos con tareas para el trabajador parcialmente incapacitado, en los términos del art. 212 de la LCT, máxime si se tiene en cuenta el principio de las cargas probatorias dinámicas, en virtud del cual el onus probandi se desplaza del actor al demandado y viceversa según las circunstancias del caso, para hacerlo recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva, sin que interese su emplazamiento como actor o demandado" (CNTrab., Sala VII, 17/9/03, DT, 2004- A-190). Es que, "En el espíritu que inspira la norma del art. 212, no interesa para que tipo de tareas haya sido contratado el trabajador, sino cuáles hayan de ser aquéllas que pueda realizar después de una enfermedad o accidente a efectos de hacer primar la continuidad del vínculo sobre su disolución. Y, sin desmedro sustancial de las facultades de organización que le reconoce la ley al empleador (art. 65 LCT), la norma de cuya aplicación específica aquí se trata, lo condiciona en medida razonable. No le impone la obligación de crear un puesto de trabajo innecesario, sino que adopte un criterio de cierta elasticidad cuando por la estructura de la propia actividad se vislumbra la necesidad de ciertos sectores de trabajo [...]". (CNTrab., Sala VII, Expte 17.524/08. Sentencia 41.805, 13/5/2009). Es por ello que no constituyen técnicamente agravios en los términos de los arts. 265 y 266 del CPCC las manifestaciones genéricas y la mera disconformidad con lo decidido. La apelante solo se ha limitado a discrepar de manera genérica, sin demostración cabal de error u omisión. Asimismo, la a quo merituó la prueba de manera coherente, relacionada y conforme al principio de primacía de la realidad. La incapacidad alegada por la accionada recurrente fue desvirtuada por la Junta Médica Judicial que no fue objetada por la quejosa. A lo que cabe agregar que aún en el supuesto de considerar que la prueba es controvertida, debe optarse por la solución más favorable al trabajador conforme el principio favor operari y el art. 9° de la LCT. Los jueces no están obligados a ponderar una por una todas las pruebas agregadas, sino solo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones. El segundo agravio por la condena de la multa del art. 2 de la Ley 25.323 no tendrá recepción favorable. No considero que existan razones que justifiquen la eximición solicitada. La multa faculta al juez a reducirla o eximirla cuando encuentre justificada la conducta del empleador, lo que no sucede en el sub lite. Toda actividad empresaria conlleva un grado inevitable de asunción de riesgos al decidir extinguir la relación laboral. El tercer agravio porque la a quo hace lugar al rubro SAC s/vacaciones, sin embargo el recibo de liquidación final demuestra que este rubro fue abonado, tendrá recepción favorable. Corresponde revocar parcialmente el punto 1. de la parte dispositiva de la sentencia de grado y rechazar el rubro SAC s/vacaciones. El cuarto agravio por la imposición de las costas resulta parcialmente procedente, debiendo readecuarse el punto 3 de la parte dispositiva, imponiendo las costas en un 10% al actor y en un 90% a la demandada. Las normas procesales sobre costas en materia laboral deben interpretarse conforme a los principios protectorios del trabajador y con criterio jurídico. Por las razones expuestas, voto a esta primera cuestión parcialmente por la afirmativa. A ESTA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Federico Osvaldo Lucero Gagliardi dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. Lucrecia María Estévez vota en igual sentido que ésta. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Lucrecia María Estévez dijo: Dado el modo en que he votado la primera cuestión, propongo al Tribunal se dicte sentencia que disponga: 1°) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada, y en mérito del mismo revocar parcialmente el punto 1. rechazando el rubro SAC s/ vacaciones; b.- readecuar el punto 3 imponiendo las costas en un 10% al actor y en un 90% a la demandada. 2°) Costas de la alzada al demandado en un 70% y al actor en un 30% atento al mérito global de la causa (art. 111 del CPL). 3°) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el 40% de lo que se estipule por la labor en primera instancia (art. 14 y 57 de la ley N° IV-0910-2014 y modificatoria IV-1150-2024), con más el 21% de IVA en caso de corresponder. A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Federico Osvaldo Lucero Gagliardi dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por la Dra. Lucrecia María Estévez vota en igual sentido que ésta. San Luis, veintiséis de junio de dos mil veintiséis. Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada, y en mérito del mismo de la Sentencia Definitiva n° 29/2025 de fecha 05/11/2025: a. revocar parcialmente el punto 1. rechazando el rubro SAC s/ vacaciones; b. readecuar el punto 3 imponiendo las costas en un 10% al actor y en un 90% a la demandada. 2°) Costas de la alzada al demandado en un 70% y al actor en un 30% atento al mérito global de la causa (art. 111 del CPL). 3°) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el 40% de lo que se estipule en el carácter correspondiente por la labor en la primera instancia. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OPORTÚNAMENTE BAJEN. FIRMADO DIGITALMENTE POR: Dra. Lucrecia María Estévez y Dr. Federico Osvaldo Lucero Gagliardi (Jueces de Cámara, Sala Laboral N° 1, San Luis).